España decidió hoy controlar con mayor rigor la entrada de inmigrantes en edad laboral, quienes pueden verse sorprendidos al ser rechazados en las puertas de Europa por no cumplir con los requisitos de ingreso, tal como les sucedió a 20 argentinos en la última semana.
La confirmación de esta veintena de rechazos en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, fue hecha a Télam por uno de los cónsules argentinos en la capital catalana, Carlos Arsani, quien reveló también que las edades de los mismos oscilaban entre los 30 y 35 años. Si bien los rechazos son una constante desde hace cuatro años, los controles migratorios se aplican últimamente con mayor rigor, especialmente a los latinoamericanos, quienes no necesitan visa de ingreso a España.
La crisis de las deportaciones entre España y Brasil saltó la alarma de un fenómeno que está afectando a los latinoamericanos casi por igual, incluso de países como Argentina, a los que el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prometió un trato acorde a los vínculos históricos entre ambos países. Ocurre que en un contexto de desaceleración económica y aumento del desempleo, que afecta a más de 500.000 inmigrantes, España pretende “impermeabilizarse” a la llegada de nuevos extranjeros.
Para sortear los estrictos controles, los extranjeros deben presentar pasaporte válido con vigencia no menor a seis meses, pasaje ida y vuelta con una fecha de retorno no superior a los 90 días, período máximo de permanencia en la UE, y seguro médico de viajero. También deben demostrar solvencia económica a través de una tarjeta de crédito o dinero en efectivo y/o cheques de viajero, con un promedio disponible de gastos de 57 euros por día de estancia o un mínimo de 513 euros en efectivo. Asimismo, los turistas tienen que presentar la reserva del hotel donde se van a alojar o una nota de invitación emitida por un residente en España, donde vaya a alojarse, realizada ante la Policía Nacional. Este último requisito de entrada es el que más dificultades está generando, ya que obliga a los turistas a reservar hoteles con anticipación, lo que limita especialmente a los más jóvenes que van a recorrer Europa. También genera problemas la carta de invitación, ya que el amigo o familiar residente en España tiene que ir a hacer un trámite a la policía y enviarlo a la Argentina, lo que implica tiempo y burocracia.
En ocasiones, la sola ausencia de uno de estos documentos es motivo para que las autoridades migratorias impidan la entrada del extranjero, quien permanece encerrado en la “sala de expulsados” del aeropuerto hasta que es reubicado en un vuelo de la compañía aérea que lo llevó a Europa para regresar a su país de origen. La aerolínea es también la encargada de proporcionar comida al rechazado durante el tiempo que es retenido.
Más de un argentino denunció en el pasado a las autoridades policiales de migraciones por “malos tratos” en el aeropuerto El Prat, pero ayer, por primera vez, un tribunal español dictó -tras la imposición de un hábeas corpus- la libertad de una extranjera. Se trató de la brasileña, Marta Silvana D.S, detenida en el aeropuerto madrileño de Barajas desde el 3 de mayo, porque consideró que la sala de rechazados carece de “los requisitos necesarios como servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios para la adecuada permanencia” de las personas.
“Lo que está pasando no es una excepcionalidad en España, más bien es una situación que refleja los acuerdos que se han ido adoptando en la Unión Europea para restringir la entrada de inmigrantes”, dijo hoy a la agencia Télam el coordinador del movimientos Argentinos en el Exterior, Luis Pérez Leira. Pérez Leira explicó que la rigidez de los controles se da porque las autoridades parten de la premisa de que los ilegales no llegan en pateras -embarcaciones precarias- sino por los aeropuertos. Y agregó que “es evidente que hay una nueva situación económica -aumento de la desocupación que afecta principalmente a los inmigrantes en el sector de la construcción- , por lo que se están tomando las medidas necesarias para evitar la entrada de nuevos inmigrantes irregulares”.
“Cualquier joven en edad de trabajo, que no expone argumentos convincentes ante las autoridades migratorias, es sospechoso de venir a quedarse a trabajar”, dijo Pérez Leira. “Ellos (los policías de migraciones) tiene órdenes de hacer de filtro, y pueden actuar con discrecionalidad”, apuntó. Para el coordinador del Movimiento Argentinos en el Exterior, la solución pasaría por lograr un acuerdo como el que España está negociando con Brasil tras la crisis por los rechazos de ciudadanos de ese país, que “fija pautas más claras para evitar injusticias con las personas que no son admitidas”.