El rector de la UNR, Franco Bartolacci, dijo que el último fallo judicial a favor de la norma contempla una suba inmediata del 34 por ciento en los haberes
Leonardo Vincenti / La Capital
El incumplimiento de la ley de financiamiento universitario generó varias marchas.
Una nueva resolución sobre la ley de financiamiento universitario estableció una sanción económica para el gobierno nacional si no cumple la medida cautelar vinculada al conflicto judicial. Esto implica que el aumento de salarios y becas debe aplicarse antes del miércoles de la semana próxima como fecha límite.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, explicó a través de LT8 que desde este martes corre un plazo de cinco días hábiles para adoptar los cambios previstos en los artículos 5 y 6 de la normativa aprobada en 2025. En caso contrario, el Poder Ejecutivo deberá pagar un monto que se incrementará a medida que se extienda la demora.
"Ojalá que el gobierno haga lo que corresponde. En las próximas próximas horas vamos a tener novedades respecto de la actualización salarial y de becas estudiantiles", anticipó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En particular, sostuvo que el Ministerio de Capital Humano debe convocar a una reunión paritaria para regularizar la situación.
El exdecano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales indicó que los sueldos tienen un atraso del 34 por ciento con respecto a lo que indica la ley 27.795. La diferencia corresponde a la brecha entre la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023 y los incrementos de haberes que se aplicaron a lo largo de dicho período.
El escenario es peor si se analiza la parte de la normativa referida al apoyo para la formación académica. "En el caso de las becas, particularmente con la beca Progresar, que es la que comprende a mayor cantidad de estudiantes, ahí el desfasaje es aún mayor porque no se actualiza desde septiembre de 2024", precisó Bartolacci. En el caso puntual del programa antes mencionado, el incumplimiento perjudica a unas 400.000 personas inscriptas en carreras de nivel superior de todo el país.
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La orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 determina el cobro de astreintes al gobierno nacional si no paga el aumento previsto por la ley. Es decir, el monto de la sanción económica subirá por cada día de atraso para acatar la resolución.
"Creo que el fallo es una buena noticia, no sólo por lo que implica para el sistema universitario en su conjunto, sino en términos institucionales. Es saludable que la Justicia responda de esa manera", opinó el presidente del CIN. Al mismo tiempo, aclaró que no hace "futurología" frente a las repetidas negativas del Poder Ejecutivo nacional para cumplir con lo dispuesto por el Congreso.
La ley de financiamiento universitario establece que los salarios del personal docente y no docente deben actualizarse en un porcentaje que no puede ser inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, dispone la convocatoria a negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses y establece que los aumentos durante el año no pueden quedar por debajo de la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Para las becas estudiantiles, la normativa también obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los montos de los distintos programas de acuerdo con la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023. La nueva decisión judicial busca acelerar el cumplimiento de esos puntos después de meses de presentaciones, apelaciones y negociaciones entre el gobierno, las universidades y los sindicatos.
La disputa llegó a los tribunales después de que representantes del CIN y distintas universidades nacionales impulsaran un amparo colectivo. El juez Martín Cormick dictó una primera cautelar en diciembre pasado. El planteo apuntaba contra el decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno había condicionado la implementación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
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La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida. El tribunal consideró que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades y advirtió sobre el impacto que podía generar el deterioro salarial sobre el funcionamiento del sistema universitario.
Desde el inicio de 2026, el conflicto siguió abierto. Incluso después de distintos pronunciamientos judiciales, los sindicatos universitarios continuaron denunciando que los artículos vinculados con salarios y becas no habían sido aplicados plenamente.
El Ejecutivo intentó modificar el curso del expediente mediante distintos planteos judiciales. Entre otras medidas, recusó a magistrados que intervenían en la causa y cuestionó la participación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria.
Finalmente, el 25 de junio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Gobierno por considerar que no existía todavía una sentencia definitiva. De esa manera, la cautelar continuó vigente y el expediente volvió al juzgado de Cormick para avanzar con su ejecución.
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En paralelo al proceso judicial, el gobierno intentó encauzar el conflicto mediante una negociación con las universidades y los gremios. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones sindicales docentes y no docentes firmaron un acta que contemplaba un incremento del 24,33 % en la masa salarial, una mejora del 20 por ciento en gastos de funcionamiento y una ampliación de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
El acuerdo también incluía una actualización del 50 % para las becas Manuel Belgrano a partir de junio y establecía un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar la discusión paritaria. Para el Ejecutivo, ese entendimiento permitía considerar satisfechos en lo sustancial los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario. Las universidades tuvieron otra interpretación. El CIN sostuvo que el acuerdo no alcanzaba a cubrir todas las obligaciones previstas por la norma y recordó que, al momento de firmar, el propio gobierno había aclarado que el acta no significaba abandonar su posición en el expediente judicial.
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