Vía decretos, pasaron las escuchas a la Corte y frenaron el Código Penal

El gobierno firmará antes del 10 de enero próximo dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) a través de los cuales suspenderá la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y, además, pasará a la Corte Suprema el control de las escuchas judiciales. El anuncio corrió por cuenta del ministro de Justicia, Germán Garavano, durante un brindis con periodistas que se celebró ayer en la sede de la cartera que conduce.

"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la comisión bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", señaló el ministro.

En tanto, Garavano confirmó las informaciones que habían adelantado el último fin de semana algunos medios en torno al pase de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema.

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección Observaciones Judiciales de la Side, más conocida como "Ojota", pero a mediados de año, con la reforma de la central de espías bajo el nombre de AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño (ver aparte).

En breve, el gobierno de Mauricio Macri modificará esa situación para que las escuchas judiciales dependan de la Corte Suprema, porque —según explicó Garavano— existía un "peligro" de derechos que pudieran verse afectados ya que una de las partes de un investigación judicial (la Fiscalía) tenía el control sobre esas pruebas.

"No tiene lógica que los fiscales estén a cargo, cuando son los jueces los únicos que pueden autorizarlas", argumentó Garavano.

"Se traspasarán todas las oficinas a la Corte. Debería ser un equipo técnico, muy aséptico, respetuoso de las garantías y que se ocupe de estas cuestiones", señaló Garavano, tras precisar que le anticiparon la decisión al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Aclaró, no obstante, que Lorenzetti ya había manifestado su intención de que así fuera.

Garavano criticó que hasta ahora "siempre que hubo necesidades políticas se hicieron reformas" en el ámbito judicial, y aseguró que ahora están trabajando para "poder generar una justicia para 2020 transparente, confiable y cercana" a la gente, con "cambios progresivos a lo largo del tiempo".

Cuando le preguntaron qué pasará con jueces cuestionados, el ministro señaló que "eso le corresponderá al Consejo de la Magistratura" y abogó por un "cambio virtuoso para que los sistemas se vayan depurando".

Por último, Garavano confirmó que se está trabajando en ideas como el juicio en ausencia y "otras alternativas" para el caso de la Amia y reconoció que "es muy difícil" cuando pasaron tantos años de impunidad y falta de respuestas.

Además, el ministro insistió en que deberían "dar un paso al costado" aquellos "protagonistas" judiciales que "quedaron muy comprometidos" políticamente. Sin mencionar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la incluyó en ese pedido e invitó a otros a sumarse.

"Esperamos que muchos de los jueces, fiscales, procuradores que han tenido un protagonismo excesivo y que han sido muy cuestionados, y que quedaron muy comprometidos, den un paso al costado", insistió.

Precisamente, el ministro ya le había anticipado a Gils Carbó la decisión de suspender la implementación del Código Procesal Penal, que estaba prevista para implementarse para el 1º de marzo de 2016 con un sistema acusatorio a cargo de los fiscales. "Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", afirmó. No obstante, aseguró que el nuevos sistema acusatorio que prevé que los fiscales conduzcan las investigaciones en el ámbito de la Justicia federal será implementado pese a la suspensión.

"Con esto vuelve Antonio Stiuso"

La titular del Dicom, la fiscal Cristina Caamaño, afirmó ayer que “la Corte no está capacitada para realizar escuchas, y lo que van a hacer es devolverle el tema al Poder Ejecutivo, con lo cual vuelve (el ex espía Antonio Jaime) Stiuso; no en persona sino la gente de él”. Consideró que el traslado a la Corte “está vedado al Poder Ejecutivo ya que los decretos impiden meterse en materia penal, tributaria y electoral, y además no hay ninguna necesidad ni urgencia”.