La Fiscalía federal de San Miguel de Tucumán pidió la elevación a juicio oral de 22 acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 97 víctimas en el campo de exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, del Ejército. Entre los imputados se destaca el general Ernesto Alais, que en 1987 siendo comandante del II Cuerpo de Ejército recibió la orden de reprimir la sedición de los "carapintadas" en Semana Santa y nunca llegó a destino con su caravana de tanques.
El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira y solicitado ante el juez federal Daniel Bejas, quien instruye la causa.
Además de Alais, están acusados el sacerdote y ex capellán militar José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, ex integrante de la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada. Benedicto había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio, pero a principios de mes escapó y actualmente permanece prófugo.
Los otros acusados son los militares Miguel Paz, Camilo Colotti, Ariel Valdiviezo, Carlos Trucco, Augusto Neme, Luis Varela, Luis de Urquiza, Adolfo Moore, Ramón Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Soto, Pedro Caballero, Tomás Güemes, Alberto Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Sowinski, Marcelo Godoy y Celso Barraza, y el policía Roberto Albornoz.
Terror en el norte. "La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país", resaltó la Fiscalía.
También indicó "una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de Tucumán a cargo del Regimiento 19 de Infantería y a la manera en que las personas secuestradas eran trasladadas al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico".
La metodología represiva incluía "la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos, dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada masivamente por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal".
La acusación también destacó "a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas".
La Fiscalía consideró demostrado "que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ellos son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos".
Por último, solicitó que "se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores". Ahora, el caso esta en manos del juez Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo fosas comunes clandestinas dentro del Arsenal.
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