Enclavado en un valle de una de las regiones más pintorescas de España, la localidad de Rasquera (en la zona de Gerona) ha aceptado ceder terrenos municipales para el cultivo de marihuana, una idea que el ayuntamiento (la comuna) espera que le ayude a pagar sus deudas de 1,3 millón de euros en dos años.
El ayuntamiento no ha querido informar la localización exacta de los terrenos mientras el gobierno central investiga la legalidad del proyecto. La Generalitat también ha pedido más información al pueblo sobre su plan.
Los ayuntamientos españoles están ahogados por las deudas después de que la burbuja inmobiliaria explotara en 2008 tras una década del boom vinculado a la construcción.
Casi uno de cada cuatro trabajadores está desempleado y muchas ciudades adeudan meses de salarios a los barrenderos y otros servicios municipales.
Ahora el gobierno les está exigiendo apretarse el cinturón aún más, dentro de un duro ajuste presupuestario obligado por los compromisos con la Unión Europea, en plena crisis de deuda de la zona euro.
El alcalde de Rasquera, una localidad de 900 habitantes, sostiene que el proyecto no sólo beneficiará a los vecinos sino que acabará con la delincuencia organizada y la evasión fiscal asociada con el cannabis gracias a la supervisión pública.
"Queremos acabar con las mafias, queremos acabar con el mercado negro, con la economía sumergida", dijo Bernat Pellisa, alcalde de Rasquera desde hace nueve años.
"Y este humilde alcalde lo único que ha intentado es fiscalizar todo esto para repercutirlo en beneficios para la sociedad y los vecinos de nuestro pueblo", añadió.
La Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda) pagará a Rasquera 54.170 euros al mes desde julio de 2012 por unas 15 hectáreas de terreno y las autoridades locales esperan que la finca genere 40 empleos en el pueblo.
Celebran el plan. La propuesta ha generado el debate sobre la legalidad del cannabis. La legislación española permite el cultivo mientras sea para un "uso personal y compartido". Traficar con la droga, sin embargo, está penado con hasta seis años de cárcel.
El alcalde dijo que los habitantes de Rasquera habían dado la bienvenida a la iniciativa mientras cumpla la ley.
"Es una posible solución para saldar la deuda que tiene el Ayuntamiento de este pueblo", dijo el residente de Rasquera Josep Francesc, de 22 años. "Están mirando si se puede hacer y es legal. Si se puede hacer, pues perfecto".
Dado que el cannabis se planta en marzo, ya se han pagado 36.000 euros y el cultivo podría empezar en breve.
Marta Suárez, portavoz de Abcda, dijo que "no es un proyecto orientado al negocio". La Abcda, con 5.000 miembros, tiene sede en Barcelona.
Si el proyecto sigue, los habitantes de Rasquera tendrán una alternativa a los cultivos tradicionales de aceituna, viña y cítricos. l (Reuters)
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores no asistirán a la planta, pero seguirán cobrando sus salarios. La UOM se movilizó y la CGT Rosario planteó una protesta regional
Por Lucas Ameriso
Por Rodolfo Parody
