El artículo 18 de la Constitución Nacional asegura que "ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo". En otras palabras, todos los ciudadanos somos inocentes
hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Pero, con el máximo respeto que la Carta Magna me
merece, quiero pensar el salvaje y trágico ataque a la barra brava rojinegra mediante un juego
periodístico basado en una pregunta: ¿Y si todos los argentinos fuéramos culpables hasta que la
Justicia demuestre lo contrario?
Entonces, la cadena de culpabilidades y complicidades en torno a un aberrante
hecho que se llevó la vida deun pibe de 14 años abarcaría no sólo a los integrantes de las barras
bravas sino también a los dirigentes de los clubes, a la policía, a la Justicia y a los medios de
comunicación. Pero vayamos por parte.
Paso a paso.En este juego propuesto lo más claro sería la culpabilidad de los
barras. Son ellos, aunque muchas veces se disfracen de simples simpatizantes, los que ponen sus
cuerpos en los enfrentamientos a tiros y puñaladas. Son ellos los que cuentan víctimas en su debe y
en su haber. Son ellos los que, con la excusa de alentar al equipo en las buenas y en las malas, de
local y visitante, exigen dádivas y vestimenta oficial a los jugadores; aprietan a los dirigentes
para conseguir entradas de favor y algo de dinero que les permita solventar los viajes; y negocian
con determinados sectores de la policía pagando impunidad y protección.
En un segundo escalón podríamos creer que los dirigentes también son culpables.
En su caso, por llenarse la boca sosteniendo que en sus clubes no hay barras bravas y que son
problemas que se dirimen puertas afuera de las instituciones cuando todos los fines de semana ven a
sus integrantes parados en los paraavalanchas. Cuando aceptan entregarles entradas para que
concurran a los partidos y les facilitan el alquiler de micros. Cuando les habilitan las puertas de
los estadios para que asuman el control de determinadas áreas institucionales a cambio de que les
garanticen un tranquilo ejercicio de sus funciones.
Sigamos jugando a burlar el articulado de la Constitución y digamos que también
es culpable la policía que hace la vista gorda ante los hechos más violentos registrados en las
canchas de fútbol en los últimos años. Que a pesar de apostarse en las puertas de los estadios para
controlar efectivamente el ingreso de los espectadores, cuando llega la barra se corren a un
costado tras negociar con ellos quiénes pasan y quiénes no. Que asegura investigar hasta las
últimas consecuencias todos y cada uno de los hechos pero nunca llega al final del camino. Que
siempre tiene en la mira a más de un sospechoso y cree saber por dónde va la cosa, pero nunca
encuentra a esas personas. Que, como dijo hace poco más de un año un suboficial que pagó su
franqueza con su pase a disponibilidad, nada de lo que hacen los barras puede ser ignorado por
determinados sectores de la fuerza.
A renglón seguido de esta parodia habría que nombrar a la Justicia, que inicia
sus investigaciones (¡malditos códigos!) a partir de los propios partes que le redacta la policía.
Así, en medio de la maraña burocrática, la falta de personal y de presupuesto, se van sumando
causas que nunca tienen culpables. Es que para llevar a juicio a alguien es necesario tener pruebas
fehacientes, y muchas veces esas pruebas no aparecen (¿o no se buscan?). Al menos así parece surgir
de meros archivos periodísticos que hablan de siete muertes en un lustro dentro de la interna
leprosa, ninguna de ellas con acusados juzgados.
Siga, siga.Y en el final del juego hagamos la autocrítica, aunque de más está
decir que no hay que matar al mensajero. Se dice que muchos medios tienen o han tenido estrechos
vínculos personales y económicos con los clubes de fútbol, por lo que hay determinadas cosas que
conviene no decir. Además, algunos periodistas que cubren las actividades de los clubes suelen
conocer detalles y pormenores de la relación entre jugadores, dirigentes y barras que por temor o
precaución prefieren guardar para sus archivos personales.
Pero como dije al principio, nada de esto es verdad. Sólo es un juego
periodístico, una ilusión escrita que nos hace creer que todos somos culpables y que es nuestra
obligación demostrar que nada tenemos que ver con los hechos que el vecino común de la ciudad nos
imputa. De no ser así, seríamos unos hipócritas que, escondidos tras diferentes máscaras
colaboraríamos para que nada se aclare y la pelota siga manchándose de sangre. Afortunadamente para
nosotros, la Constitución sigue vigente y nos protege.