El oficialismo consiguió anoche en la Cámara baja convertir en ley el adelantamiento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto de 2015, cuyos autores son el jefe del bloque de senadores del Frente Para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, y el designado secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
El nuevo Código, que fue aprobado el pasado 1 de octubre, contiene 2.671 artículos
La reunión se inició a las 13.05, luego de que se decidió atrasar una hora el horario originalmente previsto, con 140 diputados en el recinto y presidida por el titular de la Cámara, Julián Domínguez (FPV).
El proyecto, que adelanta la fecha en lugar del 1 de enero de 2016, como planteaba la redacción original, fue aprobado anoche por 130 votos a favor y tuvo 93 en contra.
Desde el oficialismo, se argumentó que las demandas sociales sobre divorcio y adopción hacen necesario el adelantamiento del nuevo código y, en el recinto, se recordó que la reforma fue tratada en forma amplia desde 2012.
Durante el debate en el recinto, la oposición se opuso al adelantamiento, al considerar que el tratamiento del nuevo cuerpo normativo fue irregular en la Cámara baja.
De hecho, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Frente Renovador habían denunciado penalmente a Julián Domínguez, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Entre otros cuestionamientos, se esgrimió que el sistema judicial, los abogados y la sociedad tendrá poco tiempo para estudiar el nuevo Código Civil y Comercial.
"Una víctima electoral". Desde la oposición, el rechazo se expresó incluso mediante sendos dictámenes de minoría como el del Frente Renovador, cuya autora, Graciela Camaño, expresó que la reforma del Código y su implementación es "un tema demasiado serio como para convertirlo en víctima de la campaña electoral".
El macrismo, por su parte, a través del porteño Pablo Tonelli, también tomó distancia del proyecto oficial y apuntó que "lo más sensato y coherente es desaprobar el proyecto que se promueve, respetar el plazo dispuesto por el artículo 7 de la ley 26.994 y rechazar su adelantamiento".
Mientras, la chaqueña Elisa Carrió promovió el rechazo de la iniciativa K e impulsó un proyecto que declara "insanablemente nula por inconstitucional la Ley 26.994".
El jefe de la bancada de Unidad Popular, Claudio Lozano, ya había adelantado que "no existen razones, elementos, ni necesidades imperiosas que ameriten la modificación de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial" y alertó sobre la existencia de "riesgos" por el escaso tiempo de estudio que se le ha otorgado a la reforma.
"Hablamos de irresponsabilidad política y de inseguridad jurídica, más aún si se tiene en cuenta que ya se había acordado su ingreso en vigencia, por lo cual vemos nuevamente que este gobierno no respeta los consensos arribados", arremetió.
El representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Néstor Pitrola argumentó el rechazo de su bancada y afirmó que éste es "un Código clerical" y cuestiona "el carácter laico del Estado", para luego aclarar que desde su sector se lucha "contra un Estado clerical, una educación clerical y una legislación clerical".
El proyecto de Argentina Digital
La Cámara de Diputados se encaminaba anoche a convertir en ley, con el respaldo del oficialismo y sus aliados, el proyecto de Argentina Digital, que apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones.
La iniciativa comenzó a ser debatida alrededor de las 20.30, tras la aprobación de la reforma del Código electoral para elegir los 43 diputados del Mercosur, y otra iniciativa para sancionar a los policías que realizan paros o abandonen sin permiso sus tareas.
La sanción estaba motorizada por los legisladores del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, y sus aliados de Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, el Movimiento Popular Neuquino y bancadas unipersonales.
Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Guibergia dijo que este proyecto "modifica peligrosamente las reglas de juego" y se quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV "evitó el debate".
En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que "es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones", pero se quejó de que "este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora" y dijo que "no va a generar competencia ni inversiones" y tiene "contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales".
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció "vergonzoso el trámite del proyecto de ley" porque "los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder incluir modificaciones".
El proyecto establece que los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar. También se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de "servicio universal" que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.
Por Leandro Garbossa
Por Tomás Barrandeguy
