Bolsonaro pasa por el peor momento de su presidencia, con solo 23% de respaldos en los sondeos.
El gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el máximo desafío desde que asumió el cargo. En medio de crecientes acusaciones por la mala gestión de la pandemia y un reciente escándalo por sobreprecios en la compra de la vacuna Covaxin, se presentó en el Congreso un pedido de 'impeachment', liderado por 11 partidos políticos y decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Son 123 las solicitudes de 'impeachment' las que enfrenta el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Esto después de que una coalición de 11 partidos políticos, apoyada por decenas de organizaciones civiles y sindicatos, presentara todas estas demandas unidas en un solo documento ante la Cámara de Diputados del país.
Al mandatario se le acusa de 23 delitos por los que podría ser destituido, muchos relacionados con su gestión de la pandemia del Covid-19. Ya existe en el Senado una la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil (CPI), que se dedica a investigar el desempeño del gobierno en la pandemia.
Entre las pesquisas figura el caso de un contrato para la importación de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech. El convenio, suspendido temporalmente el pasado martes 29 de junio en medio de irregularidades, estipulaba la adquisición de estas dosis a un precio de 320 millones de dólares, lo que supondría un incremento de hasta el 1.000% del precio real.
En el caso, Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, aseguró a principios de año ante la CPI haber enfrentado “presiones atípicas” para autorizar y acelerar la compra de las dosis y señaló haberse acordado un pago adelantado por un valor de 45 millones dólares a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato.
Pero el meollo del asunto, que apunta directamente a Bolsonaro, es el hecho de que el hermano de Ricardo Miranda, el diputado oficialista Luis Miranda, afirmó que días después de la firma del contrato había comunicado personalmente al presidente sobre las incoherencias del convenio y dijo que el mandatario habría admitido que se trataba de algo "grave". Bolsonaro rechaza cualquier culpabilidad en las negociaciones de Covaxin
Tanto Bharat Biotech como Bolsonaro han negado haber actuado ilegalmente. El mandatario aseguró días atrás que desconocía el desarrollo de las negociaciones de la vacuna, "No tengo cómo saber lo que sucede en los ministerios", aseguró a la prensa.
Las encuestas reflejan el desgaste de su mandato. Un sondeo del Instituto IPEC indica que el presidente habría perdido una tercera parte de sus votantes de 2018 y apunta a que tan solo cuenta con una intención de voto del 23% para su reelección, cuando en 2018 fue elegido con el 55% de los votos.
Esto sucede cuando la pandemia ha dejado ya más de 515.000 muertes y 18,5 millones de contagios en el país, que cuenta con más de 210 millones de habitantes. Mientras la CPI investiga demoras en la compra de vacunas o por la compra -impulsada por Bolsonaro- con elevadas sumas de dinero público para adquirir fármacos cuya efectividad contra el coronavirus ha sido descartada, como es el caso de la cloroquina.
Se suma el despido del director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias. La salida del funcionario se anunció luego de que el diario ‘Folha de Sao Paulo’ informara que Dias había pedido a un proveedor de vacunas que aumentara los precios de cada dosis en un dólar, para un pedido de 400 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca.
El periódico brasileño citó al empresario Luiz Paulo Dominguetti, propietario de la compañía Davati Medical Supply, quien aseguró haber ofrecido a Dias la compra de las vacunas y reveló que el funcionario le había dicho que el Ministerio de Salud solo compraría las dosis si la empresa aceptaba aumentar los precios, por lo que afirmó haber rechazado la propuesta. Por su parte, un funcionario de AstraZeneca aseguró a la agencia de noticias Associated Press no tener vínculo alguno con Davati Medical Supply.
En este contexto, se presenta la petición de destitución formalizada por 11 partidos de izquierda y de centro. Entre los principales promotores está el Partido de los Trabajadores, del expresidente Lula da Silva, quien de acuerdo con el IPEC se perfila como el principal contendor de Bolsonaro en una eventual primera vuelta de 2022.
Pero a la coalición se suman también legisladores de derecha que fueron sus aliados, como los diputados Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña; y Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal y exjefe del grupo oficialista en la Cámara hasta 2019. "Fui líder de ese ogro, de ese monstruo, del peor presidente que ha tenido el país", dijo Hasselmann tras firmar el documento.
El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, minimizó la viabilidad del 'impeachment'. "No hay espacio para que prospere una solicitud de juicio político. Estamos a un año más o menos de las elecciones. Vamos a dejar que el proceso continúe y llegar a octubre del próximo año para ver qué pasa", señaló.
Para que la demanda sea tramitada, esta deberá pasar el filtro del jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado tradicional del mandatario y quien ha rechazado hasta el momento todos los pedidos de juicio político en su contra. Sin embargo, el descontento no solo está en el Parlamento. Este fin de semana continuarán las manifestaciones, con una convocatoria a marchar en contra de Bolsonaro.
El Enargás habilitó a partir del 1º de mayo los nuevos cuadros tarifarios en la previa de los meses de mayor consumo por el frío. El aumento alcanzará a hogares, comercios, industrias, GNC y entidades de bien público.
Por Tomás Barrandeguy
Por Silvia Carafa
Por Lucas Vitantonio