Un comisario inspector de la policía provincial que hace dos años había sido apuntado por la
jueza federal Laura Cosidoy como recaudador en circuitos nocturnos para tolerar la venta de droga
demandó ahora a la magistrada por daños y perjuicios. La presentación judicial fue realizada por el
abogado Fernando Marzano en el Tribunal Colegiado de Daños Nº 6 a raíz de la denuncia que
Cosidoy formuló en abril del 2007 sobre inacción o connivencia policial hacia traficantes de
drogas. En esa oportunidad, Cosidoy había apuntado a Aldo Monzón. “El propio jefe de Drogas
Peligrosas va a cobrar a los boliches rosarinos en los cuales se venden drogas”, había dicho
la magistrada.
La jueza Cosidoy no retrocedió ante la divulgación de la presentación
del oficial. “Lo volvería a denunciar. Estoy convencida de lo que estoy diciendo. Si me
retractara, seria una falta de respeto para con la gente. Hice lo que sentía y actué en defensa de
lo que creo. Es una lucha que entablé por este tema (el narcotráfico) hace años”, dijo la
magistrada a La Capital.
El señalamiento de la jueza del Tribunal Federal Oral Nº 1 fue de
alto voltaje. Hace dos años sostuvo que la policía consentía el accionar de cuatro narcotraficantes
del sur provincial a los que mencionó. Que los montos recaudados por esas acciones ilícitas
escalaban a niveles de gobierno. Y que a veces descubrió en las pesquisas que el dinero del
narcotráfico derivó a campañas políticas.
“Limpiar mi nombre”. El otro actor protagónico de esta historia, el
comisario inspector Monzón, se quejó del perjuicio que le ocasionó la denuncia de Cosidoy. “A
raíz de que estuve durante dos meses en situación de disponibilidad perdí dinero. Me quitaron el
cargo y dejé de cobrar un plus por esa función. La demanda civil la hice para limpiar mi nombre
ante mi familia”, sostuvo el oficial, que actualmente se desempeña como subjefe del
departamento personal de la Jefatura de la policía provincial.
Monzón fue dos veces funcionario en Rosario. Primero como jefe de la
Brigada Operativa de Drogas Peligrosas y posteriormente como titular de Inteligencia de la
delegación local, cargo en el cual cesó en diciembre del 2006. Posteriormente fue designado como
subjefe de la Unidad Regional VI, en Villa Constitución. Luego, a raíz de la denuncia de la jueza
Cosidoy fue pasado a disponibilidad por disposición del gobierno provincial que encabezaba Jorge
Obeid.
Cosidoy ubicó la presunta conducta ilícita de este oficial en su primera
gestión. Dijo que supo de su acción irregular por cuantiosas informaciones llegadas a su despacho
de jueza y señaló que eran testimonios de dueños de boliches y de personas que frecuentaban el
medio. “Cuando fue jefe de la Brigada él personalmente recorría los boliches
recaudando”, había afirmado.
Ni indicios ni sospechas. Sin embargo, la denuncia presentada por Cosidoy, que fue
escueta, resultó archivada. La investigación se inició en un juzgado de instrucción provincial,
pero el magistrado interviniente se declaró incompetente. El caso fue girado entonces al fiscal
federal Nº 1 Marcelo Degiovanni y el funcionario judicial valoró que no había indicios o
sospechas para comenzar una pesquisa. El juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque decidió archivar
el caso.
Pero antes de dictar la resolución judicial, se libraron oficios en los
boliches que estaban apuntados por la supuesta venta de droga y se investigó si los dueños habían
pagado a Monzón para comercializar estupefacientes pero los resultados fueron negativos. Sobre esta
resolución, la integrante del Tribunal Oral Nº 1 prefirió no brindar su opinión. “Es
probable que pueda decir cosas que no sean las adecuadas”, se excusó. Y anunció que presentó
denuncias en la fiscalía Nº 1 en las que apuntó a numerosos boliches en los que se
comercializan estupefacientes.
El abogado Marzano, que patrocina al comisario Monzón, indicó que la
demanda está basada en el lucro cesante y en el daño moral. “El lucro cesante por lo que
hubiera recibido como sueldo ya que tenía perspectivas de ascender en la carrera policial porque
tenía un legajo sin antecedentes”, explicó el letrado. En tanto, Cosidoy contestará la
demanda a través del abogado Eduardo Scolara.