El Vaticano acusó al mayordomo papal por las filtraciones

Magistrados del Vaticano acusaron formalmente ayer al mayordomo del Papa Benedicto XVI por posesión ilegal de documentos secretos y dijeron que se llevaría a cabo una investigación más amplia para determinar si tuvo cómplices.

Paolo Gabriele es sospechoso de filtrar documentos de alta sensibilidad, algunos con acusaciones de nepotismo y corrupción en contratos del Vaticano, en un escándalo que ha llegado a ser conocido como Vatileaks.

Un comunicado se refiere a Gabriele, de 46 años, que hasta su arresto el miércoles por la noche servía las comidas del Papa y le ayudaba a vestirse, como "el acusado".

Se dijo que una investigación preliminar había sido actualizada a "investigación formal", lo que significa que recibió cargos judiciales y que eligió a dos abogados para su defensa.

Dado que el Vaticano no dispone de cárcel, Gabriele se encontraba detenido en una de las tres llamadas "habitaciones seguras" en las oficinas de la pequeña fuerza policial del Vaticano dentro de la ciudad-estado amurallada.

El Vaticano prometió que "tendrá todas las garantías jurídicas previstas en el Código Penal del estado de Ciudad del Vaticano".

La Santa Sede indicó que la investigación formal continuará hasta que se consiga un cuadro suficiente de la situación, lo que significa, según una fuente vaticana, que los magistrados quieren determinar si Gabriele actuó sólo o con otras personas.

Se dice que el Papa está "triste" porque alguien de su servicio doméstico lo ha traicionado. Gabriele vivía en el Vaticano con su esposa y sus tres hijos.

Comentaristas en los diarios italianos dijeron que dudaban de que Gabriele hubiera actuado solo y algunos especularon con que podría ser un peón dentro de una lucha más grande por el poder interno.

"Nunca la sensación de desorientación en la Iglesia Católica alcanzó estos niveles", dijo el historiador de la iglesia Alberto Melloni al diario italiano Corriere della Sera. "Pero ahora hay algo más, una sensación de desorden sistémico", agregó.

Hasta 30 años. Si es hallado culpable, Gabriele podría enfrentarse a una condena de hasta 30 años de cárcel por posesión ilegal de documentos de un jefe de Estado. Es probable que la condena la cumpla en una cárcel italiana por un acuerdo entre Italia y el Vaticano.

El escándalo está vinculado con la filtración de una serie de documentos a los medios italianos en enero y febrero, incluidas cartas personales al Papa.

Algunos documentos están ligados a acusaciones de corrupción, malversación de fondos y de nepotismo en el Vaticano además de abordar desacuerdos internos por la gestión del banco de la Santa Sede.

Gabriele trabajaba en los apartamentos papales del Palacio Apostólico, sirviendo las mesas papales, repartiendo rosarios a los dignatarios visitantes y ocupando el primer asiento del papamóvil en las audiencias del Pontífice.

Estaba al tanto de lo que pasaba en las salas más reservadas y privadas del Vaticano.

Conmocionado y triste. El Papa Benedicto XVI, que dijo estar conmocionado y triste por las filtraciones, ordenó varias investigaciones, incluida una dirigida por la policía vaticana y otra por una comisión de cardenales.

Entre los documentos filtrados figuran cartas escritas por un arzobispo que fue trasladado a Washington después de denuncias sobre una red de corrupción, un informe que manchó la imagen de varios cardenales.

En enero último, una investigación de la televisión italiana mostró cartas privadas al Secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, y a Benedicto XVI enviadas por el arzobispo Carlo Maria Vigano, el ex vicegobernador de la Ciudad del Vaticano y actual embajador de la Santa Sede en Washington, Estados Unidos.

Las cartas mostraron que Vigano fue transferido tras denunciar lo que dijo que era una red de corrupción y nepotismo vinculado a la concesión de contratos a empresas italianas con precios inflados.

En una carta, Vigano escribió sobre una campaña de desprestigio en su contra por parte de otros funcionarios del Vaticano que estaban molestos por que hubiera tomado medidas drásticas para aclarar los procedimientos de compra. Vigano rogó permanecer en el cargo para terminar lo que había comenzado.

El cardenal Tarcisio Bertone respondió sacándolo del puesto tres años antes del fin de su mandato y enviándolo a Estados Unidos, pese a su fuerte resistencia.