Fiscales federales implicaron a dos presos ya condenados por narcotráfico y personas de su entorno por lavado de activos mediante la compra y transferencia de autos y propiedades
El juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso que los imputados transiten la investigación en libertad, pero impuso medidas cautelares de contenido patrimonial
Una investigación federal que en abril pasado condujo al allanamiento de una inmobiliaria de Oroño y el río fue formalizada este miércoles con la imputación de siete personas —dos de ellas ya condenadas por narcotráfico— por el delito de lavado de activos de origen delictivo. En la audiencia judicial un grupo de fiscales les adjudicó a los acusados 29 maniobras de blanqueo con vehículos, viviendas y un terreno en un barrio residencial de Oliveros.
La investigación a cargo de los fiscales federales Juan Argibay Molina, titular en Rosario de la Procuración Contra el Lavado de Activos (Procelac), y Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad, es un desprendimiento de una causa que el año pasado condujo a las condenas de catorce personas por integrar un entramado de actividades de narcotráfico a partir de ventas en ciudades del cordón industrial: Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Ricardone.
Entre ellas fueron condenados los dos considerados abastecedores del grupo. Uno es Matías Andrés Bruzzoni, un hombre oriundo de Granadero Baigorria que fue jugador de fútbol regional y representante de futbolistas, ligado al transporte de estupefacientes a gran escala entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Lo condenaron a 6 años de prisión. Al ser detenido en un departamento de Puerto Madero había comprado inmuebles, camionetas de lujo y una vivienda en Campo Timbó, en Oliveros.
El otro es Marco Leonel Gutiérrez, también de Baigorria, quien aceptó 4 años de condena. El primero considerado coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, el segundo por el mismo delito agravado por la intervención de tres o más personas.
Los dos están presos y son parte del grupo al que los fiscales acusaron de integrar una organización que a partir de enero de 2021 puso a circular, de manera habitual, activos “por un valor superior a 150 salarios mínimos”. Este dinero, plantearon, era proveniente del comercio de estupefacientes por el que Bruzzoni y Gutiérrez ya están condenados.
La pesquisa de esas maniobras de tráfico dejó al descubierto una serie de inversiones que, en abril pasado, desembocaron en un allanamiento a la inmobiliaria Squadra, de Oroño 141 bis. Según trascendió entonces, la firma estaba ligada a la compra de un terreno de un grupo narco. Agentes de Gendarmería Nacional realizaron el procedimiento en simultáneo con requisas en las cárceles de Devoto y Marcos Paz.
Un año antes, una mujer que figuraba al mando de la firma, María Cecilia Montes, había firmado una probation por participar de maniobras de lavado entre julio de 2006 y abril de 2007 que favorecieron a Mario Roberto Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina.
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En ese contexto, los fiscales formalizaron la pesquisa al imputar a siete personas como parte de una organización de lavado de activos. Un subgrupo integrado por Bruzzoni y Gutiérrez junto a tres mujeres que fueron sus parejas —Brisa del Rocío M., Eliana Noelia F., Micaela Brenda V.— fue imputado por lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido en forma organizada y con habitualidad. En tanto que para Mariano L. y Melisa M. la imputación fue por lavado de activos agravado por haberse cometido con habitualidad.
El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz formalizó la imputación tras considerar que existen elementos de convicción suficientes para atribuir los hechos que describió la Fiscalía, lo cual le permite avanzar con la hipótesis oficial del caso. Además, se dispuso que los imputados transiten la investigación en libertad, pero con la imposición de medidas cautelares reales de contenido patrimonial.
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Los fiscales explicaron la actividad del grupo al detallar 29 maniobras de lavado, la mayoría consistentes en la adquisición y transferencia de vehículos. Así, Bruzzoni compró en 2022 un Toyota todo terreno por 7 millones y medio de pesos cuando su valor real era de casi 30 millones. También adquirió un Audi TDI Quattro, un Honda Fit, un Audi A5, un Peugeot Copue RCZ, un Ford Fiesta adquirido junto a su pareja y un Citroën C3, además de un Dodge rural de cinco puertas y un monovolumen rural Lifan Myway administrado junto a Gutiérrez.
Lo acusaron además por la compra de un lote de terreno en Campo Timbó, en Oliveros, y una camioneta Journey, bienes luego vendidos a Mariano L.
Gutiérrez, en tanto, fue acusado de haber administrado un Audi TT Coupé, un BMW 323 Ti, un Volkswagen Fox adquirido junto a su ex pareja, con quien también construyeron y ampliaron una vivienda en calle Aurora al 3800 de Rosario y obtuvieron una pick up Fiat Toro doble cabina.
Un Peugeot 208, un Peugeot Allure, un Volksawagen Polo, un Ford Mondeo, un Ford Territory, un cuatriciclo, un Chevrolet Cruze, entre otros vehículos, así como un inmueble del pasaje Araya al 900 de Rosario, son parte de los bienes administrados con maniobras de lavado.
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