El ministro de Justicia, Héctor Superti, reiteró ayer su requerimiento para que todos los
poderes del Estado provincial sumen aportes para establecer una política coordinada contra la
corrupción policial. Fundamentó su planteo en que existen seis mil causas abiertas por presuntos
ilícitos de personal de la fuerza en los últimos diez años. Y allí aludió nuevamente a su
controversia con el procurador general de la Corte Suprema, Agustín Basso: dijo que es a él a quien
le concierne un papel decisivo para lograr que esos expedientes lleguen a resolución.
Superti aceptó que tiene, sobre este punto, una concepción antagónica a
la vertida públicamente por Bassó. El procurador de la Corte señaló que el control del tema de la
criminalidad policial era de incumbencia del Ministerio de Seguridad. Superti dice que tiene una
posición opuesta sobre cómo debe actuar el Estado frente a la corrupción de las fuerzas de
seguridad y lo invitó a exponer sus enfoques y debatirlos públicamente.
“Me gustaría dar un debate maduro e institucional con el doctor
Bassó: discutir qué rol tiene que tener el Poder Ejecutivo, cuál los fiscales, cuál la Legislatura
cuando se debe enfrentar un problema tan profundo”, lanzó.
El problema de la corrupción policial tiene que ser enfrentado por todo
el Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero en nuestro sistema el responsable político
de la persecución penal es el procurador de la Corte Suprema, que en el actual diseño es el jefe de
todos los fiscales”, dijo el titular de la cartera de Justicia. Planteó a este diario que
existen seis mil causas judiciales abiertas contra policías de las cuales, según dijo, dos mil se
originaron desde el inicio de la gestión de Hermes Binner, 650 de las cuales debido a la
intervención de la Dirección de Asuntos Internos.
“Si el sistema judicial no prioriza la persecución en estas causas
evidentemente la reacción del Estado frente al fenómeno de la corrupción policial es
incompleto”, enfatizó Superti, dejando en claro que desde su punto de vista es a Bassó a
quien le toca dar impulso a esos expedientes mediante instrucciones a los fiscales.
Hace tres semanas Superti le había recriminado a Bassó no intervenir más
activamente en causas abiertas por casos de corrupción policial, a lo que Bassó contestó
atribuyendo al ministro desconocimiento de las competencias de las distintas esferas del Estado y
deslindando responsabilidades en investigaciones de ese tipo.
“El procurador no había contestado una nota enviada por el
Ministerio de Seguridad sobre este tema por lo que no sabíamos cabalmente si había dispuesto
medidas a tal respecto. A partir de ahí el procurador vierte conceptos que están en las antípodas
de lo que nosotros pensamos: creo que desconoce lo que es el diálogo entre poderes”, le había
dicho al programa santafesino de TV “Bilateral” la semana pasada.
En una carta de lectores a este diario publicada ayer, el presidente del
Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, hizo alusión a la polémica Superti-Bassó. En ella
solicitaba información sobre el estado de las causas judiciales que involucran casos de corrupción
policial.
Superti se apoyó en el planteo de Araujo para añadir argumentos a su
contrapunto con Bassó: dijo que tener 6 mil causas abiertas contra policías, las más antiguas
arrastradas casi diez años, suponen una situación controvertida para los propios implicados.
“La actividad policial expone al funcionario a tener una denuncia
penal: esto puede provenir de una afrenta a su trabajo o tener motivos fundados. Lo importante es
que rápidamente se aclare, porque si es un buen policía no puede tener la espada de Damocles por
años, y si es un mal policía el sistema penal tiene que reaccionar condenándolo”, definió en
el citado programa.
“El actor penal de esas causas es el fiscal. Y el jefe de los
fiscales es el procurador de la Corte”, redondeó Superti.
