Este proceso, habilitado al compás de la consolidación de las estrategias de mayor intervención adoptadas por las autoridades monetarias de mayor gravitación a escala global en la gestión de la crisis financiera de 2007/08, vino subvertir la desconsideración y/o desatención que las deliberaciones de las finanzas verdes habían tenido sorprendentemente hasta entonces hacia los asuntos monetarios. Tal como lo destacan Olivier Blanchard -ex director del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)- y Jean Tirole -Premio Nobel de Economía en 2014 y director del Instituto de Investigaciones Avanzadas de la Escuela de Economía de Toulouse-, el cambio climático ha devenido una de las amenazas más significativas para la economía global, muy particularmente para el ámbito financiero. Conforme explican en un informe solicitado por el gobierno francés, las modificaciones de los patrones climáticos a escala global no sólo generan costos económicos exorbitantes sino que también amenazan la pervivencia de ecosistemas y la biodiversidad, ocasionan tensiones sociales, provocan migraciones a gran escala y gestan resentimiento por parte de los países pobres y de renta media, todo lo cual podría desencadenar guerras u otras formas de conflicto.
Los riesgos financieros vinculados al cambio climático pueden clasificarse de tres tipos: físicos, de transición y de litigación. Los riesgos físicos derivan de la ocurrencia de los eventos climáticos extremos (tormentas, inundaciones, sequías, entre otros) o de la incidencia de los cambios en los patrones climáticos globales en el desempeño de los agentes económicos -empresas, por ejemplo- y el precio de sus activos, afectando su capacidad de pago. Los riesgos de transición, por su parte, dan cuenta de las dificultades y/o imposibilidades de algunos agentes de proseguir sus actividades con las pérdidas consiguientes del valor de sus activos ocasionadas por regulaciones gubernamentales tendientes a alcanzar sistemas socio-productivos carbono neutrales. Por último, los riesgos de litigación se vinculan a la posibilidad de algunos agentes de reportar pérdidas por litigios ante el incumplimiento de normativas orientadas a la carbono-neutralidad.
Subtítulo: Iniciativas internacionales
Si bien los mandatos de los bancos centrales -autoridades monetarias, en general- difieren entre sí, lo cierto es que la mayor parte de ellos coinciden en tener a la estabilidad de precios de la economía y del sistema financiero como ejes rectores de su actividad. Al depender de los promotores de la ponderación de la cuestión del cambio climático en la definición e implementación de las políticas monetarias, estos mandatos primarios habilitan de por sí a llevar adelante acciones frente a estos “nuevos” riesgos. Desde luego, el abanico de herramientas disponibles por las autoridades monetarias y agencias de regulación y supervisión depende de las cartas orgánicas o de los encuadres normativos de cada institución. Con todo, puede señalarse que ya el ajuste de las tasas de interés y la aprobación y/o promoción de instrumentos tendientes al financiamiento de políticas y proyectos de transición resultan ejemplos básicos de cómo las autoridades monetarias pueden ser parte de la lucha contra el cambio climático.
Múltiples fueron las iniciativas que pusieron en tiempos recientes de manifiesto la inquietud increyente de los decisores de la política monetaria-financiera de mayor gravitación en la escena global respecto a las derivaciones del cambio climático. En este contexto, se destaca la publicación en 2011 de un “marco integral para un sistema bancario verde” por parte del banco central de Bangladesh. Un año más tarde, la Comisión Reguladora de China emitió una guía de “créditos verdes” “con el propósito de alentar a las instituciones bancarias a centrarse en el crédito verde, ajustar activamente la estructura del crédito, defenderse de los riesgos ambientales y sociales, servir mejor a la economía real e impulsar la transformación del modo de crecimiento económico y ajuste de la estructura económica”. En 2014, la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia dicto una “Hoja de ruta para las finanzas sostenibles en Indonesia”, iniciativa la cual fue imitada luego por el Banco Central de Mongolia.
Más cercanos en el tiempo, y dentro de los países desarrollados, se resalta el llamado realizado por Mark Carney, ex Gobernador del Banco de Inglaterra y ex Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), en septiembre de 2015 a los bancos centrales y reguladores de los sistemas financieros a arbitrar medidas frente a los riesgos de cambio climático. A su entender, este fenómeno suscita una “tragedia en el horizonte” ya que los riesgos acarreados por el mismo sólo pueden ser cabalmente mensurables con el transcurrir del tiempo, momento el cual puede resultar demasiado tarde.
Expresiones de tenor semejantes fueron replicadas más tarde por los responsables de otros bancos centrales, tales como los de Francia, Canadá, Alemania y Países Bajos. En diciembre de 2017, tales inquietudes se consustanciaron en la creación de una red de ocho instituciones financieras y supervisoras para “enverdecer el sistema financiero”. Constituida por el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, el Banco de Países Bajos, el Banco de Alemania, la Autoridad de Supervisión Financiera Sueca, la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco Popular de China y el Banco de México, la red se constituyó con el propósito de “fortalecer la respuesta global requerida para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, mejorar la administración de los riesgos en el sistema financiero y movilizar capital hacia inversiones “verdes” y bajas en carbono en el contexto más amplio del desarrollo ambientalmente sostenible”. Esta iniciativa fue engrandeciéndose con el correr del tiempo hasta alcanzar 125 miembros y 19 observadores en la actualidad. En 2021, de hecho, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se sumó a esta red.
Subtítulo: Perspectivas en Argentina
Las derivaciones de la sequía sobre la producción agropecuaria nacional y en el ingreso consiguiente de divisas en lo que resta del 2023 -cifrada en una merma de 20.000 millones de dólares, conforme las estimaciones más conservadoras- hacen explícita de una manera tan ostensible como dramática los desafíos y tensiones que la ocurrencia de eventos climáticos extremos acarrean para la política monetaria del país. En este contexto, resulta cuanto menos un despropósito sobrellevar debates sobre los aspectos actuales y eventuales de la política monetaria del país -el régimen monetario, las atribuciones del BCRA (la existencia misma de la institución, inclusive), los controles cambiarios, entre otros- sin incluir las externalidades cada vez más ostensibles del cambio climático en el manejo y desempeño de los agregados monetarios.
Lejos se encuentra esta perspectiva de minimizar la inflación en tanto problema basal de la política monetaria nacional. Se trata más bien de ponderar la relevancia del cambio climático en la búsqueda de respuestas a dicho nudo gordiano de la política monetaria del país. Más allá de habilitar soluciones realistas y sostenibles en el tiempo, la consideración de la cuestión del cambio climático en las discusiones sobre los derroteros presentes y eventuales de la política monetaria argentina subsanaría el parroquialismo y excepcionalismo que todo ciega y margina al país de los fenómenos y procesos globales en ciernes.
