Más allá de ser pareja del tristemente célebre Claudio “Morocho” Mansilla, Jésica Daniela González tiene su propio recorrido en el mundo del hampa. La mujer de 37 años apodada “Fea”, quien cumple una condena por intento de homicidio y otra como miembro de una de las bandas polirrubro que regenteara René Ungaro desde la cárcel, afrontará un nuevo juicio ante la Justicia Federal de Venado Tuerto donde está sindicada como integrante de una red de narcomenudeo organizada por un hombre preso en Piñero. La red en cuestión fue desbaratada en abril de 2020 y González está acusada de proveer droga a la madre del cabecilla, Maximiliano Ezequiel Ríos. La mercancía era retirada de la casa donde la Fea cumplía por entonces prisión domiciliaria en Capitán Bermúdez y desde allí era enviada al sur santafesino.
La causa fue elevada a juicio días atrás pero antes el juez federal venadense Aurelio Cuello Murúa rechazó el arresto domiciliario pedido por González. Entre sus argumentos expuso como riesgo de fuga el hecho de que su pareja es el prófugo más buscado de Santa Fe: es el único de los ocho evadidos de Piñero en la increíble fuga de junio de 2021 que no fue recapturado.
Previamente, al oponerse al pedido, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo recordó que González ya había sido detectada vendiendo drogas mientras cumplía un arresto en ese domicilio de Capitán Bermúdez, donde se asomaba por la puerta cuidando de que su pie no saliera del perímetro de la casa para no activar la tobillera electrónica.
Conocidos
A fines de abril de 2020 la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos a los domicilios de personas sospechadas de integrar una banda que vendía drogas en Venado Tuerto y Elortondo. Además de domicilios en esas ciudades y en Capitán Bermúdez, donde se estableció que los sospechosos viajaban semanalmente a adquirir las drogas para vender, también se requisó la celda de Piñero donde se alojaba Ríos.
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Este venadense conocido como “Wacho Maxi” fue imputado como organizador luego de que la investigación estableciera que coordinaba la compra, el pago, la logística del traslado y posterior distribución de la droga. Para ello, según escuchas, tenía la ayuda de su madre Ana quien, a su vez, contaba con la colaboración de otras personas para llevar adelante las órdenes de su hijo en lo referido a los estupefacientes, acopio de armas y municiones para defenderse de sus competidores.
Fuentes allegadas a la investigación señalaron entonces que Wacho Maxi estaba en Piñero cumpliendo condenas por hechos juzgados en la Justicia provincial, aunque ya tenía condenas por drogas. Y que en esos pabellones surgió su relación con Morocho Mansilla y con la pareja de éste, quien terminó siendo la proveedora de su banda.
Movimientos poco comunes
La investigación concluyó que la droga que se vendía en Venado y Elortondo era adquirida en la casa de Buenos Aires al 600 donde González cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Al respecto, los voceros consultados recuerdan cuánto les llamó la atención a los policías federales ciertos movimientos extraños de la sospechosa cuando se asomaba a la puerta de su casa. “Mientras estaba en la vereda realizaba constantemente movimientos poco comunes con su pierna derecha, como acercándola hacia su domicilio, extremo que, sumados a la similitud de los rasgos físicos, permiten concluir que se trataba efectivamente de González quien llevaba consigo una pulsera de vigilancia electrónica”, dijo el juez al procesarla.
Ese detalle fue recordado por el fiscal al oponerse al pedido de la defensa de González, que alegó que los hijos de la mujer no pueden ser cuidados por sus padres. Es que dos de ellos son hijos de Mansilla y los otros tienen a su padre, Alejandro Azum, en prisión preventiva imputado en una causa por lavado de activos. El pedido fue rechazado por el juez porque no detallaba en qué domicilio cumpliría su arresto la imputada y porque la situación de prófugo de Mansilla acrecienta, para el magistrado, el peligro de fuga.
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Luego de rechazar esa solicitud Cuello Murúa dispuso elevar a juicio de la causa donde además de Ríos —acusado como organizador—, su madre y González hay otros tres imputados.
Una casa con historia
Tanto la Fea como su casa de Capitán Bermúdez fueron parte de las crónicas policiales de los últimos tiempos. Allí fue detenida el 15 de octubre de 2019 en un allanamiento del que participó el por entonces ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro. Luego obtuvo la domiciliaria con tobillera para poder cuidar de sus hijos. Hasta que en diciembre de 2019, siguiendo el rastro de un bolso con droga, se detectó que el envío tenía como destino esa casa.
Luego de comprobarse —en el marco de esta investigación federal venadense— que González seguía vendiendo droga en ese sitio a pesar de que estaba con tobillera electrónica, el fiscal provincial Matías Edery solicitó que se revocara su prisión domiciliaria por lo que en febrero del año pasado quedó alojada en la cárcel de mujeres (Unidad 5). Allí se reencontró con otras implicadas en la banda de Ungaro, por la cual aceptó en noviembre último mediante un juicio abreviado una condena a 3 años y diez meses de prisión como miembro de asociación ilícita y por participar de un incidente a tiros frente a la cárcel de Piñero por la venta ilegal de turnos para la entrada. Esa condena se sumó a otra de seis años por tentativa de homicidio y lesiones.
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Pero días antes de que González volviera tras las rejas, su casa fue blanco de un ataque a tiros en el 31 de enero de 2021 cuando un grupo de personas irrumpió al grito de “policía, policía” y descargó una lluvia de balas. Allí se levantaron unos 40 cartuchos calibre 9 milímetros y de escopeta calibre 12. González estaba entonces con un hijo de 15 años y su nuera de 16, que cursaba el octavo mes de embarazo.
