Las nuevas urbanizaciones entre Rosario e Ibarlucea marcan un polémico contraste entre los público y lo privado. Con menos de cien metros de distancia, un lote incluido en el programa "Mi tierra, mi casa" puede adquirirse con más servicios que un loteo inmobiliario y a menos de la mitad de su valor el metro cuadrado. "Los costos que maneja el mercado esconden no sólo parte de la ganancia empresaria sino mucho de especulación. En barrios abiertos y cerrados de la ciudad se llega a pagar hasta 90 y 100 dólares el metro cuadrado", indicó el secretario de Hábitat santafesino Gustavo Leone.
Desde que el Estado comenzó a facilitar el crédito para la vivienda única (tanto "Mi tierra, mi casa", en la provincia, como el Procrear de la Nación), el debate por el acceso al techo propio dejó a la oferta inmobiliaria en una polémica posición.
Contraste. En el caso del Parque Habitacional Ibarlucea, los valores que se manejan van desde los 48.500 a 85.000 pesos, según la superficie, que puede ir desde los 200 a 350 metros cuadrados. Esto arroja una cotización por metro cuadrado de 242 pesos.
Frente al loteo provincial se encuentra el country del club Logaritmo, donde el valor por metro cuadrado se maneja en 48 dólares, lo que equivalen a unos 380 ó 542 pesos, según la cotización que se maneje.
La diferencia superior si se tiene en cuenta que en Logaritmo no hay cordón cuneta ni servicio de agua potable. A la hora de valorizar cuánto le cuesta al Estado llevar esos servicios a su predio, Leone indicó que la incidencia implica "pensar desde el vamos en una diferencia adicional de hasta 30 mil pesos por parcela, sin contar impuestos".
Por una nueva ley. Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero también ponen en agenda una normativa de suelos en Santa Fe. El proyecto de la Casa Gris fue enviado en mayo de 2013 a la Legislatura (nunca fue tratada) y establece un conjunto de herramientas que contribuyen a la consolidación de un marco legal más igualitario en materia de acceso a la tierra. Esto le permitiría al Estado provincial y a los municipios avanzar en la construcción de viviendas y revertir situaciones de informalidad urbana.
"Estamos adjudicando terrenos en la zona noroeste de Rosario cuyo costo es de menos de la mitad de lo que ofrece el mercado inmobiliario en el mismo sector", indicó Leone. La referencia es a los 1.400 lotes en plena urbanización y otros 580 en el loteo Avellaneda Oeste.
En ambos casos, una vez concluidas las obras (se estima para mayo) los beneficiarios podrán tomar posesión de las parcelas, acordando un plan de pago que consta de un anticipo del 25 por ciento y el resto en hasta 60 cuotas sin interés.
"Estamos muy conformes porque seguimos lo planteado por el gobernador Antonio Bonfatti", dijo el secretario de Estado del Hábitat al recordar que los terrenos que ofrece la provincia cuentan con cordón cuneta, desagües pluviales, alcantarillado, pilar, sistema eléctrico y servicio de agua potable.
Sobre los valores de mercado en materia de suelo con infraestructura, Leone consideró que "la ley no va a eliminar la especulación inmobiliaria, pero se puede avanzar sobre esas contradicciones: una disponibilidad de lotes ociosos, vacantes, en engorde, de altos valores especulativos y miles de familias en lista de espera de una solución habitacional".
"Que aporten". Sin medias tintas, el funcionario afirmó que las nuevas urbanizaciones deben contribuir a resolver la demanda habitacional de los municipios y comunas.
"Sería ideal que todos ellos aporten infraestructura social o viviendas para las familias que se encuentran en lista de espera. Por ejemplo, un proyecto de 900 lotes, como el llamado Don Mateo (en Funes), debe aportar no menos de 100 a 150 lotes o compensación equivalente para resolver las necesidades de vivienda registradas en el municipio que autoriza la nueva urbanización", indicó.
El problema del suelo no es menor: existen registradas en Santa Fe más de 5.500 familias que, si bien han sido beneficiarias del sorteo de créditos para construir su vivienda, no alcanzan siquiera a adquirir el lote con el valor asignado. O si adquieren el lote, no pueden resolver la construcción de su propiedad.
Estado y mercado. "Es fundamental que los gobiernos locales visualicen la importancia de sus normativas y regulaciones locales en la posibilidad de generar suelo. Hay ciudades que han autorizado mas de 15 mil nuevos lotes en los últimos diez años y, a lo largo de ese tiempo, la cantidad de familias en lista de espera de planes de viviendas oficiales creció", señaló Leone.
En esa línea, el funcionario prosiguió: "No se pueden habilitar grandes extensiones para el mercado inmobiliario y no exigir nada a cambio. Luego es el Estado el que debe llevar los servicios de transporte, recolección de residuos, corte de yuyos, zanjeos e infraestructuras sociales y urbanas (escuelas, comisarías, centros de salud). Y, además, hacerse cargo del déficit habitacional".
En el caso de Rosario, si hubiese una ley de suelo la ciudad contaría con al menos un 10 por ciento de su superficie para resolver su demanda habitacional.
