El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina y Afines (STVyARA) denunció un fuerte desfinanciamiento en Vialidad Nacional por parte de la Casa Rosada, que implica la retención del 42% del presupuesto total asignado para el año 2024.
El Sindicato Trabajadores Viales afirmó que el gobierno avanza en una retención del 42% del presupuesto del organismo, por lo que se ve “imposibilitado de cumplir con sus funciones, provocando un daño directo a la red vial del país”.
Foto: La Capital / Archivo.
La ruta nacional 33 entre Zavalla y Pujato presenta un estado calamitoso por la falta de mantenimiento.
El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina y Afines (STVyARA) denunció un fuerte desfinanciamiento en Vialidad Nacional por parte de la Casa Rosada, que implica la retención del 42% del presupuesto total asignado para el año 2024.
Esta compleja situación paraliza obras públicas esenciales poniendo en peligro el mantenimiento de rutas y la conectividad nacional, ya que el organismo se ve “imposibilitado de cumplir con sus funciones, provocando un daño directo a la red vial del país”, sostuvieron desde el gremio que comanda Graciela Aleñá.
En este marco, manifestaron que el presupuesto ampliado para 2024 de Vialidad Nacional asciende a $604.738.465.280. Sin embargo, solo se remitieron $254.540.611.486, mientras que $350.197.853.794 fueron retenidos por el Ministerio, representando un 42,09% del presupuesto total. “Esto evidencia un grave desfinanciamiento que afecta directamente al funcionamiento y desarrollo de la institución”, afirmó el sindicato.
Cabe destacar que, desde hace meses, los trabajadores viales vienen reclamando y evidenciando la situación que atraviesan, con denuncias sobre las problemáticas del sector como la falta de presupuesto del organismo y la intención, por parte de las autoridades gubernamentales, de privatizar tramos de rutas.
En la misma línea, Aleñá resaltó que el desfinanciamiento tiene como finalidad el derrumbe de Vialidad y la privatización. Así, recordó que los tramos que quieren privatizar en muchas de las provincias ya fueron concesionados en su momento y fue un fracaso. “Desde el gobierno están apostando a un nuevo desastre que después lo pagamos cada uno de los ciudadanos”, expresó. “Vialidad Nacional y los trabajadores tenemos un rol esencial y estratégico para el desarrollo en la conectividad de nuestro país. Vamos a defenderla siempre, por encima de cualquier interés político o económico”, concluyó la dirigente gremial.
El gobierno de Javier Milei anunció este martes el inicio del proceso para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con el argumento de "reducir el gasto público". La primera licitación será la del corredor vial 18, más conocido como "Ruta del Mercosur", que comprende más de 600 kilómetros de una vía estratégica que conecta varias provincias y Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.
"Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales, cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad”, dice el decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo comenzó la primera etapa de su plan para privatizar la Red Federal de Concesiones, que abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la Red Vial Nacional, pero que concentran el 80 % del tránsito, según se informó oficialmente.
La primera licitación, que tendrá 12 meses de duración, será la de la "Ruta del Mercosur", que incluye las rutas 12, 14, los accesos a los pasos fronterizos con Uruguay y Brasil, y el tramo Rosario-Victoria sobre la ruta 74. "Con el fin de garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de todos los Tramos de la Red Vial Nacional detallados en el anexo que integra el presente decreto", se detalló.
Para el Gobierno, la "apertura al capital privado" tiene el objetivo de "reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años". Al respecto, Vialidad Nacional argumentó en un comunicado: "El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios".
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