Mientras sigue el conflicto entre la provincia y los prestadores, muchos afiliados sufren las consecuencias de no poder acceder a la atención de su salud. Los testimonios en primera persona
Por Nicolás Maggi
Mientras la pelea de fondo entre los sanatorios y el Iapos no se resuelve, los trabajadores quedan en medio de esa disputa sufriendo consecuencias
La restricción en la cobertura del Iapos que sufren 600 mil afiliados en toda la provincia tiene cara, nombre, e historias en primera persona. Docentes, policías y empleados públicos en general, más sus familiares a cargo, sufren las consecuencias del virtual corte de atención que decidió la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario en reclamo de un incremento en los aranceles que paga la obra social más grande de la provincia.
El problema entre Iapos y los prestadores de salud estalló el 22 de abril, con un pedido de los privados argumentado en el aumento de insumos, medicamentos y la recomposición de salarios profesionales. Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro, en tanto, aseguran que no se puede restringir el acceso a la salud de los afiliados y que lo que se pretende es compensar la decisión del gobierno nacional de retrotraer los aumentos de la medicina prepaga.
El conflicto, que ya lleva tres semanas, deja a los afiliados con atención restringida. Solo se atienden urgencias, ingresos por guardia y cirugías programadas. El resto de las prestaciones ambulatorias quedaron suspendidas, a pesar de que según el Ministerio de Economía -nueva órbita del Iapos- las carteras privadas siguen cobrando el aporte de los afiliados. Ante ese vacío, muchas personas que necesitan atenderse pero no entran en esas excepciones son redirigidas a la salud pública, cuyos efectores ya están de por sí estallados por el aumento de la demanda en el marco de una crisis económica.
La madre de María Paula tiene 69 años, es docente jubilada y afiliada al Iapos. Padece artrosis, y tiene que operarse de la cadera para poder volver a caminar. Pero se le está acabando el tiempo, porque se trata de una enfermedad degenerativa. A pesar de haber iniciado el pedido el 11 de abril, antes del estallido, y tener la prótesis autorizada por Iapos, en el Sanatorio Parque le dijeron este lunes que no le podían hacer la cirugía programada porque la cobertura está suspendida.
La mujer vive en Cañada Rosquín, una localidad ubicada a 130 kilómetros de Rosario, y tuvo que hacer varios viajes para realizarse estudios prequirúrgicos. Ya casi no puede caminar, está muy incapacitada, y sufre mucho. “Esta noticia la afectó emocionalmente y temo por el estrés que le está generando. No hay calmantes que le sirvan para paliar los fuertes dolores. El de mi mamá es un caso urgente. No tenemos noticias, llamé a Iapos y te abandonan. Pareciera que se lo toman en broma, como si quisiéramos devolver un televisor, y no del derecho a la salud”, dijo su hija con mucho pesar.
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Jorge (59) es docente y se tiene que operar la rodilla. El año pasado sufrió una triple fractura, le introdujeron una plaqueta pero su cuerpo la está rechazando, y como el hueso ya soldó, se la puede quitar. Como se quedó sin la cobertura de Iapos, en el Sanatorio Parque le suspendieron la atención con un traumatólogo, la realización de estudios y la posibilidad de una operación. Entonces, lo enviaron al hospital Centenario.
“La respuesta fue pésima, no me dieron bolilla y me mandaron a quejarme al Iapos. Te pasean de un lado para el otro”, se quejó. “Me cuesta caminar, me duele mucho y me está afectando la cadera por caminar torcido. Siento vergüenza, parece que uno está pidiendo algo que no le corresponde. El Estado y las prestadoras no tienen empatía con los afiliados, que estamos necesitando una solución. Hay gente que se angustia, se deprime o se muere por esto”, señaló. Después de hacer presentaciones ante la Defensoría del Pueblo, pidió que la Justicia dicte una cautelar para que el conflicto se discuta y resuelva con la atención activa.
Mónica tiene 50 años, es empleada pública y tenía ordenado por el médico un estudio de alta complejidad. Si bien logró que la obra social se lo autorice, el Grupo Oroño le dijo que tenían los servicios suspendidos con Iapos. “No me lo pude hacer. Supuestamente todo se iba a arreglar en pocos días, pero estamos cumpliendo el mes con los servicios cortados de todas las instituciones integradas en la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario. Igualmente, llamé a Instituto Gamma que no está en la asociación, y me dijeron que igual cortaron con Iapos”, relató.
Ahora debe encontrar un médico que la atienda por esa obra social, que le haga las órdenes y el formulario para pedir el estudio de alta complejidad, y conseguir un lugar de Rosario donde se lo hagan. A esta situación se le sumó la de un familiar a cargo, de unos 30 años, que necesitaba ver a un cardiólogo para que le indique uno batería de estudios de rutina del corazón. Donde se atendía siempre, en el ámbito privado, no pudo hacerlo. Tuvo que terminar viéndolo en el hospital Centenario, donde también trabaja el profesional. Luego comenzó el drama de ver dónde se hacía los estudios: “Nos encontramos llamando, uno por uno, a sanatorios de Rosario para ver quién seguía atendiendo por Iapos. Son muy pocos”, marcó.
“Lo llamativo de todo esto es que no tuvimos ninguna información. Hubiera sido bueno tener un listado de los lugares donde sí nos podemos atender. Por ejemplo, en el hospital Español los médicos siguen haciéndolo por Iapos, pero no se pueden hacer prácticas. Los efectores que hoy hacen estudios por la obra social son un puñado, ya que la mayoría han cortado los servicios”, reclamó. E insistió: “Sería deseable que alguien nos dijera cuándo creen que esto se va a solucionar, y que en el medio no nos hicieran los descuentos en nuestro sueldo, dado que tenemos los servicios cortados”, cerró Mónica.
La última reunión entre los prestadores y la provincia fue el lunes 7 de mayo pasado. Según la Asociación de Clínicas, el director de la obra social no hizo ninguna oferta de actualización de aranceles. Los privados reclaman el 50%. Mientras la pelea de fondo entre los sanatorios y el gobierno provincial no se resuelve, los trabajadores y los afiliados quedan en medio de esa disputa con consecuencias para sus cuadros físicos, pero también para su salud mental. La angustia, la incertidumbre y el estrés emocional por el que atraviesan no son gratuitos: dejan huellas imborrables en la psiquis de personas que ya tienen otros padeceres.
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