El debate central sobre la eventual culpa del senador Armando Traferri como organizador de una asociación ilícita para usufructuar los ingresos del juego clandestino se centra en la evidencia. Pero eso corre de lugar la cada vez más notoria conformación indiciaria de una estructura dedicada al financiamiento irregular de las campañas políticas. En las audiencias de la semana pasada fue notorio que en torno de los casi 200 casinos ilegales que manejaba el empresario Leonardo Peiti hubo alusión a nuevos nombres de actores de la política para garantizar el funcionamiento del negocio. En esa audiencia los fiscales indicaron que los organizadores del esquema ilícito eran tres: Peiti, el ex fiscal regional Patricio Serjal y el senador por San Lorenzo.
El celular de Nelson Ugolini es un extenso compendio de oscuridades. Ugolini es el empleado de la Fiscalía Regional Rosario que filtraba datos hacia Leonardo Peiti, situación que, al ser detectada, dejó al desnudo la cobertura desde la jefatura de los fiscales rosarinos a este negocio. Si bien está imputado junto con Serjal y el también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, y aunque la semana pasada fue ampliada la imputación en su contra y los fiscales requirieron que quede en prisión preventiva, la jueza Eleonora Verón resolvió que siga en libertad.
El miércoles pasado se divulgaron en la audiencia tramos de conversaciones de Ugolini con la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena. Ugolini le dijo a la fiscal que tenía miedo a los movimientos del fiscal Aquiles Balbis que también actúa en el cordón industrial. “No creo que sean tan idiotas, siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri es lo más peligroso que podés hacer (...) Si es desde acá de Rosario para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y tienen que pasar por Serjal, sí o sí, no lo pueden tocar”, le dice a Serena.
En esos diálogos Ugolini, estrecho colaborador de Ponce Asahad, le señala a Serena en relación al allanamiento a un garito: “Vos metele dale para adelante. Cualquier cosa preguntame que lo toco a este otro de acá en Rosario y Gustavo me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, ¿me entendés? Por culpa del idiota de Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja, justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar juego clandestino y puertos secos, viste. No creo que se vayan a meter ahí, pero viste, Sain no tiene escrúpulos, ese es el peligro más grande”.
La alusión requiere restituir el contexto. Ugolini alude a la investigación del fiscal de Melincué Matías Merlo, que desde 2017 avanzaba sobre casinos clandestinos de Peiti en siete localidades de toda la provincia, en una causa donde, según se ventiló en audiencia, hay copiosas alusiones a Traferri y también de pagos que Peiti parece hacer a distintas personas, entre ellas el ex secretario legislativo del Senado y ex apoderado del PJ Ricardo Paulichenco, fallecido en 2019, que en un audio le dice al empresario de juego ilegal: “Traeme plata”.
De las palabras de Ugolini, dijeron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, se desprenden dos ideas centrales: la condición de hombre de confianza de Ponce y de Serjal para cumplir su función de cuidar el negocio del juego al punto de tener control de las actividades jurisdiccionales de fiscales. También hay una referencia al ministro de Seguridad Marcelo Sain que es adversario manifiesto de Traferri y apoyó las investigaciones sobre puertos secos y juego clandestino.
El audio, dijeron los fiscales, estaba guardado en una carpeta de Telegram del celular de Ugolini del 6 de febrero de 2020. Ugolini demuestra conocer la cobertura judicial a la asociación ilícita de juego. Y parece buscar ampliar los vínculos políticos y la influencia interna desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el acervo de evidencia entregado por la fiscalía a las defensas consta un mensaje enviado por Ugolini al ex intendente de Venado Tuerto y ex presidente provincial del PJ José Luis Freyre, a quien le dice: “Poroto, pensalo, como fue con Alejandra Rodenas... Sería interesante empujarlo al fiscal Ponce Asahad como diputado o senador. ¿Te interesa?”.
Este mensaje no implica el menor indicio de delito hacia Freyre. Pero es sugestivo, según los fiscales, para exponer los niveles de influencia que busca tener sobre la política institucional un hombre acusado de tener un rol fundamental en el juego ilegal. En especial cuando la hipótesis acusatoria es la que el mismo Ponce Asahad señaló: que además del estamento empresarial y judicial, en el negocio de los casinos clandestinos hay una pata política.
Tras la detección de los diálogos con Ugolini le fue secuestrado el celular a la fiscal Serena. La funcionaria, según fuentes del caso, se negó a entregar la contraseña de acceso a los contenidos de su I Phone 11 y será imposible abrirlo sin su consentimiento. Eso generó una reacción de rechazo en el MPA. “Una investigadora judicial se niega a colaborar con una investigación de la Justicia”, remarcaron.
La Auditoría General de Gestión del MPA, a cargo de María Cecilia Vranicich, inició un procedimiento disciplinario administrativo contra Serena por el tenor de su conversación con Ugolini. En 2019 ya tuvo un proceso por faltas leves en las que ella requirió la gestión de Ponce Asahad y Serjal, y fue absuelta a instancias de éste. La fiscal sigue normalmente en funciones mientras se inicia este proceso.
Otro pasaje significativo muestra para los acusadores el umbral de influencia que tenía Ugolini sobre la fiscal. “Hacete la boluda y estirá la oreja en la fiscalía de San Lorenzo. Me acaba de llegar información de que a la PDI de San Lorenzo la sacaron para mandar PDI de Rosario. En realidad quieren controlar dos variantes importantes, una juego clandestino, dos puertos secos, eh aparentemente tendría conexión Traferri con las dos movidas esas. Me llega info de que Sain desde Rosario quiere mandar gente desde acá para San Lorenzo para ver si lo pueden enganchar a Traferri en algo y tratar de tumbarlo”.
>>Leer más: En plena tensión política, exponen prueba contra Traferri en audiencia contra Serjal
Entre lunes y miércoles los fiscales expusieron en audiencia la evidencia contra los tres organizadores presuntos del usufructo del juego ilegal. La imputación era contra Serjal y Ugolini. Señalaron que en sus roles como miembros de asociación ilícita organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal. Ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios que omitieron actos propios de sus funciones. Omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas para hacer fracasar investigaciones.
La asociación ilícita, dijeron los fiscales, tuvo tres organizadores: Traferri, Peiti y Serjal. Pero solo dos de ellos pudieron ser acusados en audiencia. Los delitos adjudicados al senador se leyeron en su ausencia porque el Senado, con una mayoría de peronistas y radicales, se negó a levantarle los fueros para que pueda ser sometido a proceso.
En la causa contra Peiti impulsada por el fiscal Merlo se advierte en 2017 una fluidez en una relación que no es común entre un senador, ciertas figuras de la política y un empresario que es el principal capitalista de juego clandestino en la provincia. Tanto Ponce como Serjal borraron sus conversaciones con Traferri. También la información del contacto de whatsapp. No obstante eso pudo ser recuperado de sus teléfonos.
La jueza Verón repitió varias veces el miércoles que en esta causa los fiscales tenían dificultades para poder avanzar. “Hay un problema de impunidad”, dijo.
