"No hay que descartar nuevas detenciones de personal policial o civil", dijo ayer la comisaria Ana Viglione, titular de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos. Fue ante los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia que la habían convocado a dar explicaciones sobre las detenciones de dos policías que trabajaban bajo sus órdenes y que quedaron implicados en el marco de la causa que investiga la actuación de bandas narcocriminales con protección policial.
Ese anuncio, junto a la documentación que en la misma reunión le entregó a Viglione el senador Armando Traferri con datos sobre una obra pública que se estaría construyendo en San Lorenzo con dinero del narcotráfico y que la funcionaria dijo "no desconocer", constituyeron los momentos principales del cónclave. "Tenga la vista puesta en algunos otros efectivos y dirigentes políticos", le propuso el senador a quien un rato antes Viglione le había aceptado la sugerencia de elaborar un protocolo para la designación de funcionarios relacionados con las investigaciones de casos de delitos graves.
La Secretaría que investiga delitos complejos fue la salida institucional que la administración de Antonio Bonfatti encontró tras la conmoción causada por la caída y detención del jefe de policía Hugo Tognoli, procesado por connivencia con el narcotráfico. Si ayer Viglione salía mal parada en Diputados, adonde fue convocada por el presidente del cuerpo, Luis Rubeo, a iniciativa del presidente de la Comisión de Seguridad, Héctor Acuña, la oposición habría provocado otro cimbronazo a la Casa Gris.
Poca cosa. Pero la expectativa fue excesiva y el encuentro terminó siendo un "parto de los montes". Viglione no salió mal parada aunque Acuña le hizo decir que al sargento Juan Maciel y al comisario Gustavo Pereyra (los policías que trabajaban con ella y ahora están presos) los conocía desde hacía mucho tiempo pero sin lograr, pese a que el diputado Mario Lacava la azuzó hasta inquietar a algunos oficialistas, para que ella asuma "la responsabilidad" por haber seleccionado a "un personal que después la traicionó". "No debió haberlos nombrado", le recriminó Lacava luego de un rato de discusión acerca de cómo se indagaron los antecedentes del personal de la Secretaría. "Ningún funcionario nombra personal para que lo traicione", lo cruzó el radical Santiago Mascheroni.
Viglione acertó en ampararse en la contundencia de las cifras. "La Secretaría tiene 440 empleados. Seleccionamos 150 policías para áreas sensibles y estamos hablando de tan sólo dos que hoy ya no están más, están presos y a disposición del juez". Incluso tuvo reflejos para despegarse políticamente: "No es verdad, como se ha dicho, de que eran de mi extrema confianza o de que Pereyra era mi segundo. El buscaba datos de otro delitos, no condujo nunca una investigación de narcotráfico".
Cifras. Las cifras le jugaron una mala pasada a Viglione cuando no pudo responder cuántas investigaciones tiene en curso la Subsecretaría de Delitos Económicos de su área. "No hay cifras, es relato", lo disfrutó Lacava. E irritó a Alicia Gutiérrez, quien ya antes había cruzado a Acuña reprochándole que no preguntaba sino que actuaba como "inquisidor".
Los procedimientos realizados como rutina o los allanamientos (con orden judicial previa) monopolizaron otro tramo de la reunión tanto como los kilos de cocaína y otras drogas secuestradas por la repartición. Para Acuña, esas cifras demostraron que "el 80 por ciento se encontró por casualidad". Para Viglione, esos números demuestran que hay un aumentó año a año. "En todo 2012 se secuestraron 490 kilos de cocaína. En lo que va de este año ya suman 202 kilos", dijo.
Así las cosas, la oposición no pudo exigir la renuncia a Viglione. De haber podido, habría sido un trofeo políticamente valioso. Pero pareció carecer de datos o de interés. Acuña no se quedó con las ganas y al salir de la reunión aconsejó al gobernador "que medite sobre la continuidad de la funcionaria en el cargo y en la existencia misma de la estructura" frente a lo que, entiende, son magros resultados. Aunque aclaró que "sería irrespetuoso que él pidiera una renuncia".
Al final del debate, el mismo Acuña no tuvo con qué replicar las explicaciones de Viglione respecto de los supuestos gastos por becas de estudio realizados. La funcionaria también dijo que respondió al pedido de informes sobre ese tema, pero el diputado Rubeo aclaró que esa respuesta llegó un rato antes a la reunión y era esperada hacía meses. Sobre el punto no había podido responder el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, cuando fue interpelado por el caso Tognoli. Ayer Viglione también salió airosa en ese cuestionamiento.
