A veces la gente se engancha en su supina ignorancia, con el apoyo de algunos medios de comunicación que ejercen su función de comunicadores sociales, con reclamos que pretenden tornar y/o hacer pasar como legal situaciones groseramente ilegales. Se debe recordar que los derechos de niñas y niños, se encuentran amparados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución nacional, lo cual le otorga a aquella, justamente, el carácter constitucional. Posteriormente, se dictó la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061), la cual es de aplicación obligatoria. En consecuencia, ninguna autoridad puede hacer la vista gorda y permitir situaciones de hecho que violen dicha ley, y por ende, el interés superior del niño, niña y/o adolescente. Los hechos ocurridos en Bigand, más precisamente en la denominada "La Casa del Sol Naciente", resultan ser hechos ilegales cometidos en violación de los derechos e interés superior del niño. Es decir violatorios de la ley, con el sólo y único fin de satisfacer un interés personal de quienes pretenden ser reconocidos como padres adoptivos de los menores en cuestión. Decir que lo ocurrido pasa siempre en estos casos —como se ha comentado en los medios—, es hacer pasar como algo normal una ilegalidad. Es igual que si una persona quiere ser padre y entonces cuando va caminando por la calle y ve un niño o niña que le gusta para ser su hijo, se lo apropia —en buen romance, lo secuestra— y se lo lleva a su casa. Total, con el tiempo, capaz que ya ni se acuerda de su familia de origen —como pretendió hacer entender y con ello justificar la situación de hecho, los otros días un periodista de la ciudad de Rosario—. Como dice el tango Cambalache: "Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador...". "Vivimos revolcados en un merengue, todos manoseados". La sociedad en general, se rasga las vestiduras hablando de la corrupción, de los chorros, traidores, pero en la primera de cambio comete —las más de las veces, a sabiendas— esos mismos hechos ilegales y luego haciéndose la cruz y poniendo caras de víctimas, pretende legalizar lo ilegal. Cuanta hipocresía. Por eso, saludo la resolución del doctor Marcelo Escola, juez de Familia de San Lorenzo, que ha puesto las cosas en su justo lugar.
