Entró en vigor con el primer día de 2022 en la región de Asia-Pacífico el mayor acuerdo económico de libre comercio del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, RCEP por sus siglas en inglés. Son quince países los que forman parte del acuerdo. Casi un tercio de la población mundial y el 30% del producto bruto global se concentran en el área que cubre el convenio, cuyos miembros no incluyen ni a EEUU ni a Europa, ni tampoco a India. Los socios intercambian un volumen de comercio mayor entre sí que con Estados Unidos y Europa juntos. Pero los críticos señalan que favorece en exceso a China y tiene poca regulación en materias muy sensibles, como derechos laborales y medio ambiente. Estos dos déficit son casi una "marca registrada" del modelo chino de crecimiento.
La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) busca incrementar en 42.000 millones de dólares el intercambio en un área que reúne a la segunda economía más poderosa del mundo, China. En una primera etapa el RCEP se activó con Australia, Brunéi, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam, y el 1º de febrero lo hará en Corea del Sur. Como es notorio, varias de estas naciones son aliadas de EEUU y se enfrentan a China, pero esto no impide que busquen mejorar su comercio.
Las negociaciones se iniciaron en 2012 y se llevaron a cabo inicialmente en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Aún se espera la ratificación de Malasia y Filipinas, y el ministro de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, aseguró que su país ratificará la adhesión en 2022. Myanmar ya lo aprobó, pero el bloque aún debe dar el visto bueno para la entrada de la nación, cuyo gobierno fue derrocado por un golpe militar.
La ausencia Estados Unidos es una clara señal del signo político de un tratado que es considerado como un trampolín de China para fortalecer su zona de influencia. Pero EEUU tiene relaciones económicas muy intensas con casi todos los socios del RCEP, desde China a Japón y Corea del Sur, que junto a Australia y Nueva Zelanda son sus aliados geopolíticos en la región, junto con Taiwán, otro ausente del RCEP por el veto de Pekín.
El tratado prevé reducción de aranceles en aquellos productos manufacturados con al menos 40% de partes procedentes de la región del RCEP, que en este momento representan el 65% de los bienes que se intercambian entre los países firmantes. Se espera que luego de 20 años de vigencia del convenio, esa proporción llegue al 90% de los productos.
La reducción de ingresos a los Estados por aranceles no debería afectar la prestación de servicios públicos como salud o gasto social, que por lo general se financian con impuestos directos. El RCEP también agiliza procedimientos comerciales, contempla derechos de propiedad intelectual y contratación pública, y comprende áreas que crecieron particularmente durante la pandemia, como el comercio electrónico.
Durante los dos años que han pasado desde que surgió el Covid-19, los países de la región han visto contraerse su economía. En 2020 esa reducción fue del 1,5% y de acuerdo con previsiones del Banco de Desarrollo Asiático el año que terminó la recuperación alcanzó a 7%, pero se espera una nueva desaceleración del 5,3% en 2022.
Millones de empleos se han perdido, y eso ha redundado en un menor volumen de manufactura y embarque de productos que está afectando las cadenas de suministro a nivel mundial. Verse involucrados en el tratado de libre comercio más grande del planeta representará un impulso para paliar los efectos de la pandemia.
El RCEP también tiene sus críticos, que encuentran lagunas importantes y ventajas desproporcionadas para la mayor economía del área, China. De hecho, India, la cuarta economía del planeta, decidió no plegarse al acuerdo ante el temor de que las importaciones chinas arrasaran con sus mercados. India, además, es un adversario geopolítico directo de China y hace casi un año, el 25 de enero de 2021, sus ejércitos se enfrentaron en los Himalayas. Ambas naciones son las dos más pobladas del planeta, ambas con unos 1.400 millones de habitantes cada una.
El RCEP reduce barreras en el intercambio de bienes agrícolas, bienes terminados y componentes, que constituyen la mayor parte de las exportaciones de los países del bloque, pero ofrece pocas luces sobre el comercio de servicios o la operación de compañías en economías distintas a las de sus países de origen.
Tampoco tiene previsiones particularmente exigentes en materia de derechos laborales o impacto medioambiental, aspectos fundamentales en cualquier tratado que se firme con la Unión Europea y otros países occidentales. Por ejemplo, la Asociación Transpacífica, pacto con muchos de los mismos países a excepción de China, comprende reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental.
Según diarios económicos, organizaciones de campesinos temen que el tratado traiga una pérdida de tierras de pequeños propietarios a favor de grandes empresas. En la última década, 9,6 millones de hectáreas de tierras han pasado a grandes multinacionales como la surcoreana Daewoo, la compañía de Singapur Wilmar, o la china Beidahuang, de acuerdo a la ONG Grain.
El equilibrio es otro de los aspectos donde los analistas ven grietas. Un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo elaborado en marzo advierte que el RCEP beneficiará la balanza comercial de países altamente desarrollados, como Japón, pero no la de otros con economías menos poderosas como Camboya.
En medio de estos claroscuros, los firmantes ven en el tratado una oportunidad de luchar contra la pobreza, abrirse a nuevos mercados y ampliar las fuentes de importación de partes, lo que fortalecerá la competitividad del sector de la manufactura, como aseguró el secretario de Comercio de Filipinas, Ramón López, al recomendar al Congreso la aprobación de la adhesión.
