Ordenan a Macri que cumpla ley sobre DDHH

La Justicia de la Capital Federal ordenó al gobierno porteño que preste "asistencia a víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado", y lo emplazó para que comience a hacerlo en el término de 20 días, dando cumplimiento a la ley 2.939 que fue promulgada en enero de 2009 y aún no fue reglamentada por Mauricio Macri.

El juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Juan Vicente Cataldo calificó como "ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal" a la "inacción o negligencia administrativa" del gobierno porteño al no reglamentar la ley de asistencia a víctimas del terrorismo de Estado.

Fuentes judiciales indicaron, que el magistrado ordenó a la administración macrista que reglamente la ley 2.939, sancionada el 27 de noviembre de 2008 y promulgada el 9 de enero de 2009, que "regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar".

El reclamo había sido formulado por la agrupación Hijos, con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) que responsabiliza al gobierno porteño por el incumplimiento de la reglamentación de la norma.

La ley establece que "la autoridad de aplicación debe garantizar el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas instancias relacionadas con él y su correspondiente traslado". También se debe brindar "asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar durante las audiencias" y "la derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior, derivadas del testimonio".

Santiago del Estero. El fiscal federal de Santiago del Estero Daniel Gimena solicitará informes a la Justicia santiagueña por los restos humanos que fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa en la que vivía el ex comisario Juan Bustamante, imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad. El hallazgo se produjo el pasado fin de semana cuando un grupo de albañiles realizaba una excavación en los fondos de la casa para construir un pozo ciego.

En Diputados

La comisión de DDHH de la Cámara de Diputados recibirá hoy al flamante secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien expondrá sobre los ejes en que basará su gestión. La reunión contará con la presencia de familiares de un joven desaparecido recientemente en Córdoba y otro asesinado en la cárcel de San Martín por personal penitenciario.

Un nieto recuperado en la conducción de Abuelas

Manuel Gonçalves Granada se convirtió en el primer nieto recuperado que forma parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, como revisor de cuentas, y así “los hijos de nuestros hijos desaparecidos garantizan la continuidad de nuestra lucha”.

Según informó Abuelas en su mensuario, “en la asamblea general del 22 de mayo decidimos que fuera un nieto restituido el que asumiera el cargo que quedó vacante tras la muerte de nuestra querida compañera Nélida Gómez de Navajas”.

“En consecuencia, Manuel Gonçalves Granada se convirtió en el primero de los hijos de nuestros hijos en formar parte de la comisión directiva, como revisor de cuentas”, destacaron.

Abuelas recordaron que “ya el año pasado habíamos generado un cambio importante con la incorporación del primer hombre a nuestra comisión: Abel Pedro Madariaga, padre del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela y colaborador histórico de nuestra asociación, asumió como secretario”.

Manuel Gonçalves Granada recuperó su identidad en 1997 y desde entonces caminó junto a las Abuelas, impulsando los juicios contra los genocidas y llegando, incluso, a ser querellante en la causa contra el represor Luis Abelardo Patti, por la muerte de su padre.

Casación exigió celeridad en juicio por la Esma

La Cámara Nacional de Casación Penal solicitó “el máximo rendimiento en cuanto a periodicidad y extensión horaria” en el próximo juicio a represores que actuaron en la ex Esma.

El presidente del máximo tribunal penal del país, Pedro David, instó a los integrantes del Tribunal Oral Federal 5 a extremar el avance y agilidad del debate, habida cuenta que tendrán, en exclusividad, el uso del salón auditorio para el desarrollo de las audiencias.

En este segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Esma, que comenzará el 9 de agosto, los jueces Daniel Obligado, Leopoldo Bruglia y Adriana Pallotti juzgarán 781 hechos que tienen a 64 imputados.

El nuevo juicio tendrá nuevamente en el banquillo de los acusados a los emblemáticos represores Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y demás integrantes conocidos del grupo de tareas GT3.3.1 e incluirá a otros que nunca llegaron a juicio oral al unificarse seis causas instruidas por el juez federal Sergio Torres.