Un año atrás el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un pedido de juicio político al juez penal José Luis Suárez, que había ordenado levantar las clausuras de 23 desarmaderos de autos allanados en los que se secuestraron unas 20 mil piezas sin rotular valuadas en 60 millones de pesos. Ahora, luego de valorar el desempeño del magistrado en el caso, el tribunal de enjuiciamiento integrado por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, dos legisladores y dos representantes de los colegios de Abogados de Rosario y Santa Fe decidió rechazar el requerimiento formulado por la cartera nacional.
El pedido de jury a Suárez fue formulado en septiembre pasado por Mariano Iglesias, director de fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación. El funcionario requirió la remoción del juez con el argumento que éste había actuado “demostrando ignorancia del derecho o carencia de otra aptitud para el ejercicio de la función judicial”.
Pero quienes juzgaron la conducta de Suárez ponderaron que los motivos esgrimidos por el denunciante “no resultan suficientes” para la apertura del enjuiciamiento ni para peticionar la imposición de una sanción.
“El juez Suárez brindó la respuesta que juzgó adecuada y consistente con los antecedentes del hecho, indicando prudentemente lo que hacía y lo que el Ministerio Público de la Acusación debía llevar adelante, respetando los derechos de las partes”, sostuvieron.
Clausurados. En el marco de una investigación del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, efectivos de Gendarmería allanaron el 20 de agosto del año pasado 23 desarmaderos y negocios de venta de autopartes en San Lorenzo, Piñero, Pérez, Granadero Baigorria y Rosario.
Según dijo el fiscal en ese momento, en los lugares allanados se encontró algún tipo de irregularidad por infringir la ley nacional que regula esa actividad. No hubo detenidos pero se incautaron más de 20 mil autopartes y repuestos por 60 millones de pesos.
A partir de la ley 25.671 la comercialización de autopartes está en manos de Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El día de los operativos, Narvaja señaló que a partir del cruce de datos administrativos de esa repartición surgieron incongruencias en las habilitaciones de varios de los desarmaderos en el departamento Rosario y en el cordón industrial. Esas irregularidades fueron notificadas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Económicos y el fiscal comenzó a investigarlas.
Arbitrario. Durante el debate penal, el 11 de septiembre pasado, el juez Suárez juzgó arbitrario mantener las clausuras y revocó cualquier medida cautelar sobre los desarmaderos Grillo, Galizia y Carobeta, luego de que sus dueños pidieran el cese del “estado antijurídico”, en referencia a la clausura. La medida la hizo extensiva al resto de los comercios allanados.
Eso decidió a la cartera nacional a pedir el juicio político de Suárez por entender que le devolvía mercadería ilegal a dueños que estaban en falta. El juez dijo entonces: “No puedo ordenar que se destruyan los elementos secuestrados sin que haya sentencia que establezca su procedencia ilegal. Eso no equivale devolverle las cosas a los comercios allanados, cosa que no hice”.
Ese día los abogados Jorge García Cupé, Alberto Tortajada y Néstor Roibón, que asistieron a los comerciantes, sostuvieron que la fiscalía había “incurrido en abuso de autoridad y arbitrariedad”, ya que sólo podía allanar y cautelar las pruebas pero no clausurar.
En el derrotero del caso, el 23 de diciembre pasado, el camarista Adolfo Prunotto anuló la medida de Suárez que ordenaba levantar la clausura de los 23 desarmaderos. Se basó en que la medida fue dispuesta por una autoridad competente y no por la fiscalía. El 25 de junio pasado, la jueza penal Raquel Cosgaya homologó un acuerdo celebrado entre ocho de los dueños de esos 23 desarmaderos con la fiscalía. Los repuesteros aceptaron el pago de multas y la entrega voluntaria de las autopartes, fuera de regla, para ser compactadas y destruidas.
Pruebas. Para requerir la destitución de Suárez, Iglesias señaló que el juez ordenó el levantamiento de todas las clausuras y la devolución de la prueba secuestrada “favoreciendo la impunidad de los responsables y reintroduciendo en el mercado de autopartes usadas mercadería en infracción a la ley 25.761”. Según la presentación esta norma estipula que las piezas usadas autorizadas para su venta deben tener stickers adheridos. “En la práctica, los stickers no se pegan porque el vendedor los retiene para justificar que la mercadería (la que no corresponde al sticker) cumple con la normativa y entonces es una maniobra de encubrimiento. Al levantar las clausuras el juez permitió que los dueños vayan a los desarmaderos y los peguen a las autopartes”, sostuvo Iglesias.
A su vez, el 16 de septiembre pasado, el fiscal Eduardo Sorrentino apeló la resolución dictada por Suárez cinco días antes. Planteó que la clausura de los comercios fue dispuesta por Iglesias. Señaló que el procedimiento “para las impugnaciones contra las decisiones de esta clase de funcionarios requiere el agotamiento de la vía administrativa” y afirmó que el juez “no tenía competencia para levantar la clausura de los desarmaderos”. Pero Suárez, en la presentación ante la Corte, sostuvo que “no era cierto que haya dispuesto la entrega de autopartes secuestradas a los titulares de los desarmaderos. Tampoco es cierto que haya dispuesto el levantamiento de las clausuras de los locales cuyos titulares no fueron citados”.
Valoración. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados integrado por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores provinciales Armando Traferri y Santiago Mascheroni, y los presidentes de los colegios de Abogados de Rosario y Santa Fe, Araceli Díaz y Daniel Andrade, valoraron que haber ordenado levantar las clausuras “no refleja errores inconcebibles o inaceptablemente groseros en la selección o interpretación de las normas del caso que revistan el carácter de absurdos o aribitrarios”.
Los miembros del tribunal sostuvieron que en la audiencia del 11 de septiembre de 2014 no se dispuso la entrega de piezas secuestradas a los dueños de los desarmaderos. “El magistrado dispuso el levantamiento de la clausura de los locales correspondientes a las partes que solicitaron la audiencia y se otorgó a la fiscalía 24 horas para que decida qué hacer con las autopartes”.
En otro tramo de la resolución, indicaron que “en ningún momento” el juez Suárez decidió el destino de las piezas secuestradas “identificando claramente quién tenía el deber y la facultad de disponer de ellas, ya sea manteniendo el resguardo u ordenando la devolución”.
