La Justicia de Brasil aceptó ayer las denuncias formuladas por la Fiscalía contra el ex ministro José Dirceu y el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari por su supuesta vinculación en los delitos de corrupción que salpicaron Petrobras. Junto con esos dos dirigentes del PT, el juez federal Sergio Moro, responsable del caso, también decidió abrir causas penales contra otros trece implicados en la red de corrupción, entre ellos el ex gerente de Servicios de Petrobras Pedro Barusco, y el ex director de esa repartición Renato Duque, que operó en la estatal. La oficina del fiscal federal dijo que José Dirceu enfrentará juicio por cargos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero presentados en su contra a principios de este mes.
El juez Moro indicó en un acta divulgada ayer que en esa decisión también declinó procesar a Camila Ramos, hija de Dirceu, y Silvia Facchini, arquitecta vinculada al ex ministro, ya que no encontró pruebas de que se hubieran beneficiado de los delitos.
Dirceu, de 69 años, fue uno de los hombres más influyentes del país entre 2003 y 2005, período en que ocupó el cargo de ministro de la Presidencia en el primer gobierno del entonces presidente Lula da Silva. Fue detenido en agosto pasado en su residencia, en la que ya cumplía prisión domiciliaria como parte de la condena a once años y diez meses que recibió por su participación en un escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, en medio del primer mandato de Lula, y que le costó el cargo.
La Fiscalía sostiene que el ex ministro era también uno de los miembros de la red de corrupción de Petrobras y que aún en esa condición continuó recibiendo dinero de la corrupción en la petrolera estatal. Dirceu, Vaccari y otras trece personas convertidas en presos ayer por el juez Moro fueron acusados por los delitos de corrupción pasiva, asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad documental.
En el caso de Vaccari, la Fiscalía sostiene que actuaba como "recaudador" del PT de las comisiones ilegales originadas por las irregularidades en Petrobras. El partido fundado por Lula en 1980, al que también pertenece la mandataria, Dilma Rousseff, ha sido acusado por la Fiscalía como uno de los beneficiados por las maniobras ilegales en la estatal, que también salpican a otros partidos, sobre todo de la base oficialista, aunque también a alguna de la oposición.
Según las investigaciones, una veintena de empresas privadas que participaban en la red obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaba sus valores y luego distribuía las diferencias entre directores de la estatal y políticos que amparaban esas maniobras. Por este asunto está bajo investigación medio centenar de políticos, entre los cuales figuran los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Según fiscales, la confabulación en Petrobras involucró aproximadamente 2.000 millones de dólares en sobornos y otros fondos ilegales. Parte de ese dinero fue presuntamente canalizado a los fondos de campaña del partido gobernante y de sus aliados. También incluyó presuntamente el pago de sobornos a ejecutivos de Petrobras a cambio de contratos con costos inflados.
