Confidentes. Boric y Jackson, juntos desde las protestas de 2011.
El ministro de Desarrollo Social de Chile, Giorgio Jackson, amigo y compañero de ruta del presidente Gabriel Boric, presentó la renuncia a su cargo ante una fuerte presión de la oposición derechista, que mantiene inmovilizadas las iniciativas legislativas del Gobierno.
Jackson enfrentaba una acusación constitucional (juicio político) anunciada para el lunes por el ultraderechista Partido Republicano. Su salida supone un duro golpe para Boric, ya que ambos son íntimos amigos desde las protestas estudiantiles que lideraron en 2011 y fueron fundadores del Frente Amplio, la coalición que gobierna el país desde marzo de 2022 junto con el Partido Comunista y fuerzas de la centro izquierda.
Tras reunirse con Boric, el ministro dijo el viernes a la noche que daba un paso al costado porque su presencia en el gabinete había sido utilizada por la oposición y para que ahora no “existan excusas” a la hora de avanzar en las reformas legislativas que el país requiere, como la de pensiones y la disminución de las listas de espera en los hospitales públicos que atienden al 80% de los chilenos.
“Chile y los habitantes de nuestra patria están primero. Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas. Como dijo el mismo Giorgio, la gente está cansada de peleas. Es hora de ponerse de acuerdo”, dijo Boric al anunciar su salida del gobierno.
La ultraderecha había acusado a Jackson de ser “el rostro de la corrupción”, luego de que en junio se conociera el traspaso irregular de 426 millones de pesos de recursos públicos (unos 500 mil dólares) a una fundación sin fines de lucro que supuestamente realizaría trabajos en barriadas vulnerables.
Los miembros de la fundación eran militantes del izquierdista partido Revolución Democrática, fundado por Jackson en 2012. Con el transcurrir de las semanas surgieron situaciones similares en casi la totalidad de las 16 regiones chilenas, con montos involucrados que superarían los 16 millones de dólares que fueron transferidos desde entidades estatales a fundaciones u organizaciones sociales en las que también aparecen vinculados algunos militantes de Revolución Democrática.
Boric resistió hasta el último minuto remover a Jackson de su cargo, una exigencia que impusieron los republicanos para retomar el tratamiento de varios proyectos de ley en el Congreso, entre ellos una reforma previsional que fue promesa de campaña del mandatario.
La oposición derechista tradicional había anunciado que apoyaría la acusación constitucional, lo que hacía muy difícil que Jackson contará con los votos necesarios para salvarse de esta nueva arremetida del Partido Republicano, lo que además de sacarlo del gabinete lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos durante cinco años.
La oposición ya presentó cuatro acusaciones constitucionales que no prosperaron: a la entonces ministra del Interior, Izkia Siches; al ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por “abuso de autoridad y poder”; a la ministra de Justicia, Marcela Ríos; y la más reciente, a mediados de julio, contra el ministro de Educación, Macro Antonio vila.
El Partido Republicano anunció casi de inmediato al conocerse la renuncia que ya no presentará la acusación porque, agregó, el ministro asumió con su salida su responsabilidad política.
Jackson ocupó dos ministerios: fue ministro Secretario General de la Presidencia y luego encabezó la cartera de Desarrollo Social.
La Policía de Investigaciones lo rastreó a través del programa Lince que funciona en forma coordinada con 6 mil cámaras inteligentes
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