Casación separó al TOF y anuló el juicio de lesa humanidad en Santiago

La Cámara Nacional de Casación Penal dispuso ayer apartar a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal de Santiago del Estero que llevaban adelante el juicio de la denominada Megacausa III, por crímenes cometidos por represores del Terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico militar, por lo que las audiencias que se realizaron durante poco más de un mes fueron declaradas nulas. La medida se concretó a raíz de la separación de sus cargos de los magistrados subrogantes Juan Ramos Padilla, Alicia Noli y José María Pérez Villalobo, ya que habían sido recusados por los defensores de los procesados por considerar que no serían imparciales para juzgar a sus representados.

La decisión significa que no continuará el debate oral abierto el 25 de agosto pasado y deberá recomenzar con un nuevo tribunal.

La decisión fue adoptada por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, conformada por magistrados Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. De esta forma, deberá ser designado un nuevo tribunal para llevar adelante el juicio algo que, se estimaba, ocurrirá recién el año próximo.

Casación hizo lugar a un recurso de queja del representante legal del ex juez federal local Arturo Liendo Roca, quien había sostenido que Pérez Villalobo "no ofrece garantía de imparcialidad" porque se había reunido con los querellantes de la Megacausa III, sin que lo supieran los defensores de los imputados.

De esta forma, esa Cámara resolvió la cuestión de fondo, al separar del TOF subrogante en esa provincia a los tres magistrados.

El enjuiciado Liendo Roca, cuyo abogado presentó la queja, falleció el mes pasado, al igual que el ex segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Cayetano Fiorini, por lo que se redujo a 12 el número de represores acusados que afrontaban el juicio oral. La mayoría de los ex jefes militares y policiales, entre ellos Musa Azar; civiles y ex funcionarios judiciales, estaban procesados por los supuestos delitos de homicidio calificado; torturas; privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los casos que llegaron a juicio corresponden a 45 víctimas del terrorismo de Estado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, entre los que hay 34 casos de secuestro y desaparición forzado de personas.