El proyecto presentado por el concejal radical Jorge Boasso de prohibir el ingreso de las motos con acompañantes en los días hábiles de 10 a 16 en la zona bancaria del microcentro de la ciudad, con el fin de evitar que transiten los llamados "motochorros", es una medida discriminatoria que estigmatiza a aquellos ciudadanos que por necesidad laboral llegan al centro a través de este medio de transporte. Miles de rosarinos utilizan las motos como medio de viaje y llevan acompañantes para ir a sus trabajos como una forma efectiva y más económica de llegar a sus tareas debido a la deficiencia del servicio público del transporte de pasajeros. Unos días atrás este mismo concejal, con su voto, apoyó la aprobación del aumento del boleto que sólo tiende a alejar aún más a los ciudadanos de este servicio. Este proyecto no tiene nada que ver con la búsqueda de una solución al problema de las salideras bancarias o la inseguridad y sólo es un mal reflejo frente a los hechos que tomaron repercusión pública. En caso de que esta medida se aprobara sumaríamos a la cantidad de operativos que realiza la GUM, inspectores de tránsito y policías sobre motos para revisar documentación y detectar rodados robados. Todo tendría un fin recaudatorio más que de prevención de accidentes y delitos. Una vez más, el concejal Boasso demuestra su desprecio por los sectores más humildes de la ciudadanía. Precisamente, aquellos a quienes ya perjudicó con el aumento del boleto y a quienes viene persiguiendo con su discurso criminalizador de la pobreza, equiparando la protesta social o el uso compartido de las motos al delito común. Delito que, a su vez, jamás hizo tanto daño a la Nación como los grandes fraudes y corruptelas cometidos por sus propios correligionarios, como los sobornos en el Senado para robar derechos laborales o la estafa del megacanje o el corralito financiero. Para nosotros, resolver el problema de la inseguridad tiene que ver con garantizar el derecho a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la construcción de una fuerza de seguridad comprometida con la prevención del delito y los derechos humanos.
