Chile va a las urnas para adherir o rechazar el proyecto de nueva Constitución

Los chilenos y chilenas irán mañana a las urnas para decidir el destino del proyecto de nueva Constitución que busca dejar atrás a la escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la cual podría seguir vigente si gana la opción de rechazo al texto, como anticipan las encuestas.

Según los sondeos, la opción rechazo supera en cerca de diez puntos porcentuales a la de apruebo, aunque el cierre de campaña generó dudas, después de que el sector a favor del nuevo texto constitucional realizara el jueves un acto masivo en Santiago, que según sus organizadores alcanzó las 500 mil personas. Mientras que los que se oponen apenas juntaran a unos cientos de adherentes.

Las estimaciones de las encuestas contrastan también con el 80% que en el plebiscito de 2020 votó a favor de redactar una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.

Esta situación está vinculada en parte con que algunos miembros de la Convención Constituyente, que en general no pertenecían a los partidos políticos, “defraudaron a buena parte de las personas que apostaron por estos nuevos nombres como portadores de la voluntad popular”, señaló Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

También lo relacionó con la campaña de “fake news” que instalaron en medios de comunicación y las redes sociales los sectores de derecha, que aportó al temor por parte de la población indecisa, estimada en entre el 10% y el 15%.

Por su parte, el politólogo Marcelo Mella Polanco apuntó que “este nuevo proyecto no conecta con el sentido común de la mayor parte del electorado, que quiere cambios, pero de forma gradual”.

De hecho, el contenido de la nueva Carta Magna recibió críticas tanto de la derecha como desde el oficialismo, que ya anticipó que habrá cambios al texto en caso de ganar el apruebo.

Algunos de los aspectos que se consideran más controvertidos están vinculados al nuevo Poder Judicial, el consentimiento indígena para cambios constitucionales, la eliminación del Senado por la Cámara de las Regiones y la reelección presidencial.

La actual Constitución pinochetista, a pesar de tener una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue el centro de los reclamos ciudadanos durante el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre la mayoría de los partidos para redactar una nueva Carta Magna.

Por eso, cualquiera sea el resultado del domingo, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.

El plebiscito se realizará mañana de 8 a 18 (9 a 19 de Argentina), con más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar, de las cuales hay casi 100.000 en el exterior.

apruebono.jpeg

Manifestantes contrarios a la Nueva Constitución, anteayer en Santiago. La opción del rechazo lidera los sondeos.

A diferencia de otras elecciones, el voto será obligatorio, por lo que todo el padrón podrá volcarse a las urnas, lo que genera algo de incertidumbre en el resultado, ya que en Chile el sufragio es voluntario y solamente cerca del 50% asiste habitualmente a los centros de votación.

Al ser obligatorio y por la importancia de la elección, el Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que votarán más de las ocho millones de personas que lo hicieron en la segunda vuelta presidencial de diciembre pasado, cuando Gabriel Boric fue electo con la participación de 55,02% del padrón. Ante una gran afluencia de personas, no se descarta que las mesas cierren después del horario previsto.

El de la reforma es un proceso que inició hace casi tres años con el estallido social que se dio a partir del 6 de octubre de 2019, cuando el Ministerio de Transporte y el Panel de Expertos del Transporte Público acordaron un alza de 30 pesos (0,033 dólares) en el valor del subte de Santiago, lo que dio lugar a las primeras manifestaciones y evasiones masivas del transporte público.

Estas manifestaciones terminaron con destrozos en diferentes estaciones del metro, que se fueron extendiendo durante el mes hasta llegar al 18 de octubre, cuando 118 estaciones fueron objeto de ataques, siete de ellas totalmente quemadas,18 de manera parcial y 93 con múltiples daños, lo que se sumó a diversas manifestaciones a lo largo del país.

El presidente de Chile en esa época, Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia y toque de queda en Santiago y otras regiones del país tras lo ocurrido.

Sin embargo, las manifestaciones continuaron y el 25 de octubre se realizó una marcha histórica con más de 1,5 millones de personas congregadas en el centro de Santiago, que reclamaron por demandas sociales, entre la que destacaba una nueva Constitución, que reemplazara a la vigente desde 1980, elaborada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Una de las consignas era “no son 30 pesos, son 30 años”, dando cuenta de que el problema no fue el alza en el transporte, sino la desigualdad y la falta de derechos sociales, que no se pudo resolver desde el retorno a la democracia en 1990.

Tras extensas negociaciones, el oficialismo y la oposición lograron llegar a un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que consistió principalmente en establecer un plebiscito de entrada para elegir si se aprobaba la redacción de una nueva Carta Magna, así como el órgano que la elaboraría.

De ahí en adelante el proceso constituyente empezó a avanzar tras el triunfo del apruebo en el plebiscito de entrada con cerca del 80% de los votos, lo que permitió continuar con la elección de los 155 constituyentes, quienes desde el 4 de julio de 2021 trabajaron en la redacción de la propuesta de nueva Constitución, que fue entregada un año después al presidente Gabriel Boric.