La Cámara de Diputados de Entre Ríos derogó anoche la polémica ley 10.092 de explotación a través de una sociedad anónima de las islas fiscales de esta provincia. Lo hizo tras la media sanción anteayer de la Cámara de Senadores al proyecto del veto de la norma remitido por el gobernador Sergio Urribarri. De esta manera, el Ejecutivo dio marcha atrás a una iniciativa que promovía la actividad agroindustrial en el humedal, lo cual generó el rotundo rechazo de ecologistas, vecinos autoconvocados, funcionarios de la oposición y de Santa Fe.
La ley se derogó sobre tablas, de la misma forma en que fue aprobada a mediados de diciembre último y pasó un mes prácticamente sin repercusiones. Fue Jorge Daneri, miembro de la ONG Mbiguá de Paraná, uno de los primeros en alertar sobre la magnitud de la norma y el impacto que generaría su implementación, ya que promocionaba la siembra de arroz en las islas y a su vez derogaba la ley 9.603, que establecía parámetros de uso y protección de esas tierras.
En rigor, esta última reglamentación que ahora volvió a entrar en vigencia fue la que habilitó al gobierno entrerriano a arrendar entre 2006 y 2009 más de 100 mil hectáreas fiscales de las 200 mil que posee en el humedal. En su articulado, restringe las actividades comerciales a la ganadería, apicultura y ciertos emprendimientos turísticos, prohibiendo la agricultura y las fumigaciones con agrotóxicos. De allí que su derogación generó alarma y la movilización de proteccionistas y principalmente vecinos y funcionarios de esta orilla santafesina, y luego de la propia capital entrerriana.
Una de las organizaciones que esperó con expectativa el veto de la 10.092 es la Asamblea Ciudadana de Paraná, que presenció en el recinto el preanunciado fallo de los legisladores a favor del pedido de Urribarri de volver el asunto a foja cero.
Nuevas nornas. Bajo los lemas "El Delta no se toca", "El Paraná no se toca" y "Los legisladores no tienen conciencia social", los asambleístas demandaron que "se generen mediante el debate popular nuevas normas que lo protejan y tengan presente a los habitantes del lugar".
Asimismo, reclamaron elcumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
Ratificación. En el mismo proyecto que deja sin efecto la norma de la polémica, el gobernador entrerriano aclaró que "no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo". Y reiteró su convocatoria "a todos aquellos sectores que de buena voluntad quieren aportar a estos objetivos a elaborar sus propuestas y proyectos".
Además, destacó la "necesidad imperiosa y cada vez más creciente de dar al agua dulce un mejor uso, justamente en la producción de alimentos, antes de que se pierda en el mar. Todo ello, reiteramos, en el marco de la preservación del medio ambiente".
Por su parte, y en el marco del tratamiento de la Cámara alta, el senador por Concordia, Enrique Cresto, entendió que "todo esto sirvió para que todos los entrerrianos sepan que hay en Entre Ríos 200 mil hectáreas que pueden ser explotadas de modo sustentable en beneficio de todos ".
Por último, el senador resaltó que "el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes y por eso usamos el poder con responsabilidad y podemos dar marcha atrás con una cuestión formal".
