Un verdadero conflicto entre poderes se desató el lunes a la noche después de
que la jueza de Menores María del Carmen Musa decidiera desplazar a un sector de la guardia del
Servicio Penitenciario del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) sospechado
de maltratar a los menores y que el gobierno saliera a cuestionar la medida. Las tensiones se
desataron a una semana de la brutal golpiza a un chico de 17 años que sigue internado y a nueve
días de que otra jueza clausurara un pabellón por sus pésimas condiciones edilicias.
Tras la reacción del gobierno para que la magistrada diera
marcha atrás con la decisión de retirar a los penitenciarios de dos pabellones, los internos
alojados en el instituto de Saavedra y Cullen protagonizaron algunos incidentes menores.
Finalmente, ante el argumento oficial de que el lugar quedaba desprotegido con el corrimiento de
tres agentes, la jueza autorizó que otros uniformados controlaran el sector.
El contrapunto. La decisión judicial fue cuestionada por el ministro de
Justicia, Héctor Superti: "Es incorrecto sacar la guardia interna de un establecimiento cerrado sin
planificarlo adecuadamente porque pueden desatarse situaciones como la de anoche (por el lunes) ya
que se está ante personas difíciles a las que no cualquiera puede manejar y contener", dijo.
"El ministro de Justicia se apura en relatar una parte de
la verdad. Lo que no dice es por qué la jueza ordena que esa guardia se aparte", respondió la jueza
Musa, quien aclaró que no dispuso el retiro completo del SP del Irar sino "de tres agentes
encargados de la custodia de sólo cinco chicos. El discurso oficial era que se iba a retomar el
manejo de los civiles, pero en la práctica el SP está en el trato diario con los chicos",
objetó.
La puja se enmarca en un silencioso conflicto entre el
gobierno, que quiere reducir la población del Irar, y los jueces de Menores que cuestionan la falta
de alternativas para los chicos con causas penales.
En ese contexto, Musa añadió: "Tampoco dice Superti por qué
la jueza Carolina Hernández hizo lugar a un hábeas corpus correctivo. Parece que hubiera una
confabulación en su contra. Cuando yo tengo chicos que relatan golpizas y la doctora Hernández
constató situaciones indignas de habitabilidad en el lugar. La cautela está en tener a los chicos
privados de la libertad, pero no siendo sujetos de golpes y humillaciones".
La medida. Poco después de las 20 del lunes la jueza Musa llegó al instituto
para realizar una inspección en el marco de un hábeas corpus correctivo presentado al mediodía por
las asesoras de Menores María de los Milagros Márquez Vigo, Julia Graco y Alicia Peñas, quienes
denunciaron que algunos chicos del Irar eran maltratados por los penitenciarios.
"Los tres chicos del sector C y los internos del B dijeron
que no tienen problemas con todos los agentes pero sí con una guardia, que había entrado el domingo
a las 21 y que estaba hasta la mañana del martes", planteó la jueza. Concretamente, manifestaron
tener problemas con dos agentes. "A las 20.30 ordené que los tres guardias afectados a los sectores
B y C se retiren y que quede a cargo el operador civil. En dos de los chicos el médico forense
constató signos compatibles con fricciones y golpes".
La jueza dejó constancia de su decisión en el libro de
guardia. Los internos del sector A no plantearon haber sufrido maltratos pero sí "que les quitan
los cigarrillos y los amenazan, un sistema propio del penitenciario, que no está para rehabilitar
sino para imponer seguridad conforme a su lógica".
Marcha y contramarcha. Tras la partida de los penitenciarios, los internos
comenzaron "a gritar, golpear las rejas y a quemar pantalones", relató Superti, quien relativizó
los incidentes: "No hubo pelea. Lo que ocurrió es que la decisión de la jueza provocó un estado de
alteración propio de un penal. Y hubo un principio de incendio por la quema de algunas ropas",
sostuvo.
Ante esta situación, el operador civil "se vio desbordado"
y se contactó con el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis, para plantearle la imposibilidad
de concretar la tarea asignada por la magistrada. "Lewis se comunicó con la jueza para pedirle que
no retirara el personal penitenciario, pero ella le dijo que no iba a revocar la medida", comentó
el ministro.
Entonces, Superti ya había arribado al Irar y convocado a
la policía para que se hiciera cargo de la seguridad. "Me comuniqué con el gobernador (Hermes
Binner) que me dio la instrucción de preservar la vida (de los internos). Y nos contactamos con la
jueza para que recapacitara, hasta que finalmente cambió la orden", explicó.
Sin el SP no se puede. Según Musa, los funcionarios le plantearon que no
se podía prescindir del SP en el Irar. "Ante la confesión de ellos de su imposibilidad de manejar
la situación si no era bajo el garrote del penitenciario, revisé la medida, lo que no significaba
el retorno de los tres que habían salido. No puedo permitir que una guardia sospechada entre y les
vuelva a pegar". Así, según Musa, a las 22.30 envió un oficio disponiendo que el SP tome contacto
con los sectores B y C, a excepción de los agentes Salvi, Díaz y Rodríguez, que fueron relevados.
En tanto, dio intervención al fiscal Esteban Franichevich para que se expida sobre el hábeas corpus
y para que investigue la posible comisión de delitos por parte de los agentes.
"Recorrí el penal con policías y penitenciarios. Todo
estaba ordenado y limpio y los internos tranquilos", aseguró el ministro. Y señaló que presentaron
un escrito solicitando a la jueza que informe si detectó alguna irregularidad en el Irar para
iniciar las acciones correspondientes.
Según Superti, la medida trajo aparejados inconvenientes en
el funcionamiento del centro. "La jueza recorrió el penal con el médico forense Sergio Vázquez
porque estaba investigando si había chicos golpeados, pero una enfermera (del Irar) nos dijo que no
había lastimados. Y esa enfermera no pudo entregarles la medicación a algunos chicos porque no
había custodia", explicó.
"A la enfermera me ofrecí a acompañarla yo para darle la
medicación a los chicos porque ya había hablado con los internos en la celda sin ningún problema.
Pero ella se negó a ir si no estaba acompañada por el SP. Para mí fue una gran novedad. Creía que
estaban bien diferenciados los trabajos y no que era tan fuerte la presencia del SP siendo que es
una lógica incompatible con la de la Dirección de la Justicia Penal Juvenil", replicó la
magistrada. l
