Juan Carlos Villalonga es el primer diputado verde con pasado en los movimientos ambientalistas en ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Llegó hasta allí el pasado 10 de diciembre de la mano de Cambiemos, tras haber sido el director de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Mauricio Macri.
De paso por Rosario —su ciudad natal— para disertar sobre cambio climático, Villalonga defendió el papel del Estado como el mejor garante de una buena gestión ambiental del territorio, anunció que en pocas semanas el Congreso comenzará a debatir sobre la ley de humedales, y dijo respecto del uso intensivo de los agroquímicos que el sector agropecuario "tiene que reconocer que algunas de sus prácticas despiertan una seria preocupación en sus propias poblaciones".
"Si el Estado no ordena el uso del territorio, prevalece siempre la ley del más fuerte, sea quien sea. Y hasta ahora el Estado estuvo ausente de manera espeluznante", argumentó el ex director de Greenpeace Argentina, quien desestimó que la preocupación por la agenda ambiental pueda ser catalogada "como de derecha o de izquierda".
También alertó sobre la necesidad de comenzar un "cambio civilizatorio" para contrarrestar los efectos del cambio climático, un problema global del cual Argentina "no puede desentenderse".
—¿Cómo transitó el cambio desde un movimiento ambiental hacia un cargo político?
—Yo vengo del movimiento ambientalista y espero cumplir las expectativas que eso genera. Soy representante de esos principios, pero no solamente eso, porque estar en la gestión significa también poder dar respuestas. No me parece que estar en la política formal sea una limitante, por el contrario ser parte de una gestión permite organizar prioridades y presupuestos para lo que consideramos importante, aunque por supuesto no se puede hacer todo. Yo creo que hace algunos años lo importante era visibilizar la agenda ambiental, y que hoy lo importante es poder ayudar en su gestión.
—¿Las demandas ambientales están en la agenda del gobierno?
—La agenda ambiental ha sido asumida por lo poderes, por el establishment. Lo vemos en la última encíclica del Papa Francisco, en los partidos políticos, en las corporaciones y en la iglesia. De allí la decisión de participar de la política, no para hacer concesiones, sino para poder participar de la toma de decisiones y negociar en el buen sentido de la palabra. En el Estado confluyen todas las tensiones, y desde el Estado hay que dar cuenta de los resultados. Creo que es un ejercicio de madurez ir hacia eso, y no usar el Estado para hacer testimonialismo, algo que pasa también.
—¿Cómo se sienten los Verdes formando parte de un gobierno al que suele definirse como de centro-derecha?
—Nosotros estamos muy cómodos en el gobierno, porque en Cambiemos se metabolizan muy bien las diferencias que trae cada uno. Hablar de derecha es una definición que le queda corta a este gobierno, para eso alcanza con ver lo que fue la gestión ambiental en Buenos Aires. Venimos de una sobredosis de discursos, ahora precisamos ir hacia una mejor gestión. En Buenos Aires fuimos contra el estatus quo en muchos aspectos: con la peatonalización del microcentro, la apuesta por el transporte público, y el uso de la bicicleta, una utopía en la que ni yo creía y que fue por ejemplo muy criticada en su momento por Daniel Filmus, el candidato del supuesto progresismo.
—La designación del rabino Bergman como ministro fue cuestionada al tratarse de alguien sin recorrido en temas ambientales...
—Hay que verlo como parte de un equipo, es alguien con mucha capacidad de articulación y para nada prejuicioso. Hay que decir que muchos de los anteriores secretarios de ambientes tampoco venían del palo ni eran especialistas. No me parece dramático, en todo caso habrá que ver cómo resuelve los conflictos que vayan apareciendo.
—Uno de los conflictos es el de las mineras, con graves hechos de contaminación y premiadas con la quita de retenciones...
—Creo que en este tema se confunde una reacción emotiva (diría chillona) contra las mineras con las retenciones, que es algo que no tiene nada que ver con las políticas de control que este sector debe tener. La Barrick destruyó glaciares con retenciones, y derramó cianuro pagando retenciones. El problema es que la ausencia del Estado en todos sus niveles ha sido espeluznante. Queremos revertir todo eso.
—¿Cuál es la agenda en el tema de los humedales?
—Mi idea es avanzar como se hizo con la ley de bosques y la ley de glaciares, con la idea de ordenar el uso del territorio. Argentina es un país lleno de humedales, cuya preservación colisiona con actividades de todo tipo: agricultura, ganadería, desarrollos inmobiliarios, arroceras y turberas. Ahora que pasó el debate legislativo por los holdouts, la idea es presentar en algunas semanas el proyecto de ley para que se discuta en el Congreso, y luego con las provincias y los diferentes sectores. Si el Estado no ordena el uso del territorio, prevalece siempre el más fuerte, sea quien sea. Precisamos preservar el ambiente, y compatibilizar esto con las actividades productivas.
—La otra gran tensión ambiental es el uso de agroquímicos. ¿Cómo piensan intervenir en esto?
—Yo creo que lo primero que hay que hacer es decirle al sector agrícola que tiene que reconocer que algunas de sus prácticas despiertan una seria preocupación en sus propias poblaciones. La preocupación que aparece en los pueblos de la zona núcleo respecto a las fumigaciones es genuina, y debe ser reconocida, porque hasta ahora no tuvo una debida respuesta. Precisamos generar leyes al respecto, como la de envases de fitosanitarios y otras para ordenar el uso de agroquímicos. Sería virtuoso que las franjas periurbanas fueran explotadas de forma agroecológica, ese es un mercado en crecimiento. Pero para todo eso hace falta apoyo del Estado.
—¿Cuál es el papel del Estado en el ordenamiento ambiental territorial?
—Si el Estado no aparece, lo más fácil es que las cosas se hagan mal, de la forma más fácil y más barata. El paquete tecnológico de la siembra directa en los 90 prometía un bajo uso de productos químicos y pasó lo contrario, por eso digo que ese sector productivo tiene que reconocer las demandas sociales, porque muchas veces —no siempre— están fundadas en cuestiones que son ciertas. Con el derrame de cianuro en San Juan se evidenció la indefensión informativa que existe, porque nadie le cree a nadie, y tampoco al Estado. Hay que recuperar esa credibilidad para el Estado, hay mucho por reconstruir pero sobre bases ciertas y mediciones confiables para todos, si no siempre es una pelea de percepción contra percepción.
—Respecto del cambio climático, ¿cuál es la postura de Argentina tras la cumbre de París?
—La postura del gobierno cambió drásticamente después del 10 de diciembre, ya que pasamos de desconocer el problema a colocarlo como una prioridad de la agenda interna y de política exterior. La gestión de Macri en Buenos Aires descubrió ese problema y actuó en consecuencia, por ejemplo cambiando las fuentes de energía. El 22 de abril se firmará el nuevo acuerdo en Nueva York, y el propio presidente estará allí. El acuerdo reconoce la necesidad imperiosa de detener el cambio climático.
—¿Qué lugar ocupa Argentina entre los emisores de gases de efecto invernadero?
—Estamos en el grupo de los emisores medios, aunque si hacemos el cálculo per cápita ahí nos convertimos en grandes emisores, por encima del promedio europeo. La causa de esto es que tenemos una matriz energética muy atada a los combustibles fósiles. Los factores que más aportan son el transporte, la deforestación y la agricultura. Por eso si empezamos a cambiar nuestra matriz energética y dejamos de deforestar estaremos en el camino correcto. Estamos frente a un cambio civilizatorio muy importante, que modificará nuestra manera de producir y de consumir. Hay que saber que para 2070 el planeta debería llegar a la emisión 0, y debemos imaginar ese nuevo mundo.
