Una serie de casos resonantes comenzaron a ventilarse en un juicio oral contra cuatro miembros de una violenta banda afincada en Granadero Baigorria a la cual se le atribuyen dos asesinatos, el intento de homicidio de un abogado penalista, amenazas a testigos y hasta falsas denuncias con las cuales pretendían desviar investigaciones, entre otros delitos cometidos en varios hechos. La organización, sindicada como asociación ilícita y con otros integrantes ya condenados en procedimientos abreviados, estaba liderada por Pablo “Finito” Sosa hasta que fue asesinado en agosto de 2021 y luego siguió operando con algunos familiares y allegados hasta que fue desbaratada.
Dos hombres y dos mujeres se sentaron al banquillo en el juicio que comenzó ayer ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Sosa, Patricia Bilotta y Aldo Bilbao Benítez. En ese marco el fiscal Alejandro Ferlazzo pidió altas penas para todos: prisión perpetua para Nicolás Lezcano, acusado como coautor de un homicidio e instigador de otro, entre otras graves acusaciones en carácter de líder del grupo; para Gastón “Guachín” Moreyra pidió 25 años de cárcel por un crimen; en el caso de Nadia Sosa solicitó una pena de 30 años de prisión por su participación en un asesinato y otros hechos, y para Débora Rodrigo pidió una condena de diez años por tenencia de armas, encubrimiento y una falsa denuncia mediante la cual pretendió desviar una investigación entregando un arma empleada en un asesinato.
Un crimen por error
La investigación a esta banda comenzó a partir del asesinato de Facundo Contreras, un joven totalmente ajeno al conflicto por el cual resultó mortalmente baleado la noche del 26 de diciembre de 2020. La pesquisa estableció que el crimen se desencadenó en el marco de una disputa territorial por la venta de drogas en el barrio Nuestra Señora de la Paz que enfrentaba a Daniel “Dany” Godoy con los herederos de Marcelo “Coto” Medrano, un antiguo barra de Newell's que movía droga entre el norte de Rosario y Granadero Baigorria hasta que lo asesinaron en septiembre de 2020.
Tres meses después del crimen del Coto, según la investigación, Lezcano y Moreyra se dirigieron hasta la llamada Bajada Formosa con la intención de asesinar a un hijo de Godoy. En un Renault Clio conducido por Lezcano llegaron hasta la llamada bajada Formosa, junto al río Paraná, y Moreyra disparó contra un grupo de personas y Contreras fue alcanzado por una bala mortal. Los gatilleros pudieron escapar.
Más allá de los datos sobre las broncas que detonaron el crimen, días después la policía supo de un Renault Clio que circulaba por el barrio Nuestra Señora de la Paz con la luneta astillada. Al parecer días antes había recibido siete balazos disparados desde un Audi en la autopista Rosario-Santa Fe. Al requisar el auto se encontraron vainas servidas, una de las cuales coincidía con el material peritado en la escena del crimen de Contreras.
Así se cerró el cerco contra Moreyra, que cayó el 27 de febrero de 2021. Pero Lezcano se mantuvo prófugo uno meses más. En ese lapso, según la imputación, continuó con sus tropelías. Una de ellas, según la acusación, fue el intento de asesinato —en complicidad con Finito Sosa— del abogado penalista Ariel González Cevallos, el 13 de marzo de 2021.
La investigación determinó que una mujer citó al penalista a una estación de servicio Axion de Parquefield a la que el letrado llegó en un Mercedes Benz. Sin embargo, antes de que se bajara del vehículo fue baleado por Lezcano y Sosa que se acercaron en una moto y le dispararon más de 20 veces. El abogado estuvo internado en grave estado pero sobrevivió.
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La detención de Moreyra motivó a Lezcano a intentar de varias maneras que Guachín terminara asumiendo solo la responsabilidad por el crimen de Contreras. Aún prófugo, pero con su celular intervenido, el 11 de mayo llamó por teléfono a testigos del crimen —había obtenido los datos a través de un abogado que consultó el legajo fiscal— y se hizo pasar por Moreyra para amenazarlos de muerte.
Ese mismo día fue a amenazar a la familia de Moreyra: primero baleó el frente de su casa donde estaba la pareja de su antiguo compañero —eso le sumó una imputación por tentativa de homicidio— y dejó una nota amenazante. No sería esa la única amenaza contra su antiguo socio ya que luego, estando detenido, ordenó desde la cárcel que balearan la casa de la madre de Moreyra.
Desde la cárcel
Lezcano cayó detenido días después en un departamento de Balcarce al 1400, a dos cuadras de los tribunales rosarinos. Desde la cárcel siguió gestionando sus negocios criminales con la ayuda de su novia Nadia Sosa, hermana de Finito. Entre los múltiples delitos que le achacan haber cometido de ese modo, el más grave fue el asesinato de Luis Campos, ejecutado por un hermano menor de edad de Lezcano el 30 de septiembre de 2021.
Días antes se comunicó desde la cárcel con Campos y fingió ser un comprador de droga. Así acordó una cita para las 19 en la plaza Ovidio Lagos del barrio La Florida, en la zona norte de Rosario. Mientras tanto coordinaba con Nadia para que su hermano fuera a cometer el hecho, vestido como le había dicho a Campos que estaría. Una vez que Lezcano supo dónde estaba Campos activó la orden de ejecución y el adolescente le disparó desde una moto.
También le endilgaron a Lezcano una serie de maniobras gestadas desde su celda para ser desvinculado del crimen de Contreras, siempre con la ayuda de Nadia. Entre esas movidas se pusieron en contacto con Débora Rodrigo para que consiguiera el arma con la cual se había cometido el homicidio en la bajada Formosa y lograr que fuera vinculada a Moreyra. A tal efecto Rodrigo, acompañada por dos abogadas, se presentó en la fiscalía alegando que Guachín había sido su inquilino y que había olvidado un bolso en su casa.
La policía fue el 2 de julio de 2021 a la casa de Rodrigo en Carrasco al 1900 y se llevó un arma de fuego. Sin embargo, la pistola que plantaron a tal efecto no era el arma homicida y la maniobra debió repetirse. Dos días después, en la misma vivienda, finalmente fue secuestrada la pistola Bersa Thunder 9 milímetros con la cual mataron a Contreras.
Resumen de imputaciones
En suma a Lezcano le imputaron dos homicidios consumados —uno como instigador— y otros dos frustrados, así como diez hechos de amenazas calificadas, abusos de armas y la jefatura de una asociación ilícita, entre otros delitos. Por todo ello el fiscal pidió prisión perpetua. Moreyra quedó acusado solo por el crimen de Contreras, con un pedido de pena de 25 años de cárcel.
En cuanto a Rodrigo, por su participación en las maniobras con el arma homicida Rodrigo terminó acusada de tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por provenir de un hecho especialmente grave en concurso real con falso testimonio agravado por causa criminal, falsa denuncia y, por si fuera poco, miembro de asociación ilícita. Sin embargo es la que afronta la pena más leve del cuarteto: diez años.
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En tanto, Sosa afronta una pena de 30 años requerida a partir de su participación secundaria en el crimen de Campos, considerado un plan criminal diseñado por tres personas y con agravantes como la promesa de dinero y la participación de un menor de edad. La pena solicitada también obedece a imputaciones por abuso de armas, daños, amenazas coactivas calificadas e integrar una asociación ilícita.
En rigor, a la banda investigada le atribuyeron también otros delitos en su carácter de asociación ilícita, como usurpaciones, robos, escruches, balaceras contra personas e inmuebles, amenazas, adquisición y entrega de armas de fuego, municiones y chalecos antibalas, instigación mediante dinero a brindar testimonios falsos ante la Justicia, entrega de dinero para hackear cuentas informáticas y obtener datos de testigos, así como la venta de drogas al menudeo.
Como miembros de la banda ya fueron condenados Laura Sosa, encargada de la venta de drogas y de resguardar elementos para la comisiones de delitos, que acordó en un juicio abreviado cuatro años de cárcel. Y en junio de 2023 su hijo Ricardo Franke acordó una pena de cinco años. Asimismo, el adolescente que asesinó a Luis Campos está a disposición de la Justicia de Menores.
