La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue admitida como querellante en la causa que investiga a tres policías de la Unidad Regional II por entorpecer la investigación de la muerte de Vanesa Celma. La joven, de 27 años, madre de un nene de 5 y embarazada de ocho meses, falleció en 2010 a causa de lo que la Justicia había definido como un “incendio” tras una discusión con su marido y que años después cambió su carátula a “averiguación de la causa de la muerte”.
La jueza a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 12 en el sistema conclusional de causas, Alejandra Rodenas, admitió ayer que la APDH se constituyera como querellante en este “incidente dentro de la causa principal”, que investiga la muerte de Vanesa. Los abogados que patrocinarán al organismo de derechos humanos son Sebastián Sancevich, Julia Giordano y Federico Rapani.
El incidente apunta contra tres policías que cuando la víctima resultó herida prestaban servicios en la comisaría 12ª, con jurisdicción en el lugar del hecho. Se trata del entonces jefe de la seccional, Baltazar M., y sus subordinados, César C. y Mariela P.. El trío está procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El 29 de junio de 2010, Vanesa salió de su casa de Humberto Primo al 2000, en barrio Industrial, prendida fuego. Tenía 27 años, un hijo de 5 y estaba embarazada de 8 meses. Su pareja, Omar Díaz, dijo que no la socorrió porque se estaba bañando. Fue trasladada al Heca, donde nació una nena que sobrevivió. Vanesa murió cinco meses después.
La causa fue investigada en principio por la jueza Mónica Lamperti, que estaba a cargo del juzgado de Instrucción de la 12ª Nominación. A pesar de las declaraciones de los familiares de Vanesa, que aseguran que era víctima de violencia desde hacía años por parte de Díaz, jamás lo llamó a prestar indagatoria. En junio de 2015, se dispuso el archivo de las actuaciones en contra de Díaz y en octubre, la Cámara Penal confirmó esa resolución, que fue cuestionada ante la Corte Suprema de Santa Fe a través de un recurso de inconstitucionalidad y de queja.
Hasta el año pasado, la causa estuvo caratulada como “incendio”. Entre otras cosas por falta de pruebas, producto de la negligencia en la investigación por los policías que manipularon las pruebas. Así lo afirma Marta Pérez, del Colectivo de Mujeres en Negro: “Los policías perdieron las pruebas del crimen de Vanesa. Por eso el caso no puede llegar a un fallo justo. Perdieron su ropa; la cámara de fotos se rompió y las pruebas fotográficas se perdieron. Durante más de cuatro años la causa se investigó como si se hubiera quemado una mesa, y recién en octubre se cambió. Acá hay una falencia del Estado”.
El letrado Sancevich destacó que haber sido aceptados como querellantes en una causa seguida por la justicia provincial es un hecho inédito y vanguardista. “Jamás un organismo de derechos humanos se constituyó como querellante en un juzgado provincial por el accionar ilegítimo que desarrolla el Estado. Esto abrirá la puerta a organizaciones sociales con la posibilidad de presentarse para controlar la prueba y ser parte como sujeto propio dentro del proceso”, sostuvo.
