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El Estado debe pagar 320 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

El tribunal del Ciadi falló en contra de la Argentina en el juicio entablado por el Grupo Marsans durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Domingo 23 de Julio de 2017

El gobierno sumó ayer una nueva obligación heredada del kirchnerismo cuando el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.

El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus obligaciones.

Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España donde sus directivos están presos, entre ellos el dueño de Marsans y ex hombre fuerte de la central empresarial española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

"El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones", sostiene el fallo.

La decisión cuestiona "medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones" y acusa al gobierno de Cristina Kirchner de "expropiar ilegalmente las inversiones" en cuestión.

Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohandling, Optar y Jet Paq.

Además de los u$s 320 millones, el tribunal impuso otros u$s 23,76 millones, más intereses, a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y u$s 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.

Ahora a la cuenta de u$s 678 millones anuales en subsidios que recibió en promedio Aerolíneas desde 2009 a 2015 habrá que adicionarle unos u$s 350 millones más.

En el gobierno esperaban novedades ya que el 25 de enero de este año, el tribunal arbitral se dio un plazo de 180 días para dictar el laudo.

Cuidadosos de los tiempos, los árbitros decidieron en tiempo y forma. El viernes a la noche la comunicación llegó a los abogados del Estado.

Historia

El pase de manos de Aerolíneas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público.

Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto.

El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró "sujetas a expropiación" las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por 1.560 millones de dólares.

La ley promulgada le entregó facultades al Ministerio de Planificación comandado por Julio De Vido para que sea el ejecutor.

El 9 de enero de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner publicó el decreto 2347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo "expropiante" y creó una Unidad Administrativa que "tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía", según rezaba.

El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de 2008, en representación del Estado.

Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos.

Ese trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares, muy lejos de los 600 millones de dólares que decía Marsans que valía el grupo de compañías.

Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.

Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

En ese expediente se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3.275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares.

El Estado tomó el control de la empresa.

Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital.

"Marsans reclamó al Ciadi alegando perjuicios que habían sufrido por trato injusto y tiene un reclamo por más de 1.400 millones de dólares. En realidad, el grupo Marsans es un deudor de la Argentina al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas", dijo Abbona entonces.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. En primer lugar, en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público. Desde el punto de vista jurídico no tiene diferencia con el status de Lan Argentina, por lo tanto la desinversión afectaba en principio a los dueños.

Respecto de la venta a un fondo de inversión, es una de las prácticas más comunes en este tipo de reclamos.

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