Tensión política tras duros reclamos de los empleados penitenciarios

Un masivo e inusual reclamo de empleados del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPP) instaló en el gobierno la sensación de que hay entablado un desafío para restaurar las épocas de "mano dura". Los guardiacárceles suscribieron un petitorio en el que expresan vivir bajo una situación de inseguridad y violencia que atribuyen a los internos. Situación que, según denuncian, soportan "desde que estas autoridades asumieron la Dirección del Servicio".

Lo que despertó este planteo fue un incidente del viernes pasado en la cárcel de Piñero. Allí dos jóvenes empleados fueron atacados en el acceso a un pabellón por tres reclusos con precarias armas cortantes. Los guardias sufrieron cortes leves pero lograron zafarse. Lo ocurrido conmovió a los empleados de la cárcel que en efecto contagio alcanzó a otras. El resultado fue el petititorio firmado por 140 guardias presentado tras una masiva asamblea en Santa Fe.

En ese texto se expusieron solicitudes variadas: los empleados requerían soluciones en la calidad del trabajo, regularización de licencias, asignación de bonificaciones por tareas que implican mayor tiempo de servicio y un freno "a la violencia tanto física como psicológica contra el personal que trabaja en cárceles de la provincia".

El secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti, respondió con un escrito en el que se fija un cronograma de encuentros a través de la elección de delegados entre los penitenciarios para hacer racional la discusión. Pero en su entorno valoran que bajo la legitimidad de ciertos reclamos asoma la arremetida de actores tradicionales del SPP, que añoran el retorno de la "política del garrote" en las cárceles provinciales.

El SPP, a cargo de Mariano Bufarini, dio réplica formal al petitorio. El lunes un grupo de guardias se reunió con funcionarios provinciales y acordaron una nueva cita para mañana en la que estará el ministro de Seguridad Daniel Cuenca.

En torno del planteo de la guardia la conducción del SPP manifiestó que se intentará dar respuesta a los reclamos laborales. Sobre el episodio de Piñero que motivó la reacción, destacó que existió denuncia penal para identificar a los agresores de los empleados y que nunca se dio instrucción alguna para que no se sancionen las faltas cometidas por los internos.

Corti dijo ayer a este diario que se ofreció a los empleados un canal institucional de diálogo con elección de delegados de las distintas unidades carcelarias para discutir las reivindicaciones. "Los planteos serán escuchados pero teniendo en cuenta de que hay ejes de la política penitenciaria que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo", subrayó.

La frase pareció destinada a la parte del petitorio que apunta a las autoridades y a las situaciones "que venimos soportando", lo que al venir de una institución de seguridad verticalizada que debe subordinación a sus mandos orilló el desafío político.

Tanto Leandro Corti como el director del SPP, Mariano Bufarini, son abogados jóvenes y docentes universitarios. Ambos prosiguen, aunque con matices diferentes, un tipo de gestión iniciada en 2004 que había implicado un abrupto golpe de timón en las políticas penitenciarias santafesinas: la que encabezó Fernando Rosúa.

El pasado. En aquellos días en las cárceles imperaba una orientación fuertemente cerrada a la visibilidad pública que estallaba en constantes motines y represión interna con altos saldos en heridos y muertos. La cárcel de Coronda llegó a alojar 1.500 internos lo que convirtió a esa prisión, la mayor de la provincia, en una hoguera con degradantes condiciones de vida intramuros: se habían eliminado los trabajos en talleres, los presos pasaban la mayor parte del tiempo encerrados y se colocaban dos y hasta tres internos por celda.

En ese contexto, y cuando empezaba a desmantelarse este rígido esquema, sobrevino la masacre del 11 de abril de 2005, con 14 presos asesinados.

Desde entonces se intentaron proyectos que buscaban desactivar esa alta conflictividad, restableciendo beneficios en las ejecuciones de las penas y derechos de los internos, en un difícil entorno.

En ese lapso antiguos oficiales identificados con la tradición más represiva fueron desplazados o perdiendo poder. En medio quedaban muchos empleados que realizan una tarea riesgosa con derechos laborales precarios o negados.

En relación a esto último Leandro Corti planteó ayer su compromiso para encontrar soluciones. El límite de las autoridades será reponer a los actores que predican el retorno de políticas de "mano dura".