El gobierno independentista catalán admitió ayer que la organización del referéndum de autodeterminación del 1º de octubre quedó alterada tras las operaciones policiales contra su infraestructura y algunos de sus altos cargos, contestadas con manifestaciones separatistas en Barcelona. "Es evidente que se han alterado las condiciones del juego, eso seguro", afirmó a la televisión pública catalana TV3 el vicepresidente del gobierno regional, Oriol Junqueras, cuyo departamento estaba a cargo de organizar la votación.
Y es que la presión contra la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, se incrementa cada día. Ayer, el Tribunal Constitucional anunció multas de 12.000 euros diarios a los miembros de la junta electoral creada para organizar la consulta, si no renuncian. El Ministerio del Interior, mientras tanto, fletó tres buques que estarán fondeados en Cataluña para alojar refuerzos policiales.
Todo ello después de que 14 altos cargos del gobierno regional fueran detenidos el miércoles, al tiempo que se requisaban millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales. Además, el gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la administración regional, excepto para el pago de servicios esenciales, que asumirá directamente Madrid. "Es evidente que no estamos pudiendo votar como siempre", afirmó Junqueras, en cuyo departamento detuvieron a cinco altos cargos, entre ellos su número dos, Josep María Jové.
Ocho de los 14 arrestados quedaron ayer ya en libertad. Siguen detenidos Jové y el secretario de Hacienda del gobierno catalán, Lluís Salvadó, según una portavoz de la consejería regional de Economía.
Pese a todo esto, el presidente catalán Carles Puigdemont difundió en su cuenta de Twitter un enlace para que cada elector pueda ver dónde le corresponde votar el 1º de octubre. Además, consideró en una tribuna publicada en el diario británico The Guardian que la Comisión Europea tiene "el deber de intervenir" ante un gobierno español que, en su opinión, "ha vulnerado la Carta europea de Derechos Fundamentales". Por su lado, Rajoy tachó el miércoles de "quimera imposible" la celebración del referéndum, y pidió a los independentistas renunciar "a esta escalada de radicalidad y de desobediencia". "Logísticamente, este referéndum ya no se va a celebrar", aseguró asimismo ayer el ministro portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, dando ya por desmantelada la consulta unilateral. "No sigan en la línea de la ruptura de la convivencia, vamos a volver a la ley y vamos a seguir hablando", pidió a las autoridades catalanas.
"Estamos muy quemados"
Las últimas actuaciones policiales crisparon los ánimos de los independentistas en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes. "El camino hacia el 1º de octubre está lleno de movilizaciones", advirtió el presidente de la organización independentista Omnium, Jordi Cuixart.
Ayer, miles de personas con banderas independentistas se concentraron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al Arco del Triunfo de Barcelona, para pedir la liberación de los funcionarios aún detenidos. "Estamos muy quemados con todo lo que se está haciendo para impedir que un pueblo se exprese", dijo Ana Robredo, de 57 años y procedente de otra región española, La Rioja (norte). "Me indigna pertenecer a un Estado en el que se hacen estas cosas, con el apoyo de la oposición" socialista, abundó José María de Mingo Sierra, un hombre de 48 años, que trabaja en una empresa como responsable de marketing. "No soy partidario de la independencia. Soy partidario de que dejen votar, que la gente se pronuncie y opine libremente si quiere ser independiente o no. El referéndum independentista calmaría las cosas unos años", opinaba a pocas cuadras de allí Juan José Moya, conserje de un edificio situado en el céntrico Paseo de Gracia.
Consecuencias catastróficas
Rajoy, en el poder desde finales de 2011, rechazó negociar la organización de este referéndum que una buena parte de Cataluña reclama desde 2012. Los conservadores del PP cuentan con el apoyo de los centristas de Ciudadanos y del principal partido opositor, el Partido Socialista (PSOE), que también pide una solución política al conflicto.
El FC Barcelona, las universidades públicas o el popular festival de música Primavera Sound criticaron también la reacción de Madrid. Y en el Gran Teatro del Liceo, símbolo de la burguesía catalana, los asistentes cantaron el miércoles el himno catalán, según mostraron videos en las redes sociales.
En el extranjero, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se mostró también crítica con el gobierno español, afirmando que le "preocupa" que "un Estado le niegue a un pueblo expresar democráticamente su voluntad". Los separatistas son mayoría en el Parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia. En las elecciones regionales de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6 por ciento de los votos, mientras que los partidos de la oposición recabaron un 51,28 por ciento.
La Unión Europea (UE), en tanto, mostró una cauta preocupación sobre el tema. No obstante, aseguró que la consulta separatista catalana "es un asunto interno de España
No ceden. Separatistas colmaron las calles de Barcelona en repudio a los operativos del gobierno central.
