La interrupción del servicio paralizó las maniobras de ingreso y salida en los puertos de la Hidrovía, afectó el movimiento de cargas y obligó al Gobierno a intimar a 536 profesionales.
Foto Sebastián Suárez Meccia / Archivo La Capital
Más de 140 buques permanecen detenidos o sin confirmación para operar en los principales puertos argentinos a raíz de la interrupción por tiempo indeterminado de los servicios de practicaje y pilotaje. El conflicto paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones, afectó el movimiento de cargas y comenzó a provocar desvíos de operaciones hacia terminales de Uruguay y Brasil.
El Centro de Navegación, entidad que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80 por ciento de las cargas del comercio exterior argentino, informó que al menos 140 barcos quedaron a la espera de recibir asistencia de prácticos para completar sus maniobras.
La protesta impacta en terminales estratégicas de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. En esos puntos quedaron interrumpidas operaciones de exportación, importación y distribución de combustibles.
Los prácticos son los profesionales encargados de guiar a los barcos durante el ingreso y la salida de ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en buena parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos a las terminales argentinas.
Sin ese servicio, las embarcaciones no pueden ingresar a puerto, zarpar ni completar maniobras en zonas de navegación restringida. La falta de asistencia profesional explica la acumulación de buques fondeados o detenidos frente a las terminales.
La paralización comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. En rechazo a la nueva normativa, un amplio grupo de profesionales resolvió dejar de aceptar servicios para barcos argentinos y extranjeros hasta que el gobierno suspenda o derogue la medida.
La cámara que representa a las agencias marítimas advirtió que la detención de los buques puede provocar pérdidas millonarias de divisas, incumplimientos de contratos comerciales y problemas de almacenamiento en plantas productivas.
Ante la imposibilidad de operar en puertos argentinos, varias cargas previstas para el país fueron redireccionadas hacia Montevideo y terminales del sur de Brasil.
El conflicto también alcanzó al sector energético. La Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones de sus empresas asociadas quedaron interrumpidas y alertó sobre posibles dificultades en el abastecimiento de nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo.
Entre los barcos afectados se encuentra el White Marlin, una embarcación de transporte pesado cuya intervención era necesaria para tareas relacionadas con Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto proyectado para conectar la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El buque permaneció fondeado fuera del puerto porque no consiguió un práctico que realizara la maniobra de ingreso.
Frente a la continuidad de la protesta, la Prefectura Naval Argentina publicó un edicto en el Boletín Oficial mediante el cual intimó a 536 profesionales a retomar de manera inmediata sus funciones.
El organismo les ordenó ponerse a disposición para prestar servicios de practicaje y pilotaje de forma regular, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales.
La Prefectura citó los artículos 190 y 194 del Código Penal. El primero prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una embarcación. El segundo establece penas de tres meses a dos años para quien impida o entorpezca el normal funcionamiento del transporte por agua.
Los prácticos sostienen que no se trata de un paro sindical convencional, sino de una decisión adoptada por profesionales autónomos que resolvieron no aceptar nuevos servicios bajo las condiciones establecidas por el decreto.
El Decreto 690/2026 creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval, habilitó a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y eliminó restricciones para la incorporación de nuevos trabajadores.
La norma también otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas y estableció la obligación de publicar los precios del servicio.
Además, eliminó la segmentación geográfica que obligaba a reemplazar al práctico durante un mismo recorrido, flexibilizó las condiciones para trasladar a los profesionales y amplió los casos en los que determinados barcos pueden quedar eximidos de contratar el servicio.
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