El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró, por primera vez, su preocupación por la "cantidad de presos políticos" en Venezuela. "Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela", afirmó Moreno en su mensaje semanal de televisión. Moreno dio así un paso drástico en su diferenciación del anterior presidente, Rafael Correa, a cuyo partido pertenece. Correa fue un histórico aliado del régimen bolivariano desde los tiempos de su fundador, Hugo Chávez. Moreno ha interpretado desde la campaña que lo llevó a la presidencia en mayo pasado una posición más moderada y conciliadora que el confrontativo Correa.
"Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológica y política, la vida es sagrada e intocable; la muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente", agregó Moreno. "No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos", afirmó Moreno tras señalar que, para él, "la democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores". En un balance publicado el pasado viernes, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó 676 presos políticos y denunció la "ola de persecución" contra alcaldes no alineados con el chavismo, que ha llevado a condenas sumarias de prisión para al menos cinco de ellos en pocos días. El presidente de Ecuador también dijo que "el mejor mecanismo" para resolver los problemas en un Estado "es la democracia directa", la misma que "para los mandatarios debería ser la última palabra". "Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia", remarcó el mandatario ecuatoriano, al expresar la profunda solidaridad de su país con el pueblo venezolano. "Nuestro más hondo deseo de que pronto (Venezuela) alcance la paz y que no se derrame una sola gota más de sangre", subrayó Moreno en el mensaje.
Las declaraciones de Moreno marcan incluso una neta diferencia con su propio gabinete. Hace una semana en Caracas por su canciller María Fernanda Espinoza quien durante la VI Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) dijo que era "fundamental defender nuestros procesos progresistas y revolucionarios y tender puentes entre nosotros".
Pero un factor que empujó el cambio de postura es la presencia de venezolanos en Ecuador, que ha ido en constante aumento. Organizaciones de derechos humanos estiman que en los últimos cinco años unos 28.000 venezolanos ingresaron a Ecuador y no registraron su salida del país. La Misión Scalabriniana, una organización que protege los derechos de los inmigrantes, dijo en julio que "entre 300 a 400 personas diarias" provenientes de Venezuela se presentan al principal control migratorio en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Desde el 1º de abril, Venezuela ha sido escenario de masivas protestas contra el gobierno chavista de Nicolás Maduro, con un balance de más de 140 muertos, aunque el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, asegura que esa cifra contabilizada por su antecesora, Luisa Ortega, es exagerada, al incluir a personas fallecidas en contextos distintos a las manifestaciones. Pero el Foro Penal Venezolano ayer denunció una lista impresionante de personas afectadas por la represión del Estado chavista. Enumeraron, desde el 1º de abril: 5.326 arrestos, de los que 1.048 siguen detenidos; 655 civiles sometidos a tribunales militares, una aberración que ha costado numerosos repudios al gobierno, incluso desde su propio sector ideológico y 676 presos políticos. Un récord digno de una dictadura, como llaman ya muchos medios al gobierno de Nicolás Maduro.
En tanto, el régimen chavista sigue su consolidación mediante la reforma constitucional, que se arrogó poderes absolutos. Los magistrados del Tribunal Supremo fueron ratificados tras subordinarse a la Constituyente y propusieron elevar las penas de delitos como " terrorismo y traición a la patria". A juicio del Supremo, esos delitos deben ser castigados con más de 50 años. Actualmente, la Constitución aún vigente establece penas máximas de 30 años. La Constituyente ya ha prometido castigar a los líderes opositores que promuevan las protestas contra Maduro.
