La conciliación obligatoria en el conflicto entre Pampa Energía y los trabajadores de la planta de Puerto San Martín fue prorrogada hasta el próximo 11 de agosto. La medida extiende la negociación para intentar evitar el cierre de la única fábrica de caucho sintético del país y preservar cerca de 150 puestos de trabajo. Además, la provincia convocará una mesa de trabajo para analizar alternativas que permitan sostener la producción, informó el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu).
La prórroga de la conciliación llegó luego de una nueva jornada de protestas frente a la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe en Rosario, donde los trabajadores volvieron a concentrarse mientras se desarrollaba una audiencia.
Como parte del acuerdo, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se comprometió a convocar, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, una mesa de trabajo destinada a analizar el futuro de la producción de caucho sintético y evaluar alternativas que permitan preservar la actividad industrial y las fuentes laborales.
Desde el sindicato remarcaron que el conflicto trasciende la situación de una empresa en particular. "No está en juego únicamente una planta, sino un insumo estratégico para el país, cuya pérdida afectaría al trabajo, al entramado productivo y al desarrollo de las comunidades del Cordón Industrial", señalaron en un comunicado.
El gremio también ratificó su compromiso de defender los puestos de trabajo de los trabajadores petroquímicos y sostuvo que continuará participando de las instancias de negociación impulsadas por la provincia.
La planta de Pampa Energía en el cordón nuclea a cinco unidades productivas, que producen insumos para distintos mercados, desde solventes aromáticos hasta etileno, estireno y propileno. El cierre de la fábrica de caucho sintético es consecuencia directa del cierre de la fábrica de neumáticos Fate, su principal cliente.
El secretario gremial del Soepu, Rodrigo Jordana, describió un escenario crítico para los casi 150 empleados alcanzados por las cesantías notificadas por la empresa. Incluso, antes del inicio de la audiencia, los trabajadores realizaron un corte de tránsito para visibilizar el reclamo. "Hay 150 personas que fueron notificadas para que no vayan a trabajar más y que hasta hoy tenían el sueldo garantizado. La situación se agrava cada día más", afirmó el dirigente en declaraciones a LT8.
Según explicó, además de la incertidumbre laboral existe una creciente preocupación por las condiciones de seguridad dentro del complejo industrial. "Los compañeros se hacen cargo de la seguridad de la planta, que está ubicada en medio de la ciudad y muy cerca de un barrio. Tratamos de mantenerla en condiciones seguras mientras esperamos una definición", sostuvo.
El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela valoró la decisión del gobierno provincial de incorporarse al tratamiento del conflicto a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y sostuvo que esta instancia representa una oportunidad para construir una salida.
“La decisión de cerrar la planta es de la empresa y nadie pretende trasladar esa responsabilidad. Creemos que esta mesa de trabajo debe convertirse en el ámbito donde se construyan las condiciones para evitar el cierre”, resaltó.
El dirigente sindical también advirtió que el caso debe marcar un precedente institucional frente a decisiones empresariales de semejante magnitud. “No puede ser que una empresa decida cerrar una producción estratégica sin presentar un estudio técnico, económico o productivo que justifique una medida de estas características. Hasta hoy no existen explicaciones públicas que permitan comprender las razones de esta decisión. Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen”.
Un complejo histórico
El Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín (Pampa Energía SA) fue inaugurada en 1966 bajo la razón social de Petroquímica Argentina S.A. (Pasa), resultado de una asociación estratégica entre cinco corporaciones norteamericanas —Continental Oil Co., Cities Service, U.S. Rubber, Fish International Corporation y Witco Chemical Company Incorporated— que reunieron experiencia industrial, conocimiento técnico y una inversión conjunta superior a los 500 millones de dólares. Fue, en su momento, el complejo petroquímico más importante de América Latina y la única planta de procesos totalmente integrada de la región: en una sola fábrica se transformaban nafta, propano y butano —derivados de la industria petrolífera— en una amplia gama de hidrocarburos, entre los que el caucho sintético ocupaba el lugar central.
A lo largo de los años siguientes, la planta atravesó sucesivos cambios de control accionario y de razón social, en sintonía con las transformaciones más amplias de la industria petroquímica argentina —privatizaciones, fusiones y reconfiguraciones de capitales que también alcanzaron a otros polos petroquímicos del país (Bahía Blanca, Ensenada, San Lorenzo)—, hasta quedar bajo la órbita de Pampa Energía SA en la actualidad, reseño Brian Tieppo, del Centro de estudios Colectiva.
El secretario general del Soepu sostuvo que el conflicto trasciende a la planta y abre un debate sobre el modelo de desarrollo que necesita el país. “Lo que está en discusión no es solamente el futuro de una fábrica. Está en juego la capacidad de la Argentina de sostener producciones estratégicas y defender su entramado industrial. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas gremiales e institucionales para que esta planta continúe produciendo y para que este caso siente un precedente en defensa del trabajo, la producción y la industria nacional”.
