En el caso de la niña entrerriana de 11 años abusada, violada, embarazada y revictimizada por el sistema de salud, aparece un entramado judicial que pone blanco sobre negro, es decir, revela una grave secuencia de situaciones silenciadas y silencios que aturden. Existe un importante sector de la población de niños, niñas y adolescentes, a lo largo y a lo ancho del país, que continúa formando parte de un "núcleo duro" de pobreza estructural, a pesar de los años de "crecimiento económico" de los que se enorgullece la gestión actual. Se trata de un sector excluido, entre otras cosas, de acciones educativas concretas en promoción y prevención de la salud, consagradas en la letra de convenciones de rango constitucional, leyes nacionales y declaraciones públicas, pero ineficaces a la hora de evitar que estos dramas se desaten. Existe un dispositivo legal (el art. 86 del Código Penal, incisos 1 y 2) que contempla la figura de "abortos no punibles". Aún se discute la coma del inciso 2, pero no hay discusión posible acerca del primer inciso. Y el término "salud" al que hace referencia dejó de tener, hace mucho tiempo, la concepción puramente biologista a la que alude el ministro de Salud entrerriano, para pasar a tener la integralidad que define la OMS: " estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades". Existe un Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual, y una Guía Técnica de de Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborados ambos por equipos del Ministerio de Salud de la Nación. Está prevista la resolución de situaciones como ésta en el ámbito de las instituciones de salud pública, sin intervención de la Justicia, con funcionarios que tienen responsabilidad directa en su aplicación y profesionales que pueden ejercer su "objeción de conciencia", suscribiendo una declaración pública donde manifiesten que la ejercerán tanto en ámbitos públicos como privados y haciéndola conocer con la suficiente antelación. Estas situaciones silenciadas encuentran su correlato en otro silencio, el de la máxima autoridad en materia de salud pública nacional: el ministro Juan Manzur. Siguiendo la línea que ha mantenido en su gestión anterior - y que quizá haya sido el motivo para revalidarlo en su cargo- no habla de esta situación ni de ninguno de los temas nodales de la salud pública, ni asume la posición rectora que se espera de su alto rango de funcionario. No impulsa la aplicación de protocolos y guías, no propicia un amplio debate nacional sobre el tema ni aboga por un sistema de salud único, universal y gratuito, que ponga a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, qué edad tengan o cuál sea su condición socio económica, en igualdad de condiciones en el acceso a la atención sanitaria. Mientras estas condiciones continúen silenciadas y el silencio de las máximas autoridades nacionales nos ensordezca, la lista de víctimas de la impotencia de nuestro sistema sanitario continuará creciendo. Tenemos aún una mortalidad materna y una mortalidad infantil que nos avergüenzan y se perpetúan a la sombra de hipocresías y lavados de manos.
