El Poder Ejecutivo, al firmar el decreto de necesidad y urgencia sobre el fondo solidario de coparticipación a la soja, nos da muestras claras en la intención manifiesta de deteriorar las instituciones republicanas. Si nuestra presidenta no conoce los aspectos técnicos del asunto, sus respectivos asesores tienen la obligación de informarle y no pasar de largo lo que manifiesta el artículo 99, inciso 3 de la Constitución nacional que no le da atribución en materia tributaria al Ejecutivo. Por lo tanto es una tarea de nuestros legisladores y gobernadores de provincias declarar la nulidad del decreto y de una vez por todas tomar decisiones serias, razonables y consensuadas, siempre dentro del marco de nuestra carta magna. Esto nos va a llevar e ser una Nación seria con altos índices de inclusión y no la política intuitiva e impulsiva fuera del marco republicano que se viene pregonando hasta el momento.
