Ha tomado estado público diversos proyectos regulatorios de actividades esencialmente comerciales que serían tratados pronto por el Concejo Municipal de Rosario, y que tienden a limitar la instalación en la ciudad de nuevos emprendimientos porque afectan la rentabilidad de los ya existentes por una supuesta saturación del mercado. Más allá de la competencia de la Municipalidad para semejantes regulaciones, sobre lo que caben serias dudas y que por ello ha echado mano a la anómala figura de la suspensión de habilitaciones, lo cierto es que esta tendencia sólo responde a los intereses de quienes, ya instalados, pretenden utilizar la potestad pública en defensa de sus propios intereses. En el tema hizo punta la ley 12.069 de grandes superficies comerciales, producto de un lobby claramente identificado que protege sus intereses transformando a una ciudad pujante y generosa, como siempre fue Rosario, en un coto de caza en beneficio de los que tienen acceso a los factores de poder e influencia. Lejos está de mi fomentar prédica alguna a un liberalismo a ultranza que resulta indefendible, tan lejos como considerar que estas tendencias propenden a una sana regulación del mercado. Mentira: sólo buscan proteger a unos pocos, con poder económico consolidado por su posición dominante en el mercado y a partir del cual manejan sin límites asociaciones, cámaras y otros instrumentos compuestos para la defensa de sus intereses (no más que ellos). Lamentablemente, siempre encontrarán alguna mano lábil, alguna voz ingenua y hasta algún discurso cómplice, que con motivaciones diversas, sustenten estas "regulaciones", aún forzando la interpretación del régimen de habilitaciones en el ámbito municipal. Pero a no engañarse: esto es para unos pocos y perjudica a todos; esto, especialmente la ley 12.069, siempre olió mal, por más que cierta expresión hipócrita se vista de populista y empuje las regulaciones con cualquier excusa.
