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La defensa de Ascaíni pidió la nulidad de todo lo actuado en la causa Tognoli

Carlos Edwards, abogado defensor de Hugo Tognoli se embarcó hacia Washington para presentar mañana el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Domingo 16 de Junio de 2013

Tal cual lo adelantaron al notificarse de la resolución de la Cámara Penal Federal sobre el apartamiento del juez Carlos Vera Barros en la denominada “causa Tognoli”, los abogados defensores de Carlos Andrés Ascaíni solicitaron la nulidad de todo lo planteado en el expediente desde el 11 marzo pasado. Ese día, cuando Ascaíni debía ser indagado en los Tribunales federales de Oroño al 900, los abogados Paul Krupnik y José Nanni presentaron una recusación contra Vera Barros al atribuirle “parcialidad manifiesta” en el manejo del caso. Y en una resolución dada a conocer el miércoles, los camaristas de la Sala B resolvieron apartar al magistrado por “la causal de prejuzgamiento”.

   Ante eso, la dupla Krupnik-Nanni presentó ante el juez federal Marcelo Bailaque, quien ante el corrimiento de Vera Barros tomó el expediente, un escrito pidiendo que “se declare la nulidad de todos los actos procesales practicados desde que la defensa planteó formalmente la recusación contra el anterior magistrado”. Y fundamentaron su pedido en el tramo final del artículo 62 del Código Procesal Penal que indica que “si se hiciera lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que lo pidiese el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos”. En el escrito, los defensores de Ascaíni se reservaron, ante una instancia negativa, la posibilidad de recurrir a la Cámara de Casación, la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales.

   Al pedido de la defensa de Ascaíni, procesado como autor responsable del comercio de estupefacientes, se sumó también la defensa del comisario Hugo Tognoli (ver aparte), ex jefe de la policía de la provincia, detenido y procesado como partícipe necesario de ese mismo delito.

Conflicto. El miércoles pudo haber sido el día D en el caso Tognoli, pero terminó siendo otra jornada donde los medios se alimentaron de interpretaciones respecto a la resolución emitida por los camaristas Elida Isabel Vidal y Edgardo Bello. “Un nuevo capítulo de la disputa política entre la Nación y la provincia”, como coincidieron en afirmar tras conocer el dictamen los defensores de Tognoli, Carlos Edwards, y de Ascaíni, Krupnik y Nanni.

   Es que la Cámara Federal de Apelaciones ratificó parcialmente el procesamiento con prisión preventiva del ex jefe de la policía santafesina. En ese sentido, los camaristas desestimaron que haya sido parte de una “empresa criminal conjunta” dedicada al narcotráfico, teoría jurídica planteada por los subrogantes fiscales Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari.

   Los camaristas le imputaron a Tognoli ser partícipe necesario de la comercialización de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público. Y en el mismo dictamen confirmaron parcialmente el procesamiento que pesaba sobre Ascaíni, el sindicado narco de Villa Cañás al que Tognoli habría prestado protección; el comisario Néstor Juan Beto Fernández, quien fuera jefe de la Brigada de la ex Drogas Peligrosas en el departamento General López; y el cabo Carlos Alfredo Quintana, que trabajó en la seccional de Villa Cañás donde vive Ascaíni.

   ¿Donde está el conflicto si los camaristas resolvieron buena parte de lo apelado? En que los mismos camaristas aceptaron la recusación planteada contra el juez federal Vera Barros por “prejuzgamiento” y le enviaron la causa a su par Marcelo Bailaque. Vera Barros es el juez que instruyó el expediente, con excepción de algunas medidas esporádicas que adoptó Bailaque supliendo alguna licencia del juez ahora apartado. Es decir, todos los acusados de la causa fueron detenidos, indagados y procesados por Vera Barros. Y en distintas instancias del proceso los abogados de los imputados recusaron al juez.

Politización. En el caso puntual de la defensa de Ascaíni, la recusación por parte de sus abogados defensores se presentó el lunes 11 de marzo, dos días después de que el hombre oriundo de Villa Cañás fuera detenido y minutos antes de que fuera indagado. Fue Krupnik quien le reprochó a Vera Barros que la detención de su cliente era “resultado de presiones políticas a las que el juez había cedido” y que le adjudicaba a Ascaíni un delito más grave sin que surgieran novedades probatorias para hacerlo. Vera Barros adujo que la politización que le atribuye Krupnik a su conducta no es un argumento jurídico. También señaló que lo que obligó a detener a Ascaíni, a quien sólo se proponía citar a indagatoria, fue la decisión de su propio abogado de pedir el cese de prisión. Por un motivo procesal eso implicó calificar de antemano el delito y la gravedad de la figura indujo a la detención.

   Tres meses después, y con la decisión de la Cámara Penal ya planteada, se abre un nuevo capítulo. “La resolución (de la Cámara Penal) nos otorga y da razón en que el magistrado no brindó garantías de imparcialidad. Y si bien acoge la causal de prejuzgamiento, no expresa que las causales invocadas por esta parte no han existido, sino que resulta inoficioso su tratamiento, que no es lo mismo”, escriben Krupnik y Nanni en su reclamo.

   “Si resulta inoficioso es porque nuestras causales fueron invocadas previo al acto de indagatoria”, indican los abogados antes de recordar que el pedido se basó en que “la actuación del juez Vera Barros fue dictaminada pura y exclusivamente por una publicación del diario Página/12, en un armado político que incluyó el delito de violación de secreto al transmitir a un diario escuchas de la PSA, y por lo cual el mismo magistrado ordenó investigar la actividad posible e ilícita de su persona, personal de su juzgado o miembros de la PSA”. Vale recordar que la orden de detención sobre Tognoli, el juez Vera Barros la emitió la tarde del viernes 19 de octubre pasado, tras la aparición de una nota de tapa en el mencionado diario.

Mañana denuncian el caso en la Cidh

Carlso Edwards, abogado de Hugo Tognoli, se encuentra en Estados Unidos. El profesional, tras terminar el escrito por el cual se solicita la anulación de todo lo actuado por el juez federal Carlos Vera Barros, se embarcó hacia Washington para presentar mañana el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

   De acuerdo a lo manifestado oportunamente por el mismo Edwards, la presentación se basará en tres puntos: “La falta de independencia e imparcialidad de los fiscales subrogantes que actuaron y que no fueron nombrados” de acuerdo a la ley; la “violación del derecho de libertad” de Tognoli que está detenido sin que “represente ninguna peligrosidad procesal”; y “la lesión al principio de legalidad en materia penal”.

   Edwards recordó que “si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que para la admisión de una petición la Cidh requiere que se hayan «agotado los recursos de jurisdicción interna», la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana excepciona dicho principio estableciendo que resulta procedente la denuncia antes de agotar la vía recursiva interna por «la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal»”.

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