El gobierno del presidente Emanuel Macron se salvó por poco de un voto de censura, que de haber sido aprobado en el Parlamento le hubiera significado una derrota política casi letal. La extrema derecha y la extrema izquierda sumaron sus votos en la Cámara baja, la Asamblea Nacional, para anular la sanción por decreto de la reforma previsional de Macron, pero la moción se quedó corta por apenas nueve votos. La reforma quedó aprobada con la caída de la moción, pero la derecha y la izquierda anunciaron un recurso constitucional. El descontento sigue en las calles de Francia. La mayoría absoluta de los franceses rechaza el ajuste previsional que impulsa Macron. La reforma es necesaria para evitar un gravoso déficit previsional, coinciden tanto el gobierno como los técnicos independientes.
La reforma, aprobada el pasado jueves por decreto, quedó ahora a salvo, pero sin el voto de la Asamblea. Se habían presentado dos mociones de censura contra el Ejecutivo y la que tenía más posibilidades , la del grupo "Liot", consiguió reunir a las varias izquierdas y la ultraderecha, pero les faltaron nueve votos para obtener la mayoría absoluta, 287. La moción recibió los votos de la ultraderecha de Marine Le Pen. Se necesitaban además los de la mitad de los diputados de los conservadores de Los Republicanos (61 escaños). Su presidente había dado la consiga de no votar, pero una veintena lo hicieron. No fueron suficientes. La moción fue rechazada al reunir 278 escaños, nueve menos de los necesarios.
La reforma, que ya es ley, retrasa la edad de jubilación en dos años en un período de transición que va de hoy a 2030, de 62 a 64, y sube los años de aportes de 42 a 43. Según sondeos en los medios franceses tiene un rechazo del 70% de los franceses. Ahora es ley, tras dos meses de protestas y 10 huelgas generales.
El pasado jueves Macron decidió aprobar la reforma a través del artículo 49.3 de la Constitución, que permite hacerlo sin voto parlamentario, ante la duda de contar con los apoyos necesarios en la Asamblea Nacional, la cámara baja, luego de ser aprobada en el Senado.
La izquierda y la extrema derecha recurrirán ante el Consejo Constitucional. La tensión se ha mantenido hasta el último momento. Macron contaba con aprobar la reforma en la Asamblea, pero la división dentro de su partido y las dudas sobre si lograría los apoyos lo llevaron a decidir no votar y usar el artículo 49.3. Los conservadores de Los Republicanos, el fiel de la balance en esta puja, sufrieron presiones convergentes. "Asumimos haber participado en esta reforma", declaró el diputado republicanos Olivier Marleix: "No nos asociaremos a aquellos que están bajo el slogan 'romperlo todo o la revolución".
En sus intervenciones los parlamentarios opositores dirigieron duras palabras para la primera ministra, Elisabeth Borne, cuyo puesto pendía de un hilo. "Con el artículo 49.3 han traicionado al pueblo, no tiene legitimidad", declaró la diputada de izquierda Mathilde Panot. "Su gobierno está ya muerto", afirmó, pese a que el Ejecutivo sigue en pie y la reforma ya es ley.
Borne tomó la palabra, pero entonces los diputados de la izquierda salieron del salón. La primera ministra criticó el "antiparlamentarismo" y la actitud de la izquierda, que "ha intentado siempre impedir el debate". Son "parlamentarios que dicen que la calle es más legítima que las instituciones". La extrema izquierda de Jean-Luc Melenchon lidera la "lucha" callejera contra la reforma, pero sus propuestas técnicas son endebles. Melenchon es un extrostkista que viró hacia un populismo de izquierda, a imitación de los españoles de Podemos. Sus diputados coincidieron con los extremistas de derecha de Le Pen. Una coincidencia que no es novedad.
La ley eleva la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 para 2030, y adelanta la exigencia de cotizar 43 años, ya sancionada por el presidente socialista Francois Hollande, a 2027. Decidido a sacar la ley adelante, Macron se enfrenta a la mayor crisis desde la eclosión de los derechistas radicales de los "chalecos amarillos", violento movimiento de protesta que se caracterizó por vandalizar las calles céntricas de París durante el primer mandato de Macron. Este fue reelegido hace un año y aún tiene cuatro más. En el sistema francés, el presidente se mantiene aunque pierda la mayoría en el Parlamento y el que cae es el primer ministro en caso de ser aprobado un voto de censura como el de este lunes. crisis. Sucedería en ese caso una "cohabitación": un presidente de un signo con un premier de otro. Esto ya sucedió en el pasado y no resultó una buena experiencia. El caso más conocido es el de presidente conservador Jacques Chirac con el premier socialista Lionel Jospin a fines de los años 90.
Desde el pasado jueves se suceden las protestas, muchas violentas, con quema de contenedores y barricadas. Este lunes a la noche hubo nuevas protestas nocturnas en varias ciudades. Ya por la mañana, antes de la votación de las mociones, se sucedían los bloqueos en muchas ciudades. La mayor refinería del país, en Normandía, está parada y en muchas ciudades hay colas ya para cargar combustible. El caos que vive Francia se grafica en las 10.000 toneladas de basura que innundan París desde hace dos semanas, cuando los recolectores de residuos se declararon en huelga. Interior ha intentado movilizar personal a la fuerza para recoger parte, pero en algunos casos se ha impedido. Algunos manifestantes radicales han quemado la basura.
La apuesta al desgaste
Como ocurrió en su momento con los violentos "chalecos amarillos", Macron puede estar apostando a que esta violencia callejera harte a la sociedad. También pesa en su favor que la reforma no es drástica, sino gradualista. Los sindicatos declararon que seguirán con las movilizaciones y hay otra jornada de paro nacional convocada para el jueves. Este lunes miles de personas se concentraron en los alrededores de la Asamblea. La policía francesa prohibió las concentraciones en la Plaza de la Concordia.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, multiplica las intervenciones en los medios para insistir en los argumentos financieros de la reforma, que el gobierno entiende es absolutamente impostergable y necesaria para equilibrar el sistema, que está en déficit pues hay más jubilados que trabajadores activos. "La responsabilidad política es explicar la realidad, no crear falsas ilusiones a los ciudadanos", dice Le Maire.
