En una decisión que, argumentan, apunta a fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad, el gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que van del 29,7% al 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La medida fue acordada tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. El aumento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien otorgó una partida presupuestaria adicional para cubrir los incrementos previstos para el último trimestre del año.
“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.
A quiénes beneficia la medida
El aumento se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se encuentran prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
Desde el entorno del interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, explicaron que la actualización “no solo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos, con el objetivo de garantizar que la plata vaya donde corresponde”.
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El incremento beneficiará a miles de profesionales, instituciones y centros especializados que conforman la red nacional de atención a la discapacidad, y busca asegurar que los usuarios continúen recibiendo servicios sin interrupciones, incluso en contextos de alta inflación.
Contexto judicial y reclamos del sector de Discapacidad
La decisión llega luego de que el Ministerio de Salud acatara la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. No obstante, se aclaró que no se restituirán los beneficios a personas detenidas.
El fallo judicial ordena a la ANDIS “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones suspendidas y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que haya sentencia definitiva”.
Pese a la actualización, distintas organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad volvieron a reclamar que el gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que impone un aumento del 70%, más del doble del incremento anunciado. En las últimas semanas, referentes y familiares se manifestaron frente al Congreso y al Ministerio de Salud por la demora en la actualización y los retrasos en los pagos.
“Ordenamos el sistema”
Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida como parte de una política de “normalización y previsibilidad” del sistema, en contraste con la gestión anterior. “Cabe recordar que los mismos que hicieron política con este tema son quienes en 2023 aumentaron el nomenclador apenas un 93%, frente a una inflación del 211%. Incluso, muchas provincias pagan —cuando quieren— la mitad de lo que abona Nación”, señalaron fuentes oficiales.
Según la ANDIS, el nuevo esquema busca ordenar y transparentar los pagos, garantizar la continuidad de la atencióny reconocer “el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.
El aumento será formalizado en el Boletín Oficial en las próximas horas y se espera que comience a aplicarse con retroactividad al 1º de octubre.