La Corte Suprema de Justicia de la Provincia revocó la condena por homicidio culposo al policía Ramiro Rosales por el asesinato de Jonatan Herrera y ordenó que su participación en ese absurdo caso de gatillo fácil —la muerte de un joven que lavaba el auto mientras la policía perseguía a los tiros a un ladrón— vuelva a ser juzgada. En fallo dividido, el máximo tribunal consideró que los camaristas que por mayoría avalaron el fallo de primera instancia incurrieron en arbitrariedad al valorar que el policía, sentenciado a seis años y medio de cárcel, no tuvo intención de matar a pesar de los elementos que indicaban lo contrario.
“Se bajó raudamente del colectivo arma en mano y disparó sin cerciorarse de nada. Tal valoración, efectuada a la luz de las circunstancias comprobadas en la causa, es incompatible con el encuadre de la conducta en homicidio culposo”, expuso el ministro de la Corte Daniel Erbetta en su voto, al cual adhirieron sus pares Rafael Gutiérrez, Guillermo Spuler y el juez de Cámara Enrique Alvarez. Otra visión tuvieron Mario Netri, María Angélica Gastaldi y el presidente del tribunal Roberto Falistocco, que no hallaron objeciones en las decisiones de quienes condenaron a Rosales por homicidio culposo.
El fallo no implica un nuevo juicio sino una nueva audiencia en segunda instancia con otros camaristas. Al respecto cabe acotar que en lo que sí acordaron mayoritariamente los miembros de la Corte fue en reprobar la acción policial que a todas luces contaminó la escena del crimen y atentó contra su esclarecimiento.
Absurdo
A las 15.15 del 4 de enero de 2015 Jonatan lavaba su Volkswagen Gol frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho cuando apareció Brian Vespucio perseguido por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de asaltar una juguetería. La escena fue advertida desde un colectivo de la línea 133 por más de diez agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) con escasa y reciente instrucción. Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Jonatan Gálvez bajaron y se sumaron a los tiros. Herrera fue baleado de muerte cuando intentaba refugiarse detrás de un árbol.
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Cinco policías llegaron a juicio oral y en abril de 2017 los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón condenaron a cuatro, todos de la PAT. La pena más alta fue la de Rosales: seis años y medio por homicidio culposo. En tanto Luis Sosa, Jonatan Galvez y Francisco Rodríguez fueron sentenciados a 3 años y 8 meses de cárcel por abuso de arma. Finalmente Gladys Galindo, del Comando Radioeléctrico y acusada un año y medio después del hecho de haber disparado una de las balas mortales, fue absuelta por falta de pruebas.
El fiscal Adrián Spelta y las querellas que representan a familiares de la víctima, que habían pedido penas más altas —perpetuas para Galindo y Rosales por homicidio— apelaron el fallo que en octubre de 2017 fue parcialmente confirmado por la Cámara Penal. La sala conformada por Georgina Depetris, Bibiana Alonso y Javier Beltramone, quien votó en disidencia, confirmó la condena a Rosales por homicidio culposo y redujo las penas a los otros tres: Sosa y Gálvez quedaron condenados a 3 años y 2 meses de ejecución condicional y Rodríguez a 2 años y 8 meses.
Las partes acusadoras siguieron cuestionando la resolución y elevaron un recurso de queja ante la Corte Suprema por inconstitucionalidad. Alegaron al respecto que las camaristas que se inclinaron por la figura del homicidio culposo —cuando se mata sin intención— habían incurrido en arbitrariedad y la falta de fundamentación suficiente al convalidar el fallo del juicio oral.
Excepciones
A consideración de la Corte, el primero en emitir su voto fue Erbetta quien consideró que el fallo de Cámara “se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles” por el artículo 95 de la Constitución provincial.
El ministro aclaró que cuestiones sobre calificaciones legales no suelen ser materia que aborde la Corte, cabe hacer excepciones “cuando las manifestaciones vertidas para fundar la solución a la que arriba el tribunal se advierten como puramente dogmáticas, autocontradictorias y desconectadas de las circunstancias constatadas en la causa, satisfaciendo sólo en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación”.
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Así, y en sintonía con el voto en disidencia que había formulado el camarista Beltramone al respecto, Erbetta analizó los elementos que configuraron la participación de Rosales en el hecho y los cotejó con los fundamentos esgrimidos por quienes encuadraron su conducta como un homicidio culposo. Recordó como acreditado que el policía se bajó del colectivo arma en mano y “sin mediar voz de alerta descerrajó once tiros en plena vía pública, impactando una de sus balas en la víctima, provocándole la muerte”.
Erbetta cuestionó la resolución que, en ese contexto y con esos elementos, postuló que el accionar de Rosales podría haber sido tanto doloso como culposo y finalmente escogió esta figura ante la falta de certezas acreditadas sobre sus intenciones. “Un análisis respetuoso de las pautas que surgen de la experiencia, la lógica y el sentido común lleva a concluir que quien actúa de tal modo y en tales circunstancias se representa necesariamente la posibilidad de lesionar a alguna persona y que si, a pesar de ello, decide continuar con su accionar, está aceptando tal posibilidad”, sostuvo Erbetta, y enfatizó: “Más aún si se trata de alguien con formación en el manejo de armas de fuego por su calidad de policía”.
El ministro de la Corte citó la propia resolución de la Cámara que definió la conducta de Rosales como “irreflexiva, excesiva y generadora de un altísimo peligro” y aclaró que el agente debería haberse cerciorado de no poner en riesgo la integridad física de las personas, haber dado la voz de alto, evaluar la situación general de riesgo y coordinar su accionar con el resto de los policías que estaban allí.
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“Nada de eso se hizo, sino todo lo contrario, se bajó raudamente del colectivo arma en mano y disparó sin cerciorarse de nada, ni asegurarse de no constituirse él en un riesgo mayor”, cita Erbetta la resolución de la Cámara que, a su entender, es “incompatible con el encuadre de la conducta en la figura del homicidio culposo”.
En ese sentido el juez advierte una contradicción en el voto mayoritario de la Cámara que confirmó la condena de Rosales. Y consideró incompleta la fundamentación al explicar que alguien con formación policial haya actuado así.
Algo para investigar
Finalmente, en un punto en el que los miembros de la Corte coincidieron, Erbetta consideró “inadmisible lo ocurrido en los primeros momentos de la investigación en relación a la contaminación de la escena del hecho por parte de los policías intervinientes en el mismo, lo que dificultó notablemente la labor investigativa posterior e impidió determinar las demás personas responsables de la lamentable muerte de Jonatan Herrera”.
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En ese sentido sugirió que el Ministerio Público de la Acusación “deberá efectuar una exhaustiva investigación de lo acontecido a fin de que sus autores sean juzgados por tales hechos, determinándose las responsabilidades penales y funcionales de quienes deliberadamente obstaculizaron la dilucidación del delito aquí analizado”.
