Macarena Distéfano, de 30 años y con más de 74 mil seguidores en Instagram, quedó con prisión preventiva domiciliaria. La Justicia la acusa de tener Tusi fraccionado para su comercialización.
Macarena Distéfano mostraba en las redes sociales una vida marcada por viajes al exterior, camionetas 4x4, barrios privados y artículos de lujo. Sin embargo, mientras alimentaba ese perfil público, la Justicia Federal investigaba desde hacía casi tres años su presunta participación en maniobras de narcomenudeo en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
La influencer de 30 años fue procesada con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución fue dictada por el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez, quien además ordenó trabar un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.
Distéfano permanece bajo arresto domiciliario porque se encuentra al cuidado de un menor de edad. El beneficio no modificó su situación procesal y la causa continúa abierta con vistas a una eventual elevación a juicio.
La investigación estuvo delegada en la Fiscalía Federal de Hurlingham, encabezada por Santiago Marquevich, y se originó a partir de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia de la Municipalidad de Ituzaingó.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, con intervención de la Secretaría Nº 5, a cargo de Lorena Reynoso.
La causa comenzó después de que las autoridades municipales alertaran sobre supuestas maniobras de comercialización de drogas en las inmediaciones de la vivienda de Distéfano, ubicada en la calle Carlos Albarracín al 2700.
A partir de esa denuncia, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas, seguimientos, análisis de redes sociales, consultas patrimoniales, intervenciones telefónicas y controles sobre distintos domicilios y vehículos.
Durante esas tareas se registraron encuentros breves entre Distéfano y distintas personas en las cercanías de su casa. Para los investigadores, esos movimientos eran compatibles con operaciones de venta de estupefacientes al menudeo.
También se analizaron sus ingresos a viviendas y barrios privados de Ituzaingó, Moreno, Hurlingham, Morón, La Matanza y el Partido de la Costa, además de sus movimientos patrimoniales y el nivel de vida que exhibía públicamente.
El juez sostuvo que la prueba reunida permitía considerar, en esta etapa, que Distéfano era responsable de la posesión de las sustancias encontradas en su domicilio y que el destino de esa droga era su posterior comercialización.
“He señalado que, en virtud de las probanzas acollaradas, la mentada resulta prima facie autora penalmente responsable de la posesión de alcaloides que fueron encontrados en el interior de su domicilio y que su detentación tenía como finalidad su posterior comercialización”, afirmó Rodríguez en la resolución.
El magistrado explicó que esa conclusión se apoyaba en las averiguaciones encubiertas, los seguimientos, los informes y las observaciones reunidas durante la investigación.
El 21 de abril pasado, el juez Rodríguez ordenó allanar la vivienda de Distéfano en Albarracín al 2700.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional. Antes de ingresar, los agentes llamaron varias veces a la puerta. Desde el interior respondió una voz femenina, pero nadie abrió.
Cuando los gendarmes irrumpieron en el inmueble, encontraron a Distéfano en una habitación del primer piso con una pistola Glock calibre 9 milímetros en la mano.
De acuerdo con el expediente, el arma tenía una munición en la recámara y otra en el cargador. La mujer depuso su actitud y fue identificada por los agentes. La pistola se encontraba legalmente registrada.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dinero en pesos y dólares y distintos elementos considerados relevantes para la causa.
También encontraron 7,63 gramos de Tusi, una sustancia sintética conocida popularmente como cocaína rosa.
La Justicia consideró que el modo en el que se encontraba distribuida la sustancia era compatible con su venta en pequeñas dosis.
“No hay duda de que el alcaloide se encontraba bajo la órbita de disposición de la encartada, ya que el dormitorio es el ámbito de mayor privacidad para el morador de la vivienda”, sostuvo Rodríguez.
El juez agregó que la forma en la que estaba repartida la droga permitía inferir que había sido preparada para su comercialización.
Para el magistrado, ese hallazgo debía analizarse en conjunto con las vigilancias previas, los encuentros breves registrados frente al domicilio y el resto de las evidencias incorporadas a la causa.
Uno de los episodios considerados relevantes ocurrió durante un seguimiento nocturno. Los investigadores observaron a Distéfano salir de su casa con una bolsa de residuos y arrojarla en un cesto cercano.
Cuando inspeccionaron su contenido, encontraron recortes de bolsas de nylon con restos de una sustancia pulverulenta de color rosado. Ese elemento fue incorporado al expediente como otro indicio de una posible actividad de fraccionamiento.
Antes de su detención, Distéfano tenía una fuerte presencia en Instagram, donde acumulaba alrededor de 74.500 seguidores.
En sus 49 publicaciones difundía imágenes de viajes a París, la isla colombiana de San Andrés, Medellín, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. También posaba sobre camionetas 4x4 y exhibía un estilo de vida asociado con un elevado poder adquisitivo.
Su última publicación fue realizada el 17 de marzo pasado, poco más de un mes antes del allanamiento.
Los investigadores analizaron el origen de sus ingresos y la correspondencia entre su situación económica declarada y los bienes que mostraba en las redes sociales.
El juez consideró que el nivel económico observado en la vivienda, la cantidad y calidad de los vehículos y el resto de los indicios reunidos reforzaban la hipótesis de que la droga estaba destinada a la venta.
“Distéfano llevaba a cabo una actividad ilícita y ello ha quedado documentado”, sostuvo el magistrado.
La resolución también tuvo en cuenta que la imputada se negó a entregar las claves de desbloqueo de los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento.
Cuando fue indagada, Distéfano hizo uso de su derecho a no declarar. Después de permanecer detenida, obtuvo la prisión domiciliaria por encontrarse al cuidado de un menor.
La Justicia Federal resolvió procesarla con prisión preventiva y avanzar con la acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
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Por Carina Bazzoni
Por Juan Iturrez
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