Una pareja de perseguidos políticos recuperó la paternidad de su hijo

Un hombre nacido en 1975 y cuyos abuelos maternos lo anotaron como hijo propio para preservar su vida y la de su madre de la persecución política, logró ahora que un juez impugne esa paternidad y reconozca a sus verdaderos progenitores, que lograron reconstruir la familia. Como decidió mantener el apellido, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley de nombres, que limita esa posibilidad.

El juez de Familia Ricardo Dutto resolvió así un caso atípico, inédito por su trasfondo sociopolítico, que refleja un profundo acto de amor de una familia entera que debió apelar a una situación límite, cuya finalidad era nada menos que salvar las vidas de una madre y sus hijos.

Juan y Alicia era militantes políticos en la década de 1970 en Santa Fe. Por esa actividad fueron detenidos el 26 de julio de 1972, hasta que los liberaron el 25 de mayo de 1973 por la amnistía del presidente Héctor Cámpora.

La pareja reanudó la vida en común y la militancia. El 14 de febrero de 1974 nació su primer hijo, Antonio V. Pero Juan fue nuevamente detenido el 2 de octubre de ese año en Morón (Buenos Aires), cuando su mujer transitaba un embarazo de cuatro meses.

Alicia vivía en la clandestinidad e indocumentada, ya que también existía orden de captura en su contra. En tanto, sus padres, E. y O., que acompañaban las ideas y actividades de su hija, recibieron amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

El 18 de octubre de 1974, la pareja sufrió un atentado en su domicilio que la obligó radicarse en Rosario. Pero igual mantenían contacto con su hija, que se afincó en Buenos Aires. Al momento del nacimiento de Juan M., el 21 de marzo de 1975, la situación familiar era angustiante. La mujer sabía que no podía inscribir a su nuevo hijo, ya que muchas personas habían sido secuestradas y desaparecidas al efectuar ese trámite en el Registro Civil.

Después de varios meses y ante la necesidad de proteger al recién nacido, los abuelos maternos decidieron inscribirlo como hijo propio. En noviembre de 1979 Alicia salió del país con sus dos hijos y se radicó en San Pablo, Brasil, bajo la modalidad de refugiados políticos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Juan salió de la cárcel en 1980. Pero recién en 1982 —plena transición hacia la democracia— pudo reunirse con su compañera y sus hijos. Más tarde, la pareja contrajo matrimonio el 21 de julio de 1983. Unos meses después nació su tercer y último hijo, Analía, que lleva el apellido paterno.

36 años después. Tras 36 años de figurar como hijo de sus abuelos, Juan decidió en 2011 iniciar una demanda para que el Estado reconozca su verdadera filiación, de la que siempre estuvo al tanto. Así, pidió que se anulara la paternidad de los abuelos, que están vivos y prestaron absoluto consentimiento para el trámite.

El hombre radicó lo que se denomina técnicamente impugnación de filiación matrimonial contra E. V. y O. M. (abuelos maternos), y acción de emplazamiento de estado —filiación matrimonial— de sus verdaderos padres biológicos.

Durante el trámite se acumularon las pruebas de rigor (acta de matrimonio de los demandados, certificado de nacimiento de Juan donde consta que es hijo de los abuelos, estudios de ADN, entre otros).

El juez dio curso a la petición y resolvió aceptar la impugnación de paternidad matrimonial de Juan M. respecto de sus abuelos, y lo declaró hijo matrimonial de Juan y de Alicia. Además, y para que conservara su apellido materno (tiene dos hijos cuya identidad no pretende modificar) el juez declaró la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 18.248 (de nombres) y ordenó al Registro Civil que mantenga esa inscripción. Y lo hizo por considerar "un acto de justicia" permitir la autodeterminación de mantenerlo, teniendo en cuenta que los padres eran "ciudadanos comprometidos en determinada militancia política en tiempos democráticos, perseguidos por una asociación ilícita armada con nutrientes estatales" que disimularon la inscripción de sus hijos recién nacidos para preservarlos "ante una posible vejación absoluta del derecho humano por excelencia, como es la vida".

Una deuda con sus progenitores

Según consta en el expediente, Juan sentía una “deuda histórica con sus padres biológicos”. Y se agrega que “por el temor internalizado en sus primeros años de vida le impidió hacerlo antes, pero que conforme la realidad que vive el país, el cese de la impunidad y el enjuiciamiento de los responsables del terrorismo de Estado le dan un marco de seguridad. A ello por supuesto, también prestaron conformidad sus abuelos, quienes en un acto de profundo amor lo anotaron como hijo propio para salvarle la vida a él, a su madre y a un hermano mayor.