Qué sucede cuando los tres poderes del Estado trabajan juntos y cómo se busca cambiar la realidad en los barrios más castigados por la violencia
Por Diego Veiga
La tumba de Máximo Jerez, el nene de la comunidad Qom asesinado en 2023 en el barrio Los Pumitas en medio de una disputa narco.
Imagen: captura de TV
Tras el crimen del pequeño Máximo hubo una pueblada en el barrio Los Pumitas.
Marcos Daloia, chofer de la línea K, fue baleado el jueves 7 de marzo de 2024 y murió tres días más tarde.
La bandera argentina y la imagen de las Islas Malvinas, dos símbolos que se respetan y no se vandalizan.
Tras el crimen de Máximo Jerez hubo un gran despliegue de fuerzas federales en el barrio.
“Nos dicen irónicamente que hacemos placitas, pero no entienden que eso es un eslabón más en la tarea por recuperar el terreno que lamentablemente habían ganado los delincuentes", dice un funcionario municipal mientras cuenta cómo será el plan que comenzará a implementarse en los barrios que fueron más castigados por el narco.
El lugar más emblemático es Los Pumitas, en la zona noroeste. El barrio donde el 5 de marzo de 2023 mataron al pequeño Máximo Jerez, de 11 años, de un tiro en el pecho. El nene jugaba en la vereda cuando quedó en medio de un tiroteo de bandas antagónicas que se disputaban el negocio del narcomenudeo en esa castigada barriada rosarina.
Junto a Máximo estaban tres primos que también fueron heridos a balazos y se salvaron: un nene de 13 que recibió un tiro en el pecho, una nena de 2 a la que un proyectil le impactó en el brazo derecho y otro adolescente de 13 al que una bala le dio en la boca. Un día después una pueblada destruyó al menos tres presuntos búnkers de drogas y fue necesario el desembarco de fuerzas federales para calmar la situación.
A ese fatídico 5 de marzo no se había llegado por casualidad. Fueron años de abandono y de retiro de un Estado que hablaba de "estigmatización" de la ciudad mientras el narco avanzaba con complicidades en todos los poderes.
Exactamente un año después, el 5 de marzo de 2024, comenzaba la saga de crímenes de trabajadores en sus puestos de empleo. La violencia terrorista terminó con las vidas de dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio. La ciudad estaba en shock y el gobierno provincial adjudicaba estos demenciales atentados al endurecimiento de las condiciones de presos de alto perfil dentro de las cárceles.
Desde esos momentos hasta hoy fue necesario cambiar el eje de trabajo o al menos entender que había que dejar de hablar de "estigmatización" o de hacer campañas prometiendo luces azules (por las de los patrulleros) y spots televisivos sacudiendo polvo blanco de una mesa emulando "barrer" al narco. Se armó un comando unificado de fuerzas federales, se comenzó a intercambiar información entre municipio, provincia y Nación, y ahora, más de tres años después, comenzarán obras necesarias e impostergables.
El trabajo, denominado "Plan de Pacificación", busca cambiar los entornos y llega tras una primera etapa que fue la del despliegue policial y la necesaria baja de la violencia. Se centrará en sectores clave como Empalme Graneros, Larrea, Cotar, Mangrullo y accesos a la autopista a Buenos Aires, entre otros. Se licitarán trabajos de pavimento definitivo, apertura de calles y hasta está previsto el desmantelamiento de un estadio de fútbol para dar lugar a espacios verdes. Las "placitas" que tanto critican quienes se abrazan y hacen campañas con usurpadores y poco afectos a la propiedad privada.
"Las plazas generan apropiación. La gente se reúne en ellas, vuelve a estar en sociedad” explican en los despachos oficiales, donde percibieron que hay algo en el ejido urbano que no se vandaliza: la bandera argentina y las Islas Malvinas. Los paredones que se pintan con esos colores no se tocan. Son símbolos a los que ninguna grieta daña. Hay como un acuerdo tácito. Eso se respeta.
En barrios donde la violencia se adueñó de todo, el intercambio de información permite saber que un herido de bala tal vez no puede ser externado y regresar a la misma zona. Regresar implicaría su muerte o la de sus familiares. Para eso es necesario trabajo barrial. Muchas veces eso no se hizo, o se hizo mal. Prueba de esto es lo que sucedió en la Zona Cero, en la salida hacia Ybarlucea, donde para avanzar con obras se relocalizó a familias en la zona sur de la ciudad. Y al no haber manejado bien la "data de calle” se facilitó el traslado de algunas bandas que operaban en el noroeste hacia la zona sur.
"Es como que se esparció una mancha de aceite”, admite una fuente consultada que aprendió de esa mala praxis. Ahora las licitaciones están a punto de lanzarse. El objetivo: cambiar las zonas en las que había una ausencia estatal. Mirarlas es una política de Estado; y en eso, como en no pintar la bandera y las Islas, tampoco debería haber grietas.
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