Irán ejecutó este lunes a la madrugada a un segundo detenido en las manifestaciones que se iniciaron hace tres meses. Esta segunda ejecución se hizo pública, en una calle de una ciudad del interior. Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos habían anticipado que habría una ola de ejecuciones. La víctima, Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa ubicada en la calle. Hay al menos otros 10 condenados a muerte. Todos ellos no tuvieron un juicio penal con estándares mínimos. Rahnavard ni siquiera tuvo abogado defensor y no pudo apelar la sentencia. En solo 23 días luego de ser detenido fue ejecutado.
En la que es la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas, el joven fue colgado de una grúa cuando solo habían pasado 23 días de su arresto el 19 de noviembre. Pocos días después, fue condenado a muerte, acusado de haber supuestamente matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de “enemistad con Dios (Alá)”. El 8 de diciembre, un primer manifestante, Mohsen Shekari, también de 23 años, fue ejecutado en la cárcel por el mismo presunto delito y una acusación similar aunque menos grave: haber herido con un arma blanca a un paramilitar basij.
La abogada iraní de derechos humanos Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran (Justicia para Irán), explicó al diario El País que Rahnavard era “uno de los líderes de las protestas callejeras”. Esta jurista, que logró revocar en Irán varias condenas a muerte contra activistas y periodistas antes de exiliarse en Europa en 2009, afirma que a al hombre “se le negó el acceso a un abogado y, en su lugar, se le designó uno de oficio. En el juicio, el letrado se puso del lado de la acusación y confirmó sus afirmaciones en lugar de defender a su cliente”. En resumen, el condenado no tuvo abogado defensor.
Para Sadr, “está claro que en el juicio no se respetaron las garantías procesales. Incluso según las leyes islámicas vigentes en Irán, cualquier acusado tiene derecho a apelar su condena a muerte en un plazo de 20 días después de recibir la sentencia, que luego debería ser revisada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, Rahnavard fue ejecutado 18 días después de ser condenado. Es evidente que se ha aplicado la pena capital antes de que su familia pudiera apelar”. La familia tampoco fue avisada de la ejecución, de manera que no pudo despedirse del joven.
De acuerdo con el grupo de activistas iraníes "1500 tasvir", los derechos humanos del condenado se violaron incluso antes de que se celebrara el juicio. En un tuit del 25 de noviembre, denunciaron que Rahnavard había recibido “tantos golpes” después de su detención que en todas las fotografías posteriores al arresto “aparecía herido”.
El medio oficialista Mizan News que relata el ahorcamiento se ilustra con varias fotografías de la ejecución donde se aprecia a un varón fornido el joven practicaba la lucha libre suspendido en el aire por un camión-grúa en presencia de hombres ataviados como suelen hacerlo los paramilitares basij y de mujeres de negro y cubiertas de la cabeza a los pies. El ahorcado tiene las manos atadas a la espalda, los pies también ligados y el rostro cubierto por una tela negra.
1500tasvir agregó que los familiares del manifestante no fueron avisados previamente de la ejecución, por lo que no pudieron despedirse de él. Según esa fuente, los allegados de Rahnavard tampoco han podido asistir al entierro. La familia recibió una llamada este lunes en la que se les comunicó: “Hemos ejecutado a su hijo y enterrado su cuerpo en el cementerio de Behesht-e Zahra” de Mashad.
Hasta 18 mil potenciales condenados a muerte
Al menos otros diez manifestantes están ya en el corredor de la muerte en cárceles iraníes. Otros muchos de los entre 14.000 y 18.000 detenidos en las protestas —según cálculos de Naciones Unidas y diversas ONG— afrontan una más que probable pena capital, pues también están procesados por “enemistad con Dios”, un delito definido de forma ambigua y sin equivalente en las leyes internacionales. Amnistía Internacional considera esa figura penal “un cheque en blanco” para condenar a muerte en Irán, según explicó recientemente la especialista en Irán de esa organización, Yolanda Vega.
Esta segunda ejecución de un manifestante detenido en las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial el 16 de septiembre de la joven de 22 años Mahsa Amini, se hizo el mismo día que los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto aprobar en Bruselas una tercera ronda de sanciones contra Irán. El motivo no es solo las violaciones de derechos humanos de los manifestantes, sino también el hecho de que la República Islámica de Irán haya proporcionado armas, especialmente drones, a Moscú, que los está utilizando en la guerra en Ucrania.
De acuerdo con Iran Human Rights, la actuación de las fuerzas de seguridad y los paramilitares iraníes ha causado la muerte de al menos 458 personas en los casi tres meses que dura el levantamiento popular cuya mecha fue la muerte de Amini, detenida en Teherán tres días antes de su fallecimiento por llevar mal colocado el velo.
El director de esa ONG iraní en el exilio en Noruega, Mahmood Amiry-Moghaddam, subrayó que “la pena de muerte siempre ha sido la herramienta más poderosa del régimen para sembrar el miedo. Las personas que están en el poder en Irán ahora mismo son las mismas que participaron en las ejecuciones masivas de presos políticos en la década de 1980. Son capaces de hacerlo de nuevo, y saben que ha funcionado en el pasado. Ahora mismo están vigilando las reacciones a estas ejecuciones. A menos que reciban una respuesta muy dura, podríamos enfrentarnos a ejecuciones diarias de manifestantes”. El actual presidente, el utraconservador clérigo y juez Ebrahim Raisi, tuvo un rol central en la ola de ejecuciones de 1988. También impulsó desde que llegó al poder en agosto de 2021 el aumento del control policial sobre las mujeres, lo que desató la ola de protestas. La "policía de la moral" fue la causante del arresto y muerte de Masha Amini y es muy odiada por la población, en especial los jóvenes. Bajo Raisi, las relativas libertades de vestimenta que había permitido el anterior presidente Rohani desaparecieron y los arrestos callejeros de mujeres por "llevar mal" el velo o estar maquilladas o bien por usar pantalones ajustados, volvieron a ser rutina en la vida de las iraníes.
La jurista Shadi Sadr aboga por una respuesta internacional “más enérgica”. Las condenas “tienen un efecto insignificante”, critica la abogada, que sostiene que “lo que pondrá fin a las ejecuciones es aumentar el precio y las consecuencias para la República Islámica. Acciones como el cierre de embajadas y el corte de relaciones diplomáticas aumentarán el costo de las ejecuciones y la represión. Otra acción tangible es designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. La UE lo está considerando en estos momentos, pero el ritmo de ejecuciones es demasiado alto y el proceso de la UE está llevando demasiado tiempo”.
Las fuerzas de seguridad iraníes no solo mataron a al menos a 44 menores desde el inicio de las protestas, denuncia la organización Amnistía Internacional. El régimen iraní también ha sometido a las familias de estos menores muertos a "fuertes presiones" para que guarden silencio, añade la ONG este lunes en Berlín.
De estos 44 niños o adolescentes, 34 murieron por fuego real en la cabeza u órganos vitales, recalca el texto. Tras sus muertes, en al menos 13 casos, los allegados tuvieron que firmar documentos o hacer declaraciones grabadas en video, exculpando a las fuerzas de seguridad de su responsabilidad en la muerte de los menores. En algunos casos, los familiares han sido detenidos y se les ha amenazado con enterrar a sus hijos en lugares desconocidos, de forma que no puedan saber dónde estos han recibido sepultura, o incluso con detener, herir o violar a los hijos que les quedan, hermanos de las víctimas.
